En el ranking Scimago-Scopus 2015 (que valora la calidad de la investigación), la Universidad de Chile ocupa el lugar 1 en el país, 10 en América Latina y 25 (entre 526) en Iberoamérica, lo que evidencia que queda mucho trabajo por realizar para ubicarse en posiciones de liderazgo internacional. Si este trabajo no se realiza con seriedad institucional, académica y financiera, la U. de Chile corre el riesgo de la mediocridad e irrelevancia.

La autonomía que tiene por estatutos la U. de Chile para definir su gobernanza y organización académica está en riesgo, y podría verse afectada por el Ministerio de Educación y una glosa presupuestaria que le imponga condiciones en esos ámbitos para recibir los aportes por gratuidad. La misión histórica de la U. de Chile y su financiamiento -necesario para preservar su autonomía académica y calidad- no pueden ser capturados y quedar a merced de funcionarios de turno.

En una muestra de esa discrecionalidad y arbitrariedad funcionaria, que de manera irresponsable juega con el destino de las universidades, en el proyecto de Presupuesto de la Nación 2016 desaparece ya definitivamente el 5% incremental del Aporte Fiscal Directo (AFD), comprometido por diez años a las universidades tradicionales por el Estado en 2011, que se aplicó entre 2012 y 2014. En el caso de la U. de Chile, este despojo de recursos basales de libre disposición le significa dejar de recibir US$ 205 millones en el período 2012-2021, y US$ 25 millones anuales recurrentes a partir del 2022, con los que había constituido un fondo de inversión para desarrollar armónicamente todas sus disciplinas. Este despojo causa un daño permanente a la calidad de la Universidad y a su comunidad.

Por años, el reajuste al AFD ha sido menor que el Índice de Remuneraciones del Sector Público (IRSP). Las remuneraciones en la universidad se reajustan según el IRSP, y la diferencia -no cubierta por el Estado- ha obligado a reajustar los aranceles de los estudiantes por ese índice. La ley debiera garantizar, entonces, que los aportes por gratuidad se reajustaran a lo menos según el IRSP.

La autonomía académica y la calidad son parte de los valores esenciales de la Universidad, y su defensa no debe relativizarse según sean los sectores o las políticas que las amenacen.

Víctor Pérez Vera
Ex rector de la Universidad de Chile