Los resultados electorales del 20 de diciembre dejaron claro que España quería un cambio político de fondo y de forma. Un cambio que no debería haber sorprendido tanto a la sociedad española, que por otro lado y durante los últimos años llevaba reclamándolo de manera constante, con distintas señales y a través de foros y actuaciones distintos.

Demandas de cambio las hemos visto en los últimos años en las calles de nuestras ciudades y pueblos, en las continuas protestas, en tertulias, artículos de opinión y sobre todo en el contacto diario con la gente y en los puestos de trabajo.

Es necesario hacer un pequeño balance histórico para recordar el porqué de tanta protesta, de tanta camiseta verde y de tanta defensa de la Escuela Pública que hemos compartido todas las personas que creemos que por la mejora de la educación en nuestro país y por el futuro que la educación garantiza a nuestra sociedad, merece la pena luchar, implicarse y llegar a grandes acuerdos. Y como parte de nuestra historia, no muy lejana, debemos recordar que en el año 2010 se estuvo muy cerca de llegar a alcanzar un consenso educativo, aunque el PP lo impidió en el último momento.

Lamentable decisión, porque su etapa de gobierno ha dejado un balance muy negro para la educación española, recorte tras recorte en la asignación presupuestaria no fueron suficientes para el gobierno de Rajoy. El famoso Real Decreto-Ley 20/2012 incrementó la ratio de alumno/profesor convirtiéndola en Educación Secundaria en la más alta de Europa, incrementando la carga lectiva de los docentes de manera considerable, alargando el plazo para cubrir las sustituciones de profesores, fomentando las plantillas de profesores interinos, etc. Todo ello acompañado de la limitación de todo tipo de becas, menos ayudas para material, transporte o comedores escolares, incremento de tasas universitarias, de Escuelas Oficiales de Idiomas,… ha logrado que el acceso a la educación haya perdido ese carácter de casi universalidad que tanto costó lograr y que el concepto del derecho a la igualdad de oportunidades haya quedado sumamente debilitado.

Y llegó la LOMCE, y con ella, nuestro sistema educativo sufrió un nuevo varapalo, agravando por ley la desigualdad ya acumulada por los recortes instalados en todo el territorio español. La LOMCE deja un panorama regresivo, introduciendo cambios muy significativos que segregan tempranamente y de manera casi irreversible al alumnado. Se introducen reválidas en el sistema que cierran puertas a la posibilidad de continuidad de los estudios de bachillerato o de FP o universitarios. Se aísla a los jóvenes con más dificultades de aprendizaje, condenándolos a la no titulación al limitar sus programas de refuerzo y aprendizaje a 2º y 3º de ESO; se extirpa el modelo de escuela democrática o participativa por la desaparición de la capacidad de decisión de los Consejos Escolares; se abre la puerta a los rankings de centro y a inútiles y poco fundadas comparativas que no tendrán en cuenta los contextos económicos, culturales o sociales de los entornos de los centros.

La LOMCE ataca por igual las enseñanzas artísticas y humanistas, asumiendo la educación un papel mercantilista que poco se preocupa por el individuo como perteneciente a una sociedad y por tanto objeto de recibir una educación para la ciudadanía, tan necesaria hoy en día para que la tolerancia, el respeto, y la convivencia sean los valores presentes en la diversidad, la pluralidad y la diferencia existentes en nuestras vidas.

Por si fuera poco, la LOMCE ha venido cargada de incertidumbre, prisas, escasez de formación al profesorado, requisitos burocráticos irrelevantes pero cargantes e incomprensibles, exigencia de nuevos materiales y libros de texto de un gran coste económico para las familias y significativamente, no aborda grandes necesidades y retos que ya desde educación primaria claman soluciones.

Es preciso introducir en el debate educativo los retos reales del sistema: garantizar un sistema educativo público, estable y de calidad, inclusivo, basado en la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, que atienda a la diversidad desde edades tempranas, a los alumnos de altas capacidades, que explore nuevos sistemas de evaluación, que ofrezca la formación inicial y continua necesaria al profesorado para que logren que nuestros jóvenes sean resolutivos y capaces de poner en práctica los contenidos y competencias adquiridas, con una orientación educativa y profesional más individualizada y que se amplíe la oferta educativa en las edades no obligatorias, para que nadie que quiera estudiar se quede sin la opción de hacerlo.

Nuestro sistema educativo ha sufrido de manera especial estos últimos años y de manera más dolorosa la educación pública. Este ataque y la más absoluta ausencia de negociación sobre la LOMCE consiguieron que partidos políticos (excepto PP, UPyD, Foro de Asturias y UPN) y los representantes de la Comunidad Educativa a través de sindicatos de profesores, federaciones de padres y madres y federaciones de alumnos firmasen el acuerdo el 13 de junio de 2013 para derogar la LOMCE.

Es necesario un cambio de gobierno que la sociedad española ha demandado en las urnas, pero es necesario y urgente un cambio en educación, reparando con urgencia algunas de las cuestiones que se han implantado con la LOMCE y que afectan a niños y a jóvenes este mismo curso. No se puede perder tiempo para devolver oportunidades y apoyo a muchos jóvenes que necesitan un cambio lo antes posible para no quedarse fuera del sistema, para no perder el tren. Y no se puede perder tiempo para comenzar ese camino que demanda la sociedad y que debe conducirnos a todos los grupos políticos a alcanzar un acuerdo, un consenso para una ley básica de educación.

Los socialistas estamos convencidos de que este es el camino a seguir, como también lo está la comunidad educativa. Ya nos lo han recordado sindicatos, padres y estudiantes en el Congreso. En este empeño, ni un minuto que perder, ahora toca trabajar por y para la mejor educación y los partidos políticos tenemos el deber de responder a este llamamiento y urgencia social, con diálogo, con voluntad de acuerdos y con la convicción de que debemos poner todo de nuestra parte para lograr ese ansiado pacto educativo.

M.ª Luz Martínez Seijo es diputada del PSOE por Palencia y profesora y doctora en Planificación e Innovación Educativa.