Tribuna

El Mercurio, Jueves 01 de octubre de 2015

Nunca un gobierno puso tanto énfasis y entusiasmo en una meta y, al mismo tiempo, tuvo tan pocos logros a la hora de diseñar cómo alcanzarla. Es lo que hasta ahora había ocurrido con la educación superior. Convertida en la llave maestra para corregir lo que aparecía como el curso torcido de la modernización (la desigualdad, la falta de sensibilidad hacia el mérito), no se había logrado dar siquiera el primer paso.

Luego del discurso de anoche de la Presidenta, solo cabe concluir que ese paso aún no se logra. La glosa presupuestaria que se esperaba fuera un atajo eficaz para anticipar parte de la reforma a la educación superior sigue pendiente.

Hay en las palabras de la Presidenta un bosquejo; pero desgraciadamente se trata de un bosquejo erróneo. ¿Qué dijo la Presidenta? Expresó textualmente lo que sigue:

“Y como prometí, el 2016 daremos los primeros pasos en la gratuidad de la educación superior. El próximo año los estudiantes que pertenezcan al 50% más vulnerable del país, que estudien en entidades que no tengan lucro y que cumplan criterios de acreditación y participación, no van a pagar su educación”.

Si las palabras de la Presidenta se convierten en una regla -si ellas reflejan fidedignamente lo que subyacería en la glosa que Hacienda ha preparado-, entonces se trataría de una política discriminatoria, que trataría de manera desigual a los estudiantes, penalizando retroactivamente la elección de universidad que ellos alguna vez hicieron.

En efecto, si un estudiante del primer decil eligió en el pasado una universidad que carecía de participación, él no gozará de gratuidad alguna hoy día. Si, en cambio, un estudiante de ese mismo primer decil escogió en esa misma fecha una universidad participativa, entonces dispondrá de gratuidad. Pero ocurre que ninguno de ellos a la hora de hacer su elección (ambas, a la fecha en que se efectuaron, eran perfectamente legítimas) sabía cuán relevante sería la participación. La pregunta es obvia: ¿es correcto tratar de manera distinta a dos estudiantes de la misma condición socioeconómica en razón de la elección de universidad que hicieron en el pasado, cuando la regla era desconocida?

La respuesta que cualquier abogado formulará es solo una: no, no es correcto.

El criterio que acaba de formular la Presidenta (es de esperar que lo haya hecho como consecuencia de las exigencias retóricas del mensaje y de la concisión que reclama la televisión, más que como resultado del diseño de la futura política) es jurídicamente inaceptable. Equivale a tratar de manera distinta a dos personas que se encuentran en la misma situación atendiendo a sus elecciones pasadas, aquellas que realizaron cuando el criterio que ahora las distingue no era conocido, ni público. Penalizar a las personas -en este caso los estudiantes más desaventajados- en razón de las decisiones que alguna vez adoptaron, es una decisión retroactiva que no puede ser jurídicamente aceptada.

En la Carta de Bonn se dice que un derecho fundamental es el derecho al desarrollo libre de la propia personalidad. De ahí la jurisprudencia alemana concluyó alguna vez que las leyes retroactivas eran inconstitucionales porque lesionaban el derecho a planificar la propia vida. Si sus decisiones actuales que a la luz del derecho vigente son plenamente legítimas, están expuestas a que le sean reprochadas en el futuro, entonces el derecho a la autonomía, a modelar su futuro en base a sus propias decisiones, se encuentra amenazado.

¿Hay alguna forma de eludir el reproche de grave inconstitucionalidad? Por supuesto que sí. Y el debate de la Ley de Presupuestos dará oportunidad de hacerlo.

El único camino consiste en que el Gobierno retome el camino de las líneas programáticas que ofreció al país. En ellas (¿por qué después de haberlas venerado ahora se las abandona en aquello que tienen de sensato?) se prevé la creación de un programa de equidad para las universidades que satisficieran un conjunto de requisitos. Así diseñado, se trata de elaborar un subsidio a la oferta, un subsidio a las instituciones que se muestran dispuestas a satisfacer ciertas condiciones relativas a objetivos públicos, en vez de diferenciar entre los alumnos.

Es verdad que dicho así el anuncio no cumple la función de brindar gratificación inmediata al electorado (y servir de levadura para la aprobación gubernamental); pero esa es la única posibilidad de que el atajo que se quiere tomar en la Ley de Presupuestos para la reforma a la educación superior no lleve a un camino sin salida.

Carlos Peña