Adriana Delpiano: “Si no te arriesgas, nunca podrías cambiar las cosas”
La ministra de Educación enfrenta la incertidumbre que genera la reforma y defiende la fórmula incluida en el Presupuesto 2016 para abordar la gratuidad en educación superior. Asegura ?todo el dinero que se requiera? para cumplir con este compromiso y afirma que las instituciones que adhieran al mecanismo debieran alcanzar a cubrir sus costos con lo que se les asigna.
Una fuerte ofensiva para explicar el mecanismo transitorio de gratuidad en la educación superior iniciará en los próximos días la ministra del Mineduc, Adriana Delpiano. En ese esfuerzo, la secretaria de Estado tiene contempladas en su futura agenda citas con los rectores, parlamentarios y la Confech. “Se explicará cara a cara”, promete.
En su comentado mea culpa, su antecesor, el ministro Nicolás Eyzaguirre, reconoció que habría buscado más consenso en los proyectos de la reforma educacional que le tocó liderar. A la luz de las primeras reacciones sobre el inicio de la gratuidad en educación superior esa autocrítica parece vigente. ¿Cree que se han generado los consensos necesarios en este tema?
No sé si consensos, porque la palabra consenso es compleja cuando tú tienes, a la vez, tantos actores distintos que a unos les acomoda y a otros les acomoda menos. Lo que a mí me importa mucho es que todos los sectores tengan la posibilidad de ser escuchados, de conocer de qué se trataba. Creo que nos está ayudando mucho nuestro comité consultivo, porque hay gente que sabe mucho de este tema y ha estado en una disposición que quiero rescatar: han hecho mucho trabajo entremedio de las reuniones que hemos tenido elaborando minutas y borradores. El consenso es difícil, porque, además, evidentemente tú logras más consenso cuando puedes disponer de mayores recursos, pero nosotros estamos en una situación en que se tiene una restricción global en el país y hay una restricción presupuestaria, pese al inmenso crecimiento que tiene educación.
¿Todos han sido escuchados?
Yo espero que todos se hayan sentido escuchados. Me reúno a la semana con dos o tres grupos de actores y seguramente me quedarán muchos otros que también debiera haberme reunido con ellos, escucharlos. Una reforma siempre tiene un grado de incertidumbre, si tú no te arriesgaras en algún punto, nunca podrías cambiar las cosas. El cambio genera incertidumbre. En la carrera docente había profesores que me decían que mejor no se hiciera nada, porque puede ser que me evalúen, etc. Hay un temor al cambio que te paraliza y la única manera de que el temor al cambio no se dé es que lo converses mucho, hagas el mejor esfuerzo por escuchar, por incorporar ideas.
¿Usted diría que la fórmula propuesta para iniciar la gratuidad en la educación superior y los montos comprometidos cumplen con las expectativas que hay sobre la reforma más importante del gobierno?
Esta semana ha sido una buena semana para la educación. El gasto que más crece en el Presupuesto es educación y esa es una señal muy potente del peso que tiene esta reforma dentro del quehacer de este gobierno. Aquí hay un avance. Estamos trabajando una ley que tiene que ingresar antes del 31 de diciembre, para que se discuta con tranquilidad el próximo año. La Presidenta tomó un compromiso con las familias en términos de avanzar hacia la gratuidad del sistema por determinados quintiles. Si esperábamos todo el trámite de la ley, no sabemos cuánto tiempo estará, es una ley compleja y no será de fácil despacho. Entonces, se determinó que a partir de un conjunto de instituciones que le dan garantías al país por su historia pudiera haber un universo de alumnos que pudiera partir la gratuidad el 2016, con estos recursos que están en la glosa. Y el tema ahí era cómo se transferían estos recursos, que rompiera esta lógica de una beca mejorada. Hoy, el gobierno entrega -y hay- muchas becas y muchos créditos, y eso no se va a alterar. Aquí el tema es que el ministerio hace un trato con determinadas instituciones para que realmente sean estas instituciones las que le entregan la gratuidad al alumno a partir del recurso que la Tesorería General de la República le entrega a esa institución en una especie de per cápita de alumno hasta el quinto decil. Si tienes una institución de educación superior y tienes una cantidad de alumnos hasta el quinto decil, ese alumno no va a firmar ningún convenio de pago contigo.
