Durante un seminario organizado por la Comisión de Educación del Senado, el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, lanzó una crítica a sus pares, cuestionando que en este tipo de actividades se muestren como verdaderos “hinchas” de sus universidades. En entrevista con La Tercera, el abogado analizó el debate actual sobre educación superior y la implementación de la gratuidad.

En el seminario realizado por el Senado sobre el sistema universitario, usted se mostró crítico del tono de la discusión ¿Cómo ve el debate?

Hasta ahora más que debate, ha habido manifestación de intereses. Un debate supone la exhibición de razones relativas al interés común que, hasta ahora, desgraciadamente, escasean. Se trata de una situación que todos debemos esmerarnos por superar. No es razonable que las instituciones que hacen del trabajo intelectual y del ejercicio racional, su vocación más propia, la abandonen cuando se trata de examinarse a sí mismas. Hay, en el debate, falta de crítica hacia el propio quehacer y en vez de eso atención, sobre todo, a los propios intereses. Los partícipes de este debate -todos-  debiéramos dejar de ser partidarios entusiastas de las propias instituciones y, en cambio, esforzarnos por pensar con imparcialidad cuáles son los bienes comunes que debemos cuidar y hacia los cuales debiera orientarse el conjunto del sistema.

¿Cómo evalúa, además, la actitud de los alumnos?

Los dirigentes de los estudiantes tienen la voluntad de participar en este debate con ideas razonadas y propuestas generales. Pero, claro, los estudiantes suelen saber dónde están los problemas; aunque de ahí no se sigue que siempre sepan cuáles son las soluciones.

¿Y la del gobierno?

Bueno, hemos pasado de la locuacidad del ministro Eyzaguirre, a la mayor contención de la ministra Delpiano; pero desgraciadamente todavía no tenemos de parte de esta última un relato general de la reforma.

¿Cómo evaluaría la experiencia de la UDP este año en la gratuidad? Las cifras reflejan que tuvo un alto costo económico para la universidad, ¿cómo absorbieron ese déficit?

Al adherir a la gratuidad, la UDP, como otras instituciones, ha debido absorber una brecha de aproximadamente $ 3.000 millones; tolerar que no se haya cumplido la promesa de distribuir el 50% de los recursos en marzo y asumir los costos financieros consiguientes; y vivir en la incertidumbre de si se pagará o no el financiamiento basal que se comprometió para las instituciones que adhirieran.

¿Qué le parece la forma en que se ha implementado esta política?

No bien, como usted comprende, a la luz de lo que relato. El instrumento ha sido inadecuado; los plazos desgraciadamente se han incumplido; el financiamiento basal que se distribuiría entre quienes adhirieran sigue pendiente; y nadie ha explicado aún por qué las cosas han ocurrido de esa forma.

Todo indica, sin embargo, que la gratuidad 2017 nuevamente ingresará por glosa presupuestaria.

Si la gratuidad del año 2017 se orienta por una glosa igual a la hoy día vigente, el sistema sufrirá daños severos y la responsabilidad obligará a las instituciones a pensarlo dos o tres veces antes de adherir de nuevo. Cualquier decisión futura de las universidades respecto de la glosa, no afectaría la situación de los alumnos que ya tienen gratuidad. Todos sabemos -incluidos los ministros respectivos- que la glosa fue una medida impulsada por una urgencia, digamos, política. Repetir luego de un año una medida de urgencia -reiterar los mismos errores y los mismos tropiezos en su gestión-  no tendría ninguna justificación. Ni la ministra de Educación, ni el ministro de Hacienda pueden permitirse, sin sacrificio de su prestigio,  luego de un año de experiencia y de meditación, repetir errores que pudieron justificarse sólo una vez -una vez; pero no dos-  por la urgencia.

Pero, en su opinión, la gratuidad para algunos deciles sigue siendo valiosa como objetivo?

Sin duda; pero el problema de política pública no es el objetivo, sino los medios diseñados para alcanzarlos. Permítame insistir por la importancia que este punto reviste: para que ese programa brinde los frutos que de él se espera -permitir el acceso a una educación de calidad con prescindencia de la cuna- es imprescindible que se corrijan los errores en los que hasta ahora se ha incurrido. Nada se saca con un programa de gratuidad que restringe severamente los recursos de los que hasta ahora disponían las instituciones o que las somete a entregas y pagos discrecionales que se apartan de los compromisos públicos contraídos. Todo eso pudo ser tolerable un año, como consecuencia de la urgencia a la que aludí; pero una urgencia, hay que repetirlo, no dura dos años.

¿Y si se repitiera?

Si ello sigue ocurriendo, a poco andar el destino de muchas universidades chilenas (y no precisamente privadas) repetirá el destino de la tradicional universidad latinoamericana: gratuita, pero masiva y de baja calidad, presionando sobre el Estado para resolver sus problemas, con académicos impedidos de desenvolver su vocación intelectual. Y eso, en vez de remediar la situación de los grupos más desventajados, simplemente la encubrirá o la disfrazará con un simulacro de oportunidades, porque los más desventajados seguirán en desventaja, sólo que ahora lo harán provistos de un certificado.

Si se cambia la economía política del sistema ¿cómo debiera financiarse?

