¿Qué razones pudo tener para hacerlo a sabiendas de los esfuerzos financieros que impondrá?

Exponer esas razones puede contribuir al debate público sobre este tema.

La adhesión de la UDP -como la adhesión de cualquier otra universidad- no ha de interpretarse, desde luego, como una aceptación apresurada de los proyectos de reforma a la educación superior que el Gobierno dará a conocer recién a fines de este mes. El deber de los miembros de la universidad -de esta o de cualquier otra- es tomar conocimiento de esos proyectos, someterlos al escrutinio racional y formular las críticas que merezca. No ha de confundirse, entonces, la adhesión inmediata a una medida que corrige desventajas obvias con una adhesión acrítica y ex ante a un proyecto gubernamental que hasta ahora se desconoce formalmente.

En una frase: la adhesión al programa de gratuidad que se ha anunciado (y cuya fisonomía final aún está pendiente) no es, no puede ser, una adhesión al proyecto gubernamental de reforma.

Al adherir a ese programa la UDP se muestra simplemente de acuerdo con un principio general en torno al que la sociedad chilena ha ido convergiendo: el ingreso a la educación superior debe ser independiente del origen socioeconómico de los estudiantes. Una sociedad que trata con justicia a sus miembros debe tratar a todos ellos con igual consideración y respeto y ello exige remover las desventajas inmerecidas, esas que no se deben a la decisión o al esfuerzo de quien las experimenta. Hay muchas formas, desde luego, de remover las desventajas inmerecidas -la gratuidad para los primeros deciles es solo una de ellas- y cuando se den a conocer los proyectos de reforma a la educación superior deberá discutirse cuál de todas resulta socialmente adecuada. Allí deberá discutirse si acaso la gratuidad universal (que descansaría sobre el carácter de derecho social de la educación superior) o el financiamiento mixto (en consonancia con la índole mixta del bien llamado educación) es la que resulta más eficiente y más justa.

Pero la adhesión a este programa no solo se justifica por un principio de justicia general. También hay una razón de índole intelectual que en medio de este debate es imprescindible subrayar. Las universidades diversas, que reúnen en sus patios y en sus aulas a personas con distintas trayectorias vitales y sociales, que favorecen en sus estudiantes el cambio de sus grupos de referencia, son mejores universidades: proveen a sus miembros de una experiencia intelectual más rica y más intensa. La racionalidad es un esfuerzo comunicativo que se ejercita mejor en medio de la diversidad. La abstracción de la razón y el ejercicio de las destrezas intelectuales encuentran un mejor escenario allí donde existe mayor diversidad.

Por supuesto ninguna de esas razones que apoyan una decisión favorable a la gratuidad permite borrar los graves defectos que presentan los proyectos que hasta aquí se han discutido.

El principal de ellos es, desde luego, la diferencia que se establece entre estudiantes de instituciones técnico-profesionales y universitarias. Tratar distinto a esos estudiantes, a pesar de que experimentan una misma desventaja, no tiene justificación.

Se suma al anterior la premura con que esta medida se ha tramitado y la torpeza con que se la diseñó. Y ello -no hay que olvidarlo- no es fruto de la decisión del Tribunal Constitucional. Perseguir objetivos socialmente valiosos, como la corrección de las desventajas inmerecidas, improvisando sobre la marcha, arriesga el peligro de sacrificar la racionalidad de los medios utilizados para alcanzarlos.

La adhesión al principio de gratuidad parcial que el Gobierno promueve, y que por estos días se finiquitará, no excusa, en suma, a los miembros de la universidad a adoptar un punto de vista firme en el debate público sobre la educación superior. Especialmente hoy día, cuando el calor del debate lleva a desconocer irreflexivamente el valor que para la cultura nacional representa la existencia de universidades privadas, académicamente selectivas, autónomas, sin relaciones de propiedad en su interior, públicamente orientadas y socialmente diversas.

Carlos Peña
Rector de la UDP