A horas del anuncio en que usted explicó el mecanismo, los principales actores de la educación ya han criticado que se mantiene la incertidumbre. ¿Qué responde a ello?
En primer lugar, había una duda si esto iba a ser una beca o aportes basales, y tiene algo de ambos de alguna manera. Se le entregó a la universidad una cantidad de recursos para que entregue gratuidad a un determinado número de alumnos hasta el quinto decil. Ahora estamos haciendo el cronograma de todos los pasos y en las próximas semanas se explicará cara a cara a todos los implicados.
¿Por qué se optó por este mecanismo?
El mecanismo es avanzar en gratuidad, no en becas. Y aunque algunos digan que es como una beca completa, que es lo mismo, no. Es un tema de conceptos. El país ha tenido becas, mejores o peores, etc. Eso no le quitaba un carácter de una relación comercial contractual con la universidad. Ahora no será así.
¿Existe claridad de cuántos son los recursos comprometidos para poner en marcha este beneficio?
Los dineros destinados no están muy claros, porque el dinero es todo aquel que se requiera, está estimado. No es una cierta cantidad, porque va a tener que pagar todo lo que sea la cantidad de alumnos hasta el quinto decil de aquellas instituciones que firman el convenio con el ministerio. ¿Cuánto es eso? Va a depender de la cantidad de alumnos del quinto decil que haya en esas universidades. Lo único que se ha regulado en esta materia es que el total de matrícula de esas instituciones que entran en gratuidad tiene que crecer en el promedio de lo que ha crecido en los últimos años, es decir, 2,7%.
Los beneficiarios se han estimado en 200 mil…
Sí, son como 200 mil alumnos en total. Se da que, por ejemplo, tienes alumnos hasta el quinto decil en universidades muy connotadas de Santiago, como la Chile o la Católica o la de Valparaíso, etc., pero tú tienes algunas regiones en que las universidades Cruch , la de Los Lagos o la de Tarapacá, casi el 80% de su alumnado está hasta el quinto decil, entonces el peso específico porcentual de lo que va a significarles esto a las universidades es bien distinto según el tamaño y la cantidad de alumnos de otros deciles que puedan tener.
¿Sólo podrán optar a la gratuidad los alumnos nuevos?
No, todos. Para los que están adentro también. Si estás en tercer año, por ejemplo, y estás en el quinto decil, también vas a tener gratuidad. Se pasa a gratuidad y pierde becas, es lo uno o lo otro.
¿Y qué pasa en el caso de los alumnos endeudados? ¿Hay condonación o se vislumbra alguna solución para ellos?
No, no va por esta línea en ningún caso. Lo que sí, es que el alumno que estaba pagando un CAE y, además, tiene una beca que le cubría un pedazo y está en el quinto decil, pasa a gratuidad y él tendrá que hacerse cargo de su situación, pero no se sigue endeudando.
¿Cómo se fijarán los recursos que se entregan a cada institución?
El ministerio todos los años determina el arancel de referencia. Y estos son distintos según la cantidad de años de acreditación que tiene cada universidad. Se supone que una universidad con más años de acreditación es una carrera más cara. Hay un arancel de referencia establecido para universidades con un determinado número de años de acreditación. Y después se establece lo que se llama el arancel regulado, que es un promedio que hay con el arancel de referencia. Si estudiar Sicología en la Universidad Diego Portales, por ejemplo, cuesta mil, y a lo mejor estudiar Sicología en la Católica cuesta dos mil y tienen el mismo número de años de acreditación, entonces busco una regulación, un promedio, y lo que va a financiar esta glosa de gratuidad es el arancel regulado, que no es exactamente el de referencia, por universidades de más o menos o igual año de acreditación, a eso le voy a financiar hasta 1,2 de ese arancel, o sea un 20% más.
¿Qué va a pasar en el caso de una universidad que elija no acogerse a la gratuidad? ¿Sus alumnos corren el riesgo de perder las becas financiadas por el Estado?
