I

El proceso constituyente convocado por la Presidenta Bachelet podría llegar a ser un interesante espacio de experimentación para combinar modalidades de democracia representativa, participativa y deliberativa en una sociedad de masas, intensamente mediatizada desde el punto de vista de la comunicación y sujeta a lógicas de racionalización experta y tecnocrática.

Son muchos los elementos en juego: competencia entre élites, el sistema de partidos, los poderes del Estado, la opinión pública encuestada, grupos de presión, movimientos sociales, agrupaciones de nivel local y regional, lucha de ideas e ideologías, expertos en materias de derecho constitucional, innovaciones de procedimiento y de fondo durante el proceso, pugna por controlar su orientación y resultados. Hay envueltos temas de confianza y legitimidad; hay riesgos e incertidumbres; hay proyectos de mediano y largo plazo que quedarán sujetos a la resolución de las controversias en torno a la Carta Fundamental.

Asimismo, el inicio del proceso constituyente crea una nueva agenda de asuntos que está por verse si llega a dominar el debate nacional. En cualquier caso, crea un escenario distinto para la relación entre el bloque oficialista y la oposición; introduce factores adicionales de inestabilidad para los diferentes actores y abre las puertas para que ingresen nuevos protagonistas al campo de la discusión político-técnica.

Puede ser algo romántico imaginar que el país entrará en modo de repensarse desde cero, a partir de una hoja en blanco, como señaló un ministro del gobierno, pero -se quiera o no, se lo anhele o tema- el proceso constituyente ampliará el horizonte de la discusión, levantará tópicos novedosos y la polis podría llegar a adquirir una vitalidad distinta de las rutinas más convencionales y burocráticas que suelen caracterizar la vida política de la nación.

II

Sin duda, como ocurre siempre en una democracia con los temas de interés colectivo, todo dependerá de la dirección que el gobierno imprima al proceso constituyente.

Hasta el momento, prácticamente a lo largo de todo el presente año, la administración Bachelet se ha visto afectada por una seria desorientación y pérdida del asentimiento por parte de la opinión pública encuestada. La popularidad de la Presidenta se desplomó en el primer semestre  y no ha vuelto a recuperarse más que en el margen. También la coalición de gobierno ha carecido de conducción y ha experimentado una erosión de la confianza social junto con el resto de la dirigencia política y parlamentaria. Las iniciativas gubernamentales de reforma y legislación, así como su gestión política y administrativa, han mostrado escasa efectividad. Algo ha mejorado la situación tras el cambio de gabinete del mes de mayo pasado, pero aún los déficit de acción del gobierno son mayores que sus virtudes; más los impactos negativos sobre el clima de opinión que las ganancias en favor popular.

De hecho, el diseño y la puesta en marcha del proceso constituyente se han visto envueltos en las mismas dinámicas que acabamos de describir. La idea de un drástico cambio constitucional, que el gobierno imaginó como un ariete de su plan de reformas y como un tema de movilización, apoyo y compromiso con su visión refundacional del país, a poco andar se convirtió en un tema incómodo, difícil de manejar. En vez de poner en debate sus ideas para una nueva República, un Estado democrático social de derecho renovado desde sus pilares, un generoso estatuto de derechos sociales y otras materias de orden fundamental para la economía y la sociedad, la reforma constitucional quedó pronto reducida a un debate de dos caras. En el plano público, masivo, a un debate entre sí o no a una asamblea constituyente. En el plano técnico, a una discusión esotérica entre expertos sobre procedimientos alternativos para dar curso a una nueva Carta Fundamental: instancias, actores, reglas, plazos, quórum.

Ahora que hemos llegado finalmente al punto de partida, y se esperaba que el gobierno propusiera una bien meditada y estructurada secuencia de pasos para aprobar una nueva ley fundamental, descubrimos que la confusión y las incógnitas se mantienen. El gobierno vuelve a mostrar las habituales vacilaciones y comunica mensajes imprecisos. Propone un intrincado proceso que arranca con un ejercicio de pedagogía pública y podría desembocar en varios años más, si no descarrila antes, en una nueva carta sobre cuyos contenidos sin embargo el gobierno prefiera callar.

Ahora viene lo interesante. A pesar de todo lo anterior, el gobierno parece dispuesto a hacer un experimento recurriendo a diferentes formas y distintas lógicas de democracia. De ser así, podríamos estar ante una iniciativa política interesante.

III

¿Cómo justifica el gobierno su espíritu experimental?

La tesis de fondo, tal como la expone el ministro Eyzaguirre en una entrevista el día domingo pasado, es que el proceso no debe ser “desde arriba para abajo, sino que de abajo para arriba”. “Lo que queremos -explica- es que por lo menos el sentido, la intuición de cuál es el país que queremos construir, venga desde la gente”. Es pues la idea de una democracia participativa la que ahí aparece, aunque de manera curiosa. Pues del pueblo se esperan intuiciones, no conocimientos, ideas, propuestas.

Por lo mismo, abunda el ministro, el gobierno no ha querido partir por una discusión de los contenidos constitucionales, porque entonces “estaríamos influyendo desde las élites hacia la base qué es lo que se discute”. ¿Entonces qué y cómo van a discutir los cabildos de nivel comunal, provinicial y regional? Expresarían, entiende el ministro, cómo esa base ciudadana imagina la Constitución que quiere, sin texto  previo o de apoyo. “En ese sentido es a partir de una hoja en blanco”. Habría pues un momento mágico de suspensión de la cultura, de la historia vivida y las múltiples influencias -de ideas, creencias y mitos- que circulan por los medios de comunicación, las redes sociales y la conciencia colectiva.

Ahora bien, ¿cómo discutiría la gente para arribar a algún resultado? En esta parte el ministro da paso a su visión de democracia deliberativa. Y se topa con un antiguo problema: el del número de participantes que ha de admitirse en un foro abierto a todos que pretende deliberar, o sea, razonar en conjunto.

En efecto, a los cabildos podrían llegar diez personas o cinco mil. “Es un problema administrativo que aún no hemos resuelto”, declara la autoridad. Y agrega: sería posible  extender la participación todo lo que se quiera a través de Internet; podrían participar no solo personas sino también agrupaciones y comunidades, y pueden celebrarse varios cabildos por provincia. “Vamos a ir calibrando esto en función de cómo se vea la participación”. Se trata pues, auténticamente, de una improvisación. Es un experimento social.

En cuanto a