Diferenciar entre las universidades públicas (estatales y no estatales) y las privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch) es una de las propuestas para la reforma a la educación superior que hizo el G9, que agrupa a los planteles privados tradicionales entre los que se encuentas Ues. como la Austral, de Concepción, Federico Santa María y las católicas.

En un documento de 10 páginas, enviado al Ministerio de Educación, los rectores del G9 plantean que “el sistema debe estar integrado por instituciones públicas, estatales y no estatales reconocidas por ley y por instituciones privadas, las que a su vez deberán contar con normas claras de funcionamiento”.

En tal sentido proponen “un ordenamiento legal que presente normas comunes para todo el sistema; normas para las instituciones públicas estatales y no estatales y normas para las instituciones privadas”.

Esto, en el fondo, apunta a no mezclar las Ues. privadas tradicionales (G9) con aquellas también privadas creadas después de 1981. “Universidades como la nuestra existen por decisión de la comunidad y del Estado, no fueron una iniciativa privada o empresarial, y por lo tanto son proyectos distintos”, explicó el rector de la U. Austral, Oscar Galindo.

Las universidades del G9 apuntan a que históricamente han recibido un trato especial por parte del Estado. “Las instituciones del G9 han sido reconocidas en distintas normativas como cooperadoras de la función educacional del Estado y al carácter público de estas instituciones que ahora se Estaría desconociendo con la reforma”, sostuvo el presidente del G9 y rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui.

Otro de los puntos relevantes para el G9 apunta a la vulneración de la autonomía y de la libertad académica que habría en las minutas sobre el proyecto de reforma. Al respecto, el rector de la Pontificia U. Católica, Ignacio Sánchez, dijo que “se valora que el Estado se haga cargo de regular el sistema que requiere reglas claras, pero también se necesita libertad académica y autonomía institucional, que son claves para entregar un proyecto educativo en relación con las misiones de cada institución”.

Sánchez dijo, además, que “con algunas funciones de la Superintendencia de Educación Superior se restringe el normal desarrollo académico y algunos aspectos curriculares, al regular volumen de aranceles y desarrollo curricular. Esos son elementos que tienen que ser modificados”.

Persona jurídica

Otras de las críticas a las minutas se refiere a la propuesta de que la persona jurídica que controle una institución de educación superior sólo puede tener como miembros o asociados a perosnas naturales. Esto, según el G9, “implica desconocer el modo como se constituyen las fundaciones y corporaciones y, en general, las instituciones de carácter filantrópico y, por supuesto, a las instituciones que pertenecen a Iglesias”.

Con esta exigencia, dice el documento, “las instituciones del G9 no estarían incluidas en la propuesta (de reforma).

Sobre esto, el rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, dijo que “demuestra desprolijidad de parte de quienes han estado trabajando el anteproyecto. No creo que haya intención de dejar fuera a estas instituciones, es desprolijidad”.

El rector Galindo explicó que en el caso de la U. Austral hay socios que son personas naturales o sea ciudadanos que quieren contribuir con ese plantel, y también hay personas jurídicas como por ejemplo colegios profesionales. “Las corporaciones o fundaciones que son socias de la universidad no tienen derecho de propiedad sobre esta y eso es lo que caracteriza a una institución que tiene valores filantrópicos”, detalló.