No, queda como está ahora. Pero tienen que pensar que hay un porcentaje de recursos que esa universidad destina para becas a sus alumnos de mejores ingresos y también hay mucha mora, o sea pérdida de plata que tiene la universidad por alumnos que no le pagan lo que debieran. Y de alguna manera, el Estado, al pasarle la gratuidad, le está pasando recursos que esa universidad no estaría recogiendo, porque llega algún momento en que la familia no puede pagar y también estás absorbiendo el porcentaje de becas de la universidad. Esos son los cálculos que tienen que hacer las universidades para decir ‘sí, yo entro’ a esta gratuidad con este 1,2 del arancel regulado y por la cantidad de años que dura la carrera.
¿Cómo se previene que las universidades no suban aranceles a los alumnos que pagan su educación para compensar la diferencia que se generará con el pago de aranceles regulados de los beneficiados por la gratuidad?
En este minuto, sin haber una ley de educación superior, las universidades todos los años adecuan sus precios con un cierto precio de mercado, para decirlo bien derechamente. El tema está en que, efectivamente, para poder tener gratuidad sí que está regulado el arancel. Si tú tienes que a un porcentaje de los alumnos le suben algo de esto, ya es el alumno quien tendrá que ver y reclamar, porque nosotros no tenemos y necesitamos tener una Superintendencia de Educación a la cual tú puedas decirle si están abusando o no de ti, y por eso que es tan urgente sacar la ley. En estos momentos, el ministerio no tiene atribuciones para evitar eso.
¿Está establecido cuáles son las instituciones privadas elegibles que podrán optar a la gratuidad?
Están los criterios. Y más que decir elegibles, va a depender también de esas instituciones el interés que tengan de entrar o no en gratuidad. Los criterios para ser elegibles es tener cuatro años de acreditación, no tener dentro de tu directorio instituciones con fines de lucro, aunque la institución sea sin fin de lucro no puede tener en el directorio como socios a personas con fines de lucro, y tener algún tipo de instancia de participación en instancias colegiadas de la institución.
¿Participación triestamental?
Triestamental o puede ser biestamental. Pero que haya un avance en que se note que ese tema importa. Que no sea que el rector tome todas las decisiones con sus decanos y punto.
¿Hay claridad respecto de cuántos son los establecimientos que cumplen esos requisitos?
En términos de universidades privadas, no Cruch, son como cuatro. Y en materia de instituciones de educación superior técnica está claramente establecido el Duoc, por ejemplo, porque está constituido como sin fin de lucro. Inacap ha manifestado la intención de transformarse en sin fin de lucro, pero lo va a tener que hacer durante el 2016-2017.
Inacap es un candidato a entrar plenamente a este sistema si se transforma en eso y seguramente otras instituciones. Todavía falta crecer mucho el sistema para el lado y después seguirá creciendo para arriba.
¿Ustedes van a convocar a las instituciones que cumplen con los requisitos o la iniciativa recaerá sobre ellos?
Primero, tenemos que sacar la ley. Sin eso no vamos a ninguna invitación mientras no salga la ley. Saliendo la ley vamos a informar a todas las instituciones que estos son los requisitos para entrar el 2016, por supuesto que eso lo vamos a informar. Sin ley es muy raro que se invite. Las instituciones saben si cumplen o no los requisitos.
Usted ha sido específica en que la gratuidad sólo beneficiará al estudiante en la postulación a una carrera…
Una. Hay una excepcionalidad si es que estudiaste una carrera técnica previa, porque no se van a financiar segundas carreras de nadie. Si estudiaste Periodismo y ahora quieres estudiar Filosofía, no se va a financiar la segunda. Salvo si estudiaste Técnico en Audición, por ejemplo, y ahora vas a estudiar Ingeniería en Audición, esa carrera sí se financia.
Y es por el tiempo específico de duración de la carrera. Un alumno no puede reprobar un ramo, porque eso implicaría un alargue en su carrera que no será financiado…
Se puede echar un ramo y arreglarlo con su institución si es que no se te alarga la carrera.
