Ahora que se postergó la discusión parlamentaria del proyecto que reformará la educación superior (o terciaria), podemos preguntarnos qué asuntos debe incluir esa reforma.

Para partir, lo lógico sería contar con un documento que diera cuenta de la visión estratégica que el Gobierno tiene del sector, a lo menos en los siguientes aspectos.

Primero, un diagnóstico serio del estado de nuestra educación terciaria. Hay en este terreno demasiados mitos, desinformación, errores, pseudoevidencias, falsas comparaciones, ignorancia o derechamente mala fe y manipulación de datos. Lo anterior dificulta una evaluación compartida. Por ejemplo, hay quienes sostienen -contra toda evidencia y sin rigor alguno- que el sistema nacional de educación superior se halla en crisis y presenta fallas estructurales insalvables. Al contrario, uno puede demostrar que funciona con razonable efectividad, ostenta un nivel claramente superior al promedio en equidad dentro de la región latinoamericana y que la inversión anual en el sector, medida como porcentaje del PIB, es de las más altas del mundo. Me temo que el Gobierno desconoce estas realidades y comparte, en cambio, aquellos otros juicios fantasiosos.

Segundo, un marco de principios para nuestra educación superior . En tiempos turbulentos es imprescindible establecer con claridad los fundamentos. ¿Se desea mantener o poner fin al régimen mixto de provisión? ¿Se reconoce y promueve la autonomía como principio axial del campo universitario? ¿Se acepta una amplia diversidad de misiones y objetivos académicos? ¿Se respeta o no la igualdad de trato, sin discriminaciones arbitrarias, entre estudiantes y su libertad de elegir carreras y universidades? ¿Se ha de regular al sistema sobre la base de la confianza o se le impondrá un orden burocrático?

Tercero, una legislación y reglas que consagren ese principio axial de la autonomía , condición de la libertad de enseñar, aprender, investigar y del vínculo de las organizaciones académicas con la sociedad civil y el Estado. ¿Garantizarán nuestros gobernantes la autonomía organizacional, financiera, del personal y académica, en los términos reconocidos por la práctica internacional? Esta consagra la facultad del autogobierno y para crear estructuras académicas y entidades legales; la capacidad de reclutar, despedir, promover y determinar las condiciones de trabajo del personal académico y administrativo superior; la decisión sobre vacantes y admisión de alumnos, el establecimiento o supresión de programas de pregrado y posgrado y la aprobación de sus currículos; la adopción de mecanismos de aseguramiento interno de la calidad, y la capacidad para disponer de su infraestructura, adquirir créditos en el mercado financiero y cobrar matrícula y aranceles, generando así un excedente para respaldar la autonomía institucional y el mejoramiento continuo.

El gobierno Bachelet tiene un enfoque fuertemente restrictivo respecto de la mayoría de esos asuntos esenciales para la autonomía universitaria. Desde ya la gratuidad, tal como se ha implementado, representa serios riesgos y ha provocado dificultades e incertidumbres.

Cuarto, una institucionalidad adecuada para la gobernanza del sistema. Parece urgente contar con un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que ayude a superar la crisis de gobernabilidad y gestión que ha ido instalándose en este sector. Asimismo, urge tener una agencia pública de acreditación que funcione de manera independiente, con estándares definidos, respeto por la diversidad institucional y guiada por el juicio de los de pares evaluadores. Además, se halla pendiente la creación de una superintendencia que vele por la solidez patrimonial y financiera de las instituciones y garantice su estatus no lucrativo. Postergar este asunto sirve nada más que como un medio para desprestigiar y frenar el desarrollo de la provisión privada.

Por último, debe formarse una asamblea o consejo de rectores de universidades acreditadas y una instancia similar para la educación técnico-vocacional, dejando atrás al CRUCh convertido en un mero órgano de defensa corporativa.

Quinto, un acápite especial debería destinarse a las líneas centrales de política que, siendo imprescindibles para la reforma de la educación terciaria, sin embargo no son materia de una ley. Entre ellas, (i) el fortalecimiento de la educación superior técnico-vocacional, en especial, aquella de ciclo corto; (ii) la ampliación equitativa del acceso, la retención y graduación de estudiantes; (iii) la renovación del pregrado a través de currículos basados en competencias del siglo 21 y el uso de las tecnologías digitales, y (iv) el fomento de la investigación en ciencias y humanidades el cual, luego de un avance positivo, últimamente vuelve a retroceder.

Tras dos años puede exigirse al Gobierno una visión estratégica de las políticas y la legislación para la educación superior. Se acabó el tiempo de las consignas. Hasta el momento, sin embargo, los textos con la posición gubernamental son francamente de escasa entidad y valor. Son pobres en ideas y técnicamente insuficientes. El debate reciente sobre presupuesto de la gratuidad resultó igualmente frustrante.

El Mineduc está en condiciones de reparar esa imagen escasamente meritoria si da a conocer su visión estratégica y la somete a deliberación pública para enriquecerla con las contribuciones de todas las partes interesadas. La Presidenta Bachelet está en deuda y su gobierno tiene los medios para saldarla.