Como todo el mundo sabe (aunque los entusiasmos ideológicos lleven a olvidarlo) la educación es un bien mixto, ni enteramente privado, ni completamente público: parte de ella se lo apropia el profesional y parte la sociedad. Lo correcto entonces -los economistas estarán de acuerdo conmigo- es que cada uno, el profesional y la sociedad, financie la educación en la proporción del beneficio que de ella recibe. En términos técnicos, se trata de igualar el beneficio social y el privado. La sociedad debe entonces subsidiar parte de la educación con cargo a rentas generales y el profesional financiar la parte que le corresponde con un impuesto (impuesto a graduados) o con un crédito (contingente al ingreso). Supongo que cualquier economista (Ministro de Hacienda incluido) aceptará que esa es, en términos generales, la fórmula correcta. Esto permitiría que el acceso fuera gratuito y no dependiera de la renta familiar; pero que parte del costo se pagara a la salida.

¿Qué principios debiera a su juicio recoger la futura reforma?

No es fácil enunciarlos brevemente; pero los más básicos son los que siguen. Ante todo, reconocer la heterogeneidad que se observa hoy, creando tres subsistemas: uno estatal guiado por la U de Chile; otro extra estatal pero de orientación pública; y otro privado propiamente tal. Acto seguido, se hace necesario establecer criterios para que las instituciones que así lo decidan puedan transitar desde el tercer subsistema (el íntegramente privado) al segundo (al de instituciones con orientación pública). Dibujar el umbral entre esos subsistemas, identificando criterios relativos a lo público es, quizá, una de las tareas más urgentes.

Una distinción básica parece ser la de universidades públicas y privadas ¿Las estatales son espontáneamente públicas?

Como expliqué en el seminario, no hay ninguna vinculación necesaria o esencial entre lo estatal y lo público. Las instituciones estatales tienen deberes hacia lo público; pero de ello no se sigue que los cumplan o por el sólo hecho de existir los satisfagan. Y, por la inversa, las instituciones extra estatales no por el hecho de estar fuera del estado son alérgicas a lo público o están condenadas a reñir con él. El principal desafío de la reforma universitaria es, respetando la autonomía de las instituciones y su independencia intelectual, incentivarlas a que converjan hacia bienes comunes, que tenemos que identificar. Si por bienes públicos se entienden bienes que diseminan beneficios con independencia de quien los financia, no cabe duda que todas las instituciones que investigan los producen. Si, en cambio, por bienes públicos se entiende el tipo de racionalidad que se ejercita en las instituciones, tampoco cabe duda que ella está al alcance tanto de las instituciones estatales como las que no lo son. Y si en fin, se llama bienes públicos a ciertos principios como el pluralismo o la participación, tampoco cabe duda que todos pueden cultivarlos.

Si no tienen una vinculación necesaria con lo público, ¿cuál es la importancia de las Ues. estatales?

En un sistema de educación superior como el chileno, donde la creación de universidades está al alcance de la iniciativa privada, se arriesga el peligro que el ámbito de la educación superior resulte anegado por proyectos institucionales que expresen puntos de vista parciales o formas de vida de las varias que están en competencia, y que así poco a poco la fisonomía del conjunto de la educación superior se asemeje a la suma o simple yuxtaposición de proyectos particulares sin que exista ninguno que aspire a expresar la totalidad. En un mundo como ese, el sistema escolar y el universitario acabarían siendo la prolongación de la familia y de sus creencias, un mecanismo puramente endogámico en el que no habría lugar para la diversificación de las élites que es imprescindible, me parece a mí, para la democracia. Pues bien, para evitar lo anterior es imprescindible que el Estado cuente con un puñado de instituciones capaces de expresar la pluralidad social y trascender los puntos de vista meramente particulares y aquí hay entonces, según creo, una buena razón para que el Estado trate preferentemente a un puñado de sus instituciones.

¿Cuál es el principal cambio que se requiere en materia de financiamiento de las universidades?

Todas las instituciones, incluidas aquellas que reciben subsidios públicos directos, han debido, desde los años ochenta en adelante, financiarse de manera importante con los aranceles que pagan los estudiantes quienes, por su parte, obtienen los recursos de la renta actual de sus familias o de sus propias rentas futuras mediante un sistema de créditos. Un sistema así, lo muestra la experiencia habida entre nosotros, tiene virtudes, por supuesto: alienta la inversión privada y expande la matrícula a niveles hasta hace dos o tres décadas casi inimaginables. El problema es que logra todas esas virtudes a cambio de imponer sobre los hombros de las familias costes que, poco a poco, se han revelado excesivos. Los datos disponibles muestran que Chile es uno de los países que más gasta en educación superior, casi un 2,5% del producto, y en los que el aporte privado es también más alto, empinándose hoy cerca del 65% del total. Y ocurre que el actual diseño del sistema -centrado en el sistema de precios con los que se financia desde la expansión física de las universidades hasta la investigación- seguirá presionando al alza, puesto que las instituciones sólo encuentran allí, por decirlo de esa forma, el combustible necesario para expandirse e influir. La única forma de resolver ese problema -puesto que es un problema que la economía política del sistema de educación superior presione al alza y que toda ella repose sobre los hombros de las familias-  consiste en sustituir parte del gasto privado con rentas generales. Ahora bien, como el gasto privado hoy día financia la docencia, la investigación y la expansión de la infraestructura, su sustitución requiere que el Estado distinga entre esos tres aspectos a la hora de transferir recursos y disponga de mayores capacidades a la hora de fiscalizar su uso.