Pese a estas explicaciones, los rectores siguen acusando incertidumbre sobre la implementación del beneficio…
Los rectores tienen un tema con si esto les va a alcanzar económicamente o no. Hay dos miradas distintas, para los que están y saben que van a estar en esta gratuidad, que son elegibles, el tema es si esta gratuidad me cubre o no me cubre mis costos.
¿Y usted está en condiciones de asegurar que sí se los cubre?
Yo estoy en condiciones de decirles a ellos, y lo hemos trabajado, que esto debiera cubrirle sus costos. Si hay alguna universidad que se disparó en algunos costos mayores que otros, porque bajó sus años de acreditación y su arancel de referencia es distinto, va a haber casos más problemáticos, eso es así.
¿Y la otra situación?
Están los que no entran al sistema. Hay muchos CFT e IP a los que les hubiera gustado entrar en esto, pero yo digo que no iba a entrar nadie el 2016. Nadie pudo haberse hecho expectativas de que iba a contar con gratuidad, porque no iba a haber. Se tomó una decisión y se tomó para un grupo de instituciones que nos den estas garantías de que van a estar este año y también van a estar cuando esté la ley.
¿Qué sensación le dejaría que instituciones como la PUC, PUCV y la U. Alberto Hurtado se marginen de entrar a la gratuidad 2016?
Sería un hecho lamentable, porque muchos jóvenes se verían privados de este beneficio en instituciones que son muy prestigiosas, pero entiendo que si por alguna razón las cifras no les dan tienen este problema. Nosotros creemos que hay un marco de becarios internos y de mora de pago interno que sumadas ambas cosas también hace atractivo ingresar a la gratuidad. Es lo que tenemos, es lo que hay, hay que partir.
¿Se han puesto en el escenario de que la gratuidad para 2017 también tenga que ir en una glosa?
Un año es un tiempo suficiente para discutir un proyecto. No me quiero poner en ese escenario, porque esperamos tener una ley. Siempre estará abierta esta puerta como posibilidad.
¿Han calculado cuándo podríamos llegar al menos a la gratuidad total en el sistema o hasta el noveno decil?
Eso lo está trabajando principalmente el Ministerio de Hacienda, porque es un tema de disponibilidad de recursos. La Presidenta se comprometió con dejar establecido en la ley cuándo se llegaba a la gratuidad total. En la ley va a tener que señalarse bajo qué parámetros se sigue avanzando en deciles, no sé si se va a establecer en años exactos o en condicionantes exactas.
Hay quienes han amenazado con llevar al TC esta glosa…
Lo que no se trata es que una glosa modifique leyes permanentes, pero el tema de aportes económicos a estudiantes existe en las glosas desde antes. Esperemos que no haya este tipo de cuestionamientos. Me pregunto quiénes son los parlamentarios que van a ir a acusar una inconstitucionalidad de un beneficio para 200 mil familias de menores ingresos en este país. Todas las políticas públicas tienen un grado de focalización, y que alguien vaya al TC porque a jóvenes de hasta el quinto decil se les quiere entregar gratuidad absoluta me parecería francamente una bajeza.
En Revolución Democrática se ha agudizado la tensión que existe por la permanencia en el Mineduc, debido a que acusan aspectos que no los identifican de las reformas. ¿Cómo enfrenta estas críticas?
Quiero ser bien franca: no tengo ningún grupo RD acá adentro que haya hablado conmigo como RD. Sé que el jefe de Educación General, Gonzalo Muñoz, es de RD, más allá de toda su trayectoria como investigador es un técnico que tiene su opción. Del resto de la gente no tengo idea, no le he preguntado a nadie. Hay un mito urbano de que hay aquí un grupo RD enquistado que negocia con el ministro. No existen como grupo dentro del ministerio, nunca me he reunido con ningún grupo RD ni para lo bueno ni lo malo. Yo espero que la gente que tiene cargos cercanos adhiera al programa de la Presidenta.
¿Y cómo toma las recientes críticas del fundador de Educación 20/20 respecto del gobierno?
Tengo un afecto histórico hacia él, pero poquito por sus posturas actuales. El es una persona muy capaz y trabajé con él muchos años en Educación 20/20. Sabe mucho, es muy inteligente, le tengo mucho aprecio, pero sus últimas declaraciones no las comparto para nada y así se lo hice saber.
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Gratuidad pero con cambio de paradigma
Lo importante es situarnos en la discusión del estudiante como sujeto de derechos, lo que anima un debate más profundo hacia un cambio de paradigma. La glosa presupuestaria no hace dicho cambio.
LA NUEVA Mayoría asumió, en el programa de gobierno, el compromiso de avanzar en materia de gratuidad de la educación superior. La Presidenta, en el discurso del pasado 21 de Mayo, anticipó una medida que todos entendemos que para que sea verdaderamente definitiva, debe realizarse a través de una ley especial que sancione un régimen permanente de gratuidad, por lo que el Ministerio ha comprometido su pronto envío al Parlamento.
Lo importante es, sin duda, situarnos en la discusión desde la perspectiva del estudiante como sujeto de derechos, lo que anima un debate más profundo: mantener una lógica de financiamiento a través de becas, o el cambio de paradigma hacia donde queremos avanzar que es el financiamiento a las instituciones (financiamiento basal). La glosa que veremos en el Congreso no hace ese cambio de paradigma, que espero sí ocurra en la discusión de la ley, ya que sigue operando bajo la misma lógica de los instrumentos que actualmente conocemos. En términos generales, sigue siendo un financiamiento al alumno.
Son varios los aspectos que desde ya nos preocupan respecto de la glosa en cuestión, incluyendo el incremento en Compra de Título y Valores, es decir, los dineros destinados al Crédito con Aval del Estado, con un incremento de un 40%, recursos que van directamente a los bancos. Hubiera sido una gran noticia que estos recursos se reasignaran a gratuidad.
Considero también preocupante que en la glosa se plantee un máximo de crecimiento de la matrícula de un 2,7% respecto de 2015; dicha exigencia impuesta en la glosa deja en desventaja a las universidades del Estado, lo que en mi opinión no sólo limita la autonomía institucional, sino que puede ser una forma encubierta de seguir privilegiando la educación superior privada.
Llama la atención, asimismo, que no existe una fórmula que permita conocer la distribución de estos recursos a las instituciones, por lo que considero importante que exista un componente regional y territorial en el aumento presupuestario que permita, entre otras cosas, incorporar la asignación de zona, ya que precisamente las desigualdades históricas a las que instituciones como Magallanes, Tarapacá o Atacama se han visto sometidas desde la entrada en vigencia de la Ley de Educación Superior de 1981. En lo esencial, esta norma privatizó el sistema y no consideró distinciones territoriales, considerando que las universidades estatales de regiones y zonas estratégicas han contribuido al desarrollo del país, dando garantías de pluralismo, pertinencia y calidad, y que siendo de todos los chilenos, han debido competir permanentemente en situaciones de desigualdad con las universidades privadas.
Lo cierto es que la redacción de ese párrafo de la glosa abre varias interrogantes, que espero puedan ser clarificadas en esta tramitación del proyecto de presupuesto. Algunas, referidas al concepto de “grupos de carrera”; asimismo, la necesidad de conocer los antecedentes mediante los cuales se asimilan los años de acreditación a temas de financiamiento. Esto es especialmente relevante si recordamos una experiencia no del todo positiva, cuando se usó la acreditación para el crédito con garantía estatal, con los problemas asociados a ello. Se generaron tensiones donde la acreditación terminó arbitrando acceso a financiamiento y no la política pública. En mi opinión, ello es desvirtuar el proceso de acreditación.
Son muchas las interrogantes y preguntas. Quizás, porque esencialmente, se requiera debatir desde otra mirada, una más integral y sistémica, donde, insisto, velemos por los estudiantes, como sujetos de derechos y, obviamente, por una mejor calidad en nuestra educación superior.
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Construyendo gratuidad
Asumimos la glosa 05 de la partida presupuestaria de educación superior como el primer gran paso del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de gobierno con esa demanda social.
SE HABLA mucho estos días acerca de gratuidad en educación. Algunos lo hacemos desde la satisfacción de haber comenzado un camino necesario, que tardamos en iniciar, pero que es irreversible, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación a los jóvenes chilenos. Otros, por distintas razones, lo hacen desde la defensa dogmática del mercado o cuestionando las formas de avanzar hacia esa meta.
Hasta 2011 avanzar a la gratuidad era difícil y ni siquiera formaba parte del debate público, lo que es mérito de los estudiantes y de millones de chilenos que se movilizaron tras esa bandera. Por eso, asumimos la glosa 05 de la partida presupuestaria de educación superior, por más de $ 536 mil millones, como el primer gran paso del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de gobierno con esa demanda social.
Más allá de la caricatura que algunos han querido hacer respecto de la evolución que ha tenido en el tiempo la forma de implementación de la gratuidad, siempre ha estado claro que, al igual como las otras medidas implementadas en el marco de la reforma educacional, ésta será gradual, lo que en ningún caso le resta valor.
Y aunque se quiera boicotear la gratuidad generando polémicas artificiales respecto de los requisitos para acceder a este derecho, se trata sólo de criterios razonables que existen en todo país democrático que quiere invertir sus recursos en educación, sobre todo para Chile, donde mediante la dictación de leyes hasta el último día de la dictadura, se instaló un sistema basado en el mercado y el rol subsidiario del Estado.
La gratuidad es un elemento para garantizar el derecho a la educación, pero no es el único. No hablamos de un derecho sin contenido, de algo que se cumpla sólo mediante la gratuidad. Tampoco se trata de entregar recursos a instituciones que hacen de la educación un negocio que excluye, discrimina y aumenta la desigualdad. El Estado, aunque a algunos no les guste, no puede seguir prestándose para eso.
Con esta glosa los estudiantes accederán a una educación gratuita con garantías. Porque no podrán optar a la gratuidad instituciones que lucren, que discriminen en el acceso, que no tengan mínimos de pluralismo y participación. Deben tener un compromiso real con lo público y el desarrollo del país. La discusión sobre gratuidad no puede centrarse en cuántos jóvenes serán beneficiados, sino también en el tipo de instituciones que serán parte del sistema.
Y es relevante que a diferencia de todo lo que se ha hecho antes en materia de financiamiento, a partir de ahora los estudiantes que estén dentro del quinto decil socioeconómico, cuando se matriculen en una universidad o instituto, no tendrá que firmar ningún documento que lo comprometa a un pago posterior. Será un mecanismo automático, cuando los ingresos de las familias sean de hasta $ 550 mil.
Y como lo ha dicho la ministra Delpiano, aunque la fórmula de gratuidad cubrirá el tiempo formal de duración de una carrera, más que verlo como un problema para los estudiantes, es una oportunidad para que se revisen las mallas y la duración de sus carreras. A ello debe sumarse la regulación de aranceles y el límite al crecimiento de la matrícula, que dan valor adicional a la calidad.
Algunos seguirán calificando este gran paso como un “avance puntual”. Nosotros creemos que va en la dirección correcta, que fortalece el debate sobre una verdadera educación pública y su insustituible rol en la sociedad. Los cambios de fondo no se hacen en un día. Seguiremos avanzando hacia esa meta, que nos permita construir un Chile más y mejor educado, pero también más justo y menos desigual.
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Patricio Zapata (DC) sobre incluir gratuidad vía ley de presupuesto: “Se puede, pero es difícil”
“¿Es correcto tratar de manera distinta a dos estudiantes de la misma condición socio económica en razón de la elección de universidad que hicieron en el pasado cuando la regla era desconocida? La respuesta que cualquier abogado formulará es sólo una: no, no es correcto”, afirmó ayer el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en El Mercurio, sobre lo planteado por la Presidenta Michelle Bachelet en el anuncio del Presupuesto 2016, que incluyó la propuesta de gratuidad en la educación superior.
Y es que la propuesta del Ejecutivo -que contempla que la educación será sin costo directo para 200 mil estudiantes de educación superior pero siempre y cuando estudien en instituciones “que no tengan lucro y que cumplan criterios de acreditación y participación”- ha generado debate a nivel político y entre los expertos en la materia sobre todo, por incluir gratuidad vía ley de presupuesto.
El abogado constitucionalista DC, Patricio Zapata, en conversación con “El Líbero”, analiza los principales efectos de la propuesta. Si bien aclara que hasta no conocer la totalidad de la glosa presupuestaria en educación no se puede afirmar si existe inconstitucionalidad, sí advierte ciertos problemas que podría generar esta fórmula. Afirma que sí se puede llevar a cabo, pero que será difícil.
“Uno de los problemas de usar este puente transitorio para iniciar la gratuidad, es que tú no debieras alterar o afectar definiciones que están en leyes permanentes, por ejemplo, los aportes fiscales directos a las universidades”, afirma Zapata y agrega que “el gobierno ha puesto mucho énfasis en que aquí estamos frente a un derecho universal, el derecho a la educación gratuita de calidad. Si es un derecho universal, tiene que estar preparado el legislador a que se hagan las preguntas que hace Carlos Peña”.
– En su partido han deslizado críticas con respecto a que se modifique el sistema de financiamiento de la educación superior en la ley de presupuestos. ¿Cuál es su impresión sobre la propuesta del gobierno?
– Hay varias diferencias entre la ley de presupuesto y las demás leyes. Y muchas veces uno pierde de vista esas diferencias. La diferencia básica es que la ley de presupuesto es una ley periódica, dura un año. La segunda diferencia es que su tramitación está regulada como una chaqueta de fuerza, cuando se presenta y hasta cuándo se discute. Las demás leyes no están sujetas a este tipo de restricciones. Entonces, la idea de la Constitución es que uno no use la ley de presupuestos para fijar políticas públicas permanentes. La Presidenta ha dicho que esto es un anticipo porque va a venir la ley que va a fijar la política permanente. Pero ya hay un problema importante, porque tú vas a tener que buscar una especie de puente transitorio hasta que llegue esa ley. Ese puente transitorio no puede aceptar leyes permanentes.
– En ese sentido, ¿cuáles serían los principales efectos que podrían generarse?
– Uno de los problemas de usar este puente transitorio para iniciar la gratuidad es que tú no debieras alterar o afectar definiciones que están en leyes permanentes. Por ejemplo, los aportes fiscales directos a las universidades. Ahí se define qué universidades reciben dineros. Entonces, una pregunta es ¿no se debieran usar los dineros llamados basales o no se debieran fijar porque están fijados en una ley permanente?
– ¿Podría haber inconstitucionalidad?
– No me atrevería a decir que hay una inconstitucionalidad sin ver la glosa.
– ¿Entonces cuáles es el problema en concreto?
– El problema es que aquí estamos hablando de un derecho. El gobierno ha puesto mucho énfasis que aquí estamos frente a un derecho universal, el derecho a la educación gratuita de calidad. Si es un derecho universal, tiene que estar preparado el legislador a que se hagan las preguntas que hace Carlos Peña. ¿Por qué dos estudiantes que son ambos del primer decil van a recibir montos distintos por el sólo hecho de que hace dos años decidieron entrar a una universidad con o sin participación? En ese sentido, el gobierno, al decir que estamos hablando de un derecho universal se autoimpone un nivel de exigencia de igualdad mayor.
– Entonces, ¿es viable la propuesta del gobierno?
– Una ley de presupuesto tienen particularidades propias y hay muchos problemas. Se puede, pero no vas a poder tocar leyes permanentes. Entonces, esto requiere la habilidad de un cirujano, ¿cómo hacer un sistema de apoyo económico, aunque sea sólo por un año, sin tocar leyes vigentes que establecen eventualmente apoyos a las universidades, sistemas de crédito, de becas? La Presidenta está comprometida a empezar a cumplir, es muy legítimo, la ley de presupuesto se puede usar, pero hay que esperar a ver si se logró ese trabajo quirúrgico.
– ¿Qué debe hacer el gobierno entonces?
– Sí se puede hacer, pero es difícil, exige un enorme nivel de precisión y rigor el hacerlo a través de esta ley periódica y tan peculiar. Hasta que no estudie en detalle la fórmula no puedo responder a la pregunta si se ha logrado ese nivel de precisión.
FOTO: AGENCIA UNO
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