José Joaquín Brunner

Es un hecho que en torno a la reforma educacional impulsada por el Gobierno hay confusión. No se entienden sus propósitos, el orden y la secuencia con que ha ido desenvolviéndose, el gasto que representa para el fisco y, sobre todo, qué efectos producirán las diversas medidas adoptadas. El desconcierto es aún mayor en el caso de la enseñanza superior. La opinión pública encuestada muestra escaso entusiasmo. No percibe cómo esta reforma mejorará la calidad de las oportunidades educacionales.

En realidad, los proyectos hasta ahora aprobados, en tramitación y anunciados no tienen que ver directamente con la calidad. Su eje se orienta a ampliar la esfera de provisión, coordinación, regulación, financiamiento, fiscalización e intervención del Estado. Dicho en lenguaje antiguo, busca recrear las bases de un Estado Docente en las condiciones presentes.

La consecuencia de tal propósito es evidente. En un régimen mixto de provisión, con fuerte presencia privada subsidiada como existe en Chile, implica necesariamente disminuir el rol de los proveedores privados subvencionados. Tarde o temprano deberá trasladarse matrícula privada a los establecimientos fiscales y sustituirse el gasto de los hogares por gasto público. Aquel quedaría limitado únicamente a instituciones particulares pagadas.

Discursivamente se sostiene que esta transformación representa el paso desde una educación concebida como un bien de consumo a una educación reconocida como un derecho social garantizado. En la práctica, en tanto, significaría el paso desde un régimen mixto a un régimen de provisión administrado estatalmente con un pequeño circuito adicional de colegios particulares pagados que atenderían a los hijos herederos del capital económico, social y cultural.

Para realizar ese desplazamiento, el Gobierno impulsa un abigarrado conjunto de leyes en los niveles de la educación temprana, escolar y superior. Así avanza el proceso reformista: desde La Moneda al Mineduc y al Congreso. De ahí en adelante hay poco más, pues la implementación de las leyes promulgadas recién comienza y otras leyes ni siquiera han iniciado su tramitación.

Con todo, se sostiene que las medidas aprobadas son históricas y ofrecerían desde ya un nuevo paradigma educativo y la promesa de una mayor igualdad e inclusión.

Un balance más realista indica algo muy diferente, sin embargo.

Por lo pronto, la teoría del cambio esgrimida por el Gobierno es candorosa y equivocada. Las transformaciones apenas se hallan en papel. La real prueba de su efectividad vendrá al descender desde los aparatos centrales hacia las instituciones educativas, sus aulas, profesores y estudiantes.

También la planificación del cambio es débil: ha faltado una agenda clara, prioridades coherentes, carta de navegación y sólidas previsiones presupuestarias. La comunicación oficial de la reforma y sus medidas es confusa. Al punto que la opinión pública encuestada muestra consistentemente un alto nivel de desaprobación y los actores del sistema se hallan desconcertados.

En cuanto a la vital fase de la implementación, resulta claro que será lenta y engorrosa. Dependerá de nuevas y más detalladas prescripciones de papel (reglamentos, dictámenes, preceptos, fórmulas y resoluciones administrativas); de burocracias intermedias, interpretaciones contradictorias, dificultades operativas, insuficiencia de recursos humanos y materiales, resistencia frente al cambio de hábitos y rutinas, efectos imprevistos y fallas de gestión.

Por último, los efectos e impactos de la reforma son hasta ahora escasos. Decir que hay oportunidades de mejor calidad, mayor igualdad, menor segmentación, un clima diferente en los colegios, una nueva visión de las cosas educativas o una educación superior más organizada, todo eso es poco serio. Pertenece al mundo de los ídolos de Bacon, que no dejan razonar con claridad y confunden la realidad con los deseos.

Más bien puede anticiparse que los efectos esperados estarán definitivamente por debajo de las expectativas creadas por el discurso oficial. Comienza a reconocerse que las medidas son difíciles de implementar. Y que su orden de aprobación fue inadecuado. Existe temor de que contribuirán poco a cambiar la calidad de las oportunidades de aprendizaje y su distribución social.

Por otra parte, se aprecian desde ya algunos efectos negativos. La institucionalidad de la educación superior ha sido tensionada al máximo sin que exista siquiera un plan de reforma. La gratuidad prometida ha creado más desorden que beneficios. Hay una competencia cada vez más intensa por recursos. El crucial sector de la enseñanza técnico-profesional media y superior se halla completamente ausente del foco de atención gubernamental. Las instituciones privadas en general se sienten hostilizadas, no reconocidas por la autoridad y marginadas de los caminos de futuro de la educación chilena.

En suma, la reforma educativa del Gobierno crea confusión porque es confusa. Carece de una adecuada teoría del cambio. Su retórica va más allá de las posibilidades reales. No moviliza el apoyo de la opinión pública. Causa enfrentamientos ideológicos innecesarios. Su diseño es equivocado. Busca subsumir el espacio educacional de la sociedad dentro del espacio estatal. Por el contrario, lo que Chile necesita es un espacio educacional tan diverso y plural como su sociedad, organizado por proveedores subvencionados de diverso tipo, con igualdad de trato y sujetos todos a reglas comunes que garanticen acceso, calidad, equidad y efectividad.