Autoridad universitaria insiste en la fórmula mixta como el mecanismo más eficiente para financiar la Educación Superior.

Tania Merino Macchiavello, 28 de marzo de 2016
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Tres meses exactos duró la calma en la discusión sobre gratuidad. Tras la promulgación de la ley corta el 23 de diciembre, el 23 de marzo se dio a conocer a nivel nacional el caso de la entrega errada del beneficio y dos días antes el ajuste fiscal en que el mayor recorte estuvo en el Ministerio de Educación.

El rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, analizó el actual escenario, mientras en su plantel, todavía realiza el catastro para ver si registran o no casos de asignación equivocada del beneficio.

-¿Hubo desprolijidad de parte del Gobierno o quizás demasiado apuro en hacer las cosas?

-Sencillamente es un sistema que está operando por primera vez en el país… Para generar esa igualdad tan deseada se ha tenido que crear todo un sistema que es complejo y que tiene que basarse en datos socioeconómicos de personas, que tiene que contar con recursos y que como antecedente tuvo una reforma tributaria, entonces implementarlo ha sido mucho más complejo de lo que originalmente se pensó y por eso que ocurran situaciones no previstas, aunque suene contradictorio, es esperable.

Lo que sí es criticable, es que se den certezas y se creen expectativas, se lance el sistema con gran publicidad y propaganda y luego no puedan cumplirse las promesas. Hay que avanzar en forma más prudente y hablar derechamente de una marcha blanca.

-¿Cómo debe resolverse?

-Dado que estamos frente a una situación en la cual se creó una expectativa a las familias involucradas, corresponde también entregar otro tipo de compensaciones.

– ¿Qué opina del recorte presupuestario?

-Las dificultades que salen en el camino pueden ser inesperadas, pero efectivamente la proyección económica del país se veía hace un tiempo ya decayendo y eso no es un imprevisto, pero frente a esos datos que obligan a un ajuste presupuestario uno puede preservar precisamente el tema de la educación, el sistema de gratuidad que está implementando y ahí surge la crítica por qué no se afecta primeramente otras áreas de gastos antes de tocar algo que está lanzado con gran expectación.

-¿Puede significar riesgos?

-Es una señal preocupante que implica también avalar de qué forma podemos avanzar en el futuro. ¿Por qué no pensar más bien en una implementación de un sistema mixto, como ya existe, de gratuidad y becas?

Un ajuste a costa de los sectores vulnerables es preocupante y surge de inmediato la pregunta, en el futuro habrá otros recortes, habrá dificultades. Seguramente vendrán todavía, pero hasta qué punto nuestras universidades tendrán que desarrollar sus presupuestos, sus planes estratégicos, en un escenario de incertidumbre.

-¿Qué va a pasar con la glosa presupestaria?

-La ley larga no salió el año pasado, este año se estima que va a presentarse antes de mayo, pero la discusión en el parlamento va a tomar su tiempo y apresurarse en aprobar una ley imperfecta creo que no es el camino. Por lo tanto, estimo que mejor nos tomamos nuestros tiempos, nuevamente transparentando la situación, por la complejidad de los temas involucrados.

-¿Se hace imposible pensar en gratuidad universal, que era una de las promesas presidenciales?

-Sí, derechamente creo que a estas alturas todos tenemos claro que la promesa resultó más fácil de realizar que de concretar, pero sin embargo, también la opinión pública no espera una gratuidad universal. El debate que se ha dado deja claro que no es necesariamente a lo que tenemos que aspirar, pero sí a un sistema que permita un acceso igualitario a la Educación Superior.

-Los plazos de presentación del proyecto se han dilatado mucho…

-Desde el punto de vista de los tiempos legislativos, las leyes complejas requieren por lo general dos años de trabajo. Claro, depende del nivel de urgencia, pero mientras más urgencia se le otorga, más errores pueden cometerse en el camino, por qué no pensar en una implementación gradual, en fases. Yo estoy pensando, no sé si llamarlo pesimista, pero sí realista, que se necesitan mínimo dos años para la discusión en el Congreso.

-Pero usted mismo decía que en la medida que se prolonga se genera incertidumbre para los proyectos de desarrollo de las universidades.

-Así es, evidentemente necesitamos poder planificar en base a certidumbres, entonces, ¿Por qué no transparentar desde un comienzo los tiempos que se requieren?