Diálogo en torno a la educación superior
Carlos Peña: “En una democracia, la deliberación fundamental en torno a los proyectos de ley les corresponde a los representantes reunidos en el Congreso Nacional. Sería un error de grandes proporciones pensar que si un proyecto de ley cuenta con la anuencia de los directamente involucrados…”
¿Qué condiciones -cabe preguntarse- debiera satisfacer ese trabajo previo?
Desde luego, cualquier proceso deliberativo debe equivaler a un proceso sin exclusiones. El diálogo democrático (porque de eso se trata, ¿verdad?) supone que todos los partícipes se reconocen recíprocamente una misma condición de igualdad, se disponen a dar y escuchar razones y muestran una cierta disposición a dejarse persuadir por las que sean mejores. Sería un contrasentido que un proceso prelegislativo en torno a la educación superior se llevara adelante sin cuidar que se cumplan las condiciones mínimas de un diálogo racional.
Desgraciadamente -no vale la pena ocultarlo-, esa condición de igualdad en el diálogo hasta ahora no se avizora. En cambio, la ministra y el Gobierno, por razones que debieran explicitar, hasta ahora han conferido una condición de partícipes privilegiados a las universidades del CRUCh, excluyendo, o relegando, a todas las demás universidades e instituciones. Este es un error inaceptable. Una cosa es dar un trato preferente a algunas instituciones a la hora de transferir recursos (un asunto de política pública), y otra muy distinta, conferir un trato preferente a la hora del diálogo (un asunto de participación). La ministra y la Presidenta parecen estar presas de esa confusión: creer que porque algunas instituciones merecen un trato preferente desde el punto de vista de los recursos, lo merecen también desde el punto de vista del diálogo; pensar que porque algunas instituciones son merecedoras de especial apoyo, poseen ventajas epistémicas o mayor ilustración que las demás. Las instituciones pueden ser distintas desde el punto de vista de la distribución material; pero no pueden serlo a priori a la hora de deliberar o manifestar sus puntos de vista.
Eso simplemente no es razonable.
Así pues el deber del Gobierno y del Ministerio de Educación es crear las condiciones para una participación igual de todas las instituciones en lo que se ha llamado (con término desconocido en el proceso de formación de la ley) “trabajo prelegislativo”.
De otra parte, un trabajo deliberativo como el que el Gobierno y el Ministerio de Educación declaran impulsar, requiere contar con información completa. Y en esto el Gobierno no ha estado aún a la altura de su deber.
En efecto, el Gobierno hizo de la educación y de la reforma a la educación superior uno de sus objetivos fundamentales. Siendo así, y habiendo transcurrido ya casi dos años de su administración, lo razonable es suponer que cuenta ya con un proyecto relativamente acabado, con un conjunto de bases sobre las cuales sea posible comenzar la deliberación. Ha circulado de manera soterrada un borrador salido del Mineduc; pero ya es hora de que la ministra dé a conocer algún documento oficial sobre cuya base sea posible comenzar el análisis. Es comprensible que el diseño legal esté atrasado; pero no es comprensible que las bases conceptuales de la reforma lo estén.
Así entonces el Ministerio de Educación debe dar a conocer las líneas de la reforma a la educación superior a todas las instituciones y a la opinión pública. Un diálogo deliberativo requiere información completa de cuál sea la iniciativa gubernamental.
Se suma a lo anterior que un diálogo razonado sobre la reforma a la educación superior exige de todas las instituciones, hasta donde eso es posible, el abandono del espíritu de cuerpo. El espíritu corporativo tiene sentido cuando se trata de pujar simplemente por intereses; pero como aquí se trata de argüir razones y exponer puntos de vista ilustrados, o dar a conocer las razones que apoyan los intereses, lo aconsejable es dejar de lado el espíritu corporativo. Los entusiasmos grupales son energéticos, y los liderazgos entusiastas, entretenidos, pero agregan poco al diálogo racional.
Finalmente, y luego de todo lo anterior, no hay que olvidar que la última palabra les debe corresponder a los representantes reunidos en el Congreso.
En una democracia, la deliberación fundamental en torno a los proyectos de ley les corresponde a los representantes reunidos en el Congreso Nacional. Sería un error de grandes proporciones pensar que si un proyecto de ley cuenta con la anuencia de los directamente involucrados (por ejemplo, las universidades del CRUCh o cualquier otra), debe ser aprobado. Como es obvio, del hecho de que los directamente involucrados estén de acuerdo con el contenido de un proyecto no se sigue que el proyecto satisfaga el bienestar social o sea eficiente. El deber de los representantes es deliberar cuidando el interés general. Para eso existen los representantes.
Lo anterior es tan obvio que no vale la pena repetirlo.
Carlos Peña
Rector UDP
0 Comments