La substitución del inolvidable ministro Wert por Méndez de Vigo relajó el ambiente entre las universidades y el ministerio. El nuevo ministro supo escuchar, novedad destacada en relación a su predecesor. Saber escuchar, no obstante, debería ser parte natural y consustancial al trabajo de cualquier político. Y no hacerlo, una descalificación inmediata. Bienvenida sea esta actitud, que abre puertas a hacer reflexiones que, con suerte, serán escuchadas y, con más suerte, atendidas. Aprovecharé los vientos de cambio que se avecinan para hablar de tres aspectos que, a mi entender, requieren atención inmediata, y sobre los cuáles sólo han recaído parches legislativos que, en ocasiones, han complicado más que resuelto los problemas

Un primer aspecto es la inexistente carrera profesional del personal universitario, especialmente de su profesorado. A pesar de los múltiples filtros y evaluaciones que todo profesor debe encarar, no hay un plan maestro que permita visualizar los objetivos a alcanzar y los medios a usar. La dualidad entre personal funcionario y laboral permanente parecía una apuesta para romper con los esquemas atávicos de la universidad tradicional. La práctica demuestra que, en el mejor de los casos, el profesorado laboral es un clon del profesorado funcionarial. O están por debajo en el escalafón, o como mucho, están igualados al profesorado funcionario en todo: en sueldo, en procedimientos de selección vía concursos, en categorías, en evaluación curricular, en seguridad laboral. Esta dualidad no ha comportado grandes avances y, en cambio, ha complicado la gestión cotidiana al duplicar los marcos legislativos reguladores y las representaciones sindicales, entre otros temas. En lenguaje económico, conseguir los mismos resultados con mayores costes es un ejemplo de ineficiencia. La recomendación debería ir en la línea de simplificar la estructura contractual y recuperar una única vía profesoral en la universidad. Hay que definir categorías y niveles de forma más flexible, con salarios adaptados al rendimiento contrastado a través de incentivos, y con una definición de la carrera profesoral que debería iniciarse, y no hace falta inventar nada nuevo, instaurando el tenure trackanglosajón.

Un segundo aspecto, ligado a la oferta académica, es la necesidad de reconsiderar cuál es la libertad de las universidades para fijar sus programas. No tanto bajo una perspectiva aritmética del número de años de un grado sino de una reflexión sobre los contenidos que debe tener un paquete formativo integrado. En este caso, la distinción aritmética (3+2, 4+1, etc) resultaría en el fondo irrelevante pues lo importante sería el contenido curricular y la especialización. Un corolario inevitable es la imperiosa necesidad de eliminar la diversidad existente en los precios públicos. El precio, el que sea, y eso ya es una cuestión de priorización en el uso de los recursos públicos, debería ser el mismo para todos los estadios formativos: grado y postgrado.

El tercer aspecto está ligado a la financiación, una responsabilidad transferida a las comunidades autónomas. Sin embargo, la investigación –uno de los pilares de la universidad- continúa siendo una competencia del Gobierno central, no transferida y es por tanto al Gobierno central, en este caso, a quien se le han de pedir propuestas. Es imprescindible complementar las convocatorias competitivas –dirigidas a los grupos para cubrir sus costes variables- con recursos que premien los resultados globales de investigación de las universidades, que permitan redimir el coste basal de la investigación –los costes fijos de las infraestructuras- y reconozcan e incentiven la producción científica de impacto. Recuperar el instrumento del contrato-programa, que habría de ser sencillo y transparente en cuanto a indicadores, removería sin duda las bases del sistema universitario y permitiría dar un salto de calidad a aquellas universidades que a lo largo de los años se han esforzado en potenciar sus activos de investigación.

Queda la asignatura pendiente del sistema de gobierno de las universidades, anquilosado en la base que se construyó en el lejano 1983 con la Ley de Reforma Universitaria. Es aquí donde se calibrará la valentía de un gobierno, si realmente desea mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de decisión universitaria, a la vez que se potencie la hoy en día limitada autonomía de que gozan las universidades españolas, particularmente las públicas.

Ferran Sancho Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona