Mientras aún permanece abierta la discusión sobre el financiamiento de la gratuidad introducida por el Gobierno mediante una improvisada y mal diseñada glosa presupuestaria, los medios de comunicación y los miembros de la comunidad académica hemos conocido un borrador del proyecto de ley que reforma las bases del sistema de educación superior (ES).

Lo sorprendente del caso es que ese proyecto, próximo a ser enviado al Congreso Nacional de acuerdo a lo dispuesto por la Presidenta Bachelet, es un documento igualmente mal preparado y redactado sin suficiente estudio y conocimiento de las materias que aborda. Es débil en su fondo, confuso en la forma, engorroso y mal ensamblado.

Por lo pronto, reúne esbozos desigualmente elaborados de varias leyes en un solo texto, sin mayor lógica ni coherencia interna. Aún así, alcanza a más de 170 artículos permanentes y 40 transitorios, redactados desordenadamente en 80 páginas, faltando todavía el mensaje con los fundamentos conceptuales de esta iniciativa legal.

En tiempos normales y en condiciones de mayor seriedad y rigor, las materias cubiertas por esta iniciativa sin duda darían lugar a varios proyectos separados. Ello contribuiría a una efectiva deliberación pública y a una racionalización legislativa más adecuada de los diversos asuntos. No se entiende por qué el Gobierno optó por este otro camino. Como sea, no contribuye a fortalecer el debate intelectual.

Por ahora la iniciativa legal incluye asuntos tan diversos como: (i) la creación de una Subsecretaría de Educación Superior (ES), órgano encargado de dirigir, coordinar y controlar este sistema; (ii) el establecimiento de un sistema de financiamiento público de la ES referido a la gratuidad, la docencia de pregrado, los aranceles regulados, los aportes basales para instituciones estatales y privadas y el régimen de créditos estudiantiles; (iii) la formación de una red de instituciones de ES estatales receptora preferente de recursos fiscales; (iv) la propuesta de un marco nacional de cualificaciones; (v) el control de las vacantes ofrecidas por el sistema; (vi) la organización de una agencia de calidad (servicio público no independiente) y de los procedimientos para evaluar instituciones y programas, junto con producir una clasificación ( ranking oficial) de las instituciones en cuatro niveles jerárquicos de solidez y calidad; (vii) la institución de una Superintendencia de ES que vele por el correcto uso de los recursos y disponga sanciones para las entidades infractoras; (viii) obligaciones de transparencia e información.

Dado el exceso de materias tratadas, varias aparecen apenas insinuadas, entregándose el desarrollo de la legislación a unos reglamentos que en número de veinte (¡qué tal!) debería dictar el Mineduc. Esta técnica político-legislativa es justificadamente criticada pues inhibe una discusión acabada de los asuntos, al tiempo que impone una agenda de negociaciones que el propio Gobierno luego no es capaz de conducir.

En cuanto a la filosofía inspiradora del proyecto, ella se aparta de las tradiciones de autonomía, pluralismo de proyectos institucionales, coordinación abierta y provisión y financiamiento mixtos que caracterizan el desenvolvimiento de nuestra ES. Por el contrario, el proyecto revela intensa desconfianza en las instituciones y busca limitar de diversas maneras su autonomía de dirección estratégica, académica, de gestión y financiamiento.

Particular sospecha exterioriza frente a las instituciones privadas de ES, cuyo ámbito de acción autónoma y sentido de misión o identidad se verían limitados por todos lados de aprobarse esta legislación. Similar desconfianza exhibe el texto frente a la libertad de elección de los estudiantes ajenos a las instituciones del CRUCh, lo cual conlleva el riesgo de discriminaciones arbitrarias como aquellas que el Tribunal Constitucional acaba de objetar.

En el mediano plazo parece apuntar hacia la completa supresión de las becas y créditos estudiantiles, desechando la experiencia acumulada por la ES chilena en este ámbito y contrariando la tendencia internacional que se orienta precisamente hacia allá.

En fin, predomina en el proyecto gubernamental un espíritu de control burocrático-político de la ES, el deseo de poner en una jaula de hierro al régimen mixto de provisión, de disciplinar minuciosamente a las instituciones de ES, de hacerlas depender de la sola voluntad del poder financiador del Gobierno y de sujetarlas a una malla de reglas e inspecciones que buscan estandarizar sus actividades y crear un orden funcionario en torno de ellas. ¡Nada más a contramano de lo que deberíamos hacer!

Poco realmente efectivo hay, en cambio, a favor de la calidad, la innovación, el fortalecimiento de las ciencias y la tecnología y la educación técnico-profesional.

Bien sabido es que la ES funciona creativamente y contribuye al desarrollo económico social y a la cultura de las naciones solamente si acaso se desenvuelve en un orden de libertades. Un orden, por tanto, que reconoce a las instituciones su autonomía y la pluralidad de sus proyectos, confía en sus capacidades de autogobernarse y gestionar sus asuntos, y les proporciona un medio ambiente de políticas y regulaciones estables y consecuentes con esos valores y aspiraciones.

Particularmente un régimen mixto como el chileno -de provisión y financiamiento público-privado- necesita una relación entre la ES y el Estado alineada con el bien público, las libertades del espíritu y la autonomía de las organizaciones culturales.

Es frustrante tener que concluir, una vez más, que el Gobierno y su tecnocracia parecen no reconocer esa