Según datos del último informe de la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, hecho público el pasado año 2015, la universidad española fue responsable de cerca del 57% de la producción científica del sistema nacional de ciencia y tecnología en el periodo 2009-2013. La práctica totalidad de esta producción provino de las universidades públicas. En un informe análogo elaborado dos años antes con datos del periodo 2007-2011, la universidad daba cuenta del 69% de la producción científica española. Los datos ilustran una tendencia preocupante, que muy probablemente se acentuará cuando se hagan públicos los números correspondientes a los años más duros del ajuste económico al que se ha sometido a nuestro sistema de ciencia, y muy especialmente a nuestra universidad.

Desde la década de los ochenta, con el impulso en recursos y marco de gestión que supuso la creación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, y con el reconocimiento -primero en la LRU y posteriormente en la LOU- de la investigación como una obligación ineludible de los profesores universitarios, un número importante de profesores fue consolidando una actividad investigadora que ha sido la base de la formación especializada de una brillante generación de licenciados y doctores. Esta generación contribuyó a situar a España, en pocos años, en niveles de esfuerzo y calidad investigadora comparables a los de la media de países de nuestro contexto europeo. Es la misma generación de la que se han derivado los miles de jóvenes bien formados que, sin lugar en el mercado de trabajo nacional, son demandados y aceptados hoy en otros países como profesionales de alta cualificación. Somos muchos los que hemos visto a nuestros laboratorios universitarios alcanzar estándares de calidad y equipamiento comparables a los de los países a los que antes era obligado emigrar para conocer lo que es hacer investigación de frontera. Y son muchos los jóvenes formados en nuestras universidades que están desarrollando carreras profesionales de éxito en las universidades, centros de investigación y empresas de mayor prestigio internacional.

Numerosas tribunas han clamado en los últimos años contra el dramático, y posiblemente irreversible, desmantelamiento de la estructura investigadora tan costosamente construida, y lo que ello puede suponer de hipoteca para nuestro futuro. No se trata aquí de volver a denunciar la ceguera de nuestra clase política, incapaz de comprender cómo hemos desperdiciado la oportunidad de usar la ciencia y la tecnología construidas para impulsar un cambio de modelo económico. Pero es urgente llamar la atención sobre la insostenible situación de la investigación en el contexto de la universidad y de su función social.

Se ha planteado que una mayor competitividad en el acceso a recursos limitados podría contribuir a consolidar un sistema de ciencia más “concentrado”, menor en masa crítica pero mejor en calidad. Sin embargo, en la contracción impuesta al sistema de I+D español, los laboratorios de investigación universitaria han sido víctimas particularmente sensibles. Los recortes aplicados a la financiación de nuestras universidades, incluyendo la obligada reducción de personal docente, han ampliado significativamente las obligaciones docentes y burocráticas de un número cada vez menor de profesores, han reducido el número de becas y de alumnos de postgrado, han limitado el mantenimiento de una infraestructura investigadora que data ya de varias décadas y han eliminado prácticamente en su totalidad el apoyo de personal técnico y administrativo. Muchos grupos de investigación capacitados para mantener una digna actividad investigadora universitaria han visto drásticamente mermadas sus posibilidades de competir por unos recursos insuficientes con centros de investigación mucho mejor dotados y dedicación exclusiva a la investigación. El resultado es que nuestras universidades están perdiendo de manera progresiva e inevitable la investigación que ha mantenido sus laboratorios funcionando.

Al desafío de la pérdida de recursos competitivos se suma la indiferencia, cuando no el desprecio, de una parte muy significativa de la propia comunidad universitaria hacia la labor investigadora de sus profesores. Un cálculo muy generoso establece que menos de la mitad del claustro de profesores está realmente comprometido con la investigación. Resulta en consecuencia difícil que el sistema de gobernanza democrática de la universidad emprenda acciones decididas para preservar y potenciar su cada vez más diezmada comunidad de profesores-investigadores. En las actuales circunstancias, incrementar la proporción de investigadores es una tarea hercúlea, en un contexto en el que más bien sucede lo contrario, que demasiados grupos de investigación van arrojando la toalla tras años de contribuir a formar investigando.

Hay muchos ejemplos comparables al del profesor Francisco Mójica, de la Universidad de Alicante, quien a pesar de serias dificultades para mantener su laboratorio financiado, bien podría encontrarse entre los merecedores de un futuro Premio Nobel por el descubrimiento de los sistemas CRISP/Cas. En cualquier caso, la apuesta por la investigación es diferente en muchas de las modernas y pequeñas universidades nacidas en las últimas décadas en las comunidades autónomas –aunque ello a un coste real que todavía no se ha establecido adecuadamente-, en comparación con lo que ocurre en nuestras grandes universidades, lastradas por el envejecimiento y la falta de renovación de sus plantillas.

Si la actividad investigadora que se desarrolla en la universidad se va haciendo cada vez más reducida, y sus laboratorios están cada vez peor dotados, es hora de preguntarse ¿quién va a sostener la investigación necesaria para que nuestra universidad no se convierta en una mera academia?, ¿quién va a formar a los investigadores necesarios para nutrir a nuestros centros de investigación de excelencia?, ¿cómo vamos a inculcar en nuestros jóvenes el espíritu crítico y la semilla de la apuesta por el conocimiento, el desarrollo y la innovación, antes de lanzarlos a nuestras empresas y al mercado laboral? Es el papel central de la universidad como motor y cerebro de la sociedad lo que está en juego.

Es hora de apostar por la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero es esencial no dejar atrás en ese empeño a la universidad. Ningún jardinero podaría las feas e invisibles raíces de sus plantas para centrarse exclusivamente en mantener sus bellas flores. Es urgente dotar los recursos necesarios para que la formación de nuestros alumnos en la universidad esté fundamentada en el análisis y reconocimiento de los problemas, en la búsqueda racional de soluciones y en el desarrollo de conceptos, metodologías, productos y procedimientos que permitan a la sociedad resolver sus desafíos. Y es también urgente exigir a la universidad una estructura y una gestión que garantice la integración de investigación y docencia sin solución de continuidad. Solo así estará en condiciones de cumplir con la responsabilidad que la sociedad le demanda, liderando de una vez por todas la consolidación de este país como un país moderno y con futuro.

Jesús Pérez Gil es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y miembro de la Coordinadora de la Plataforma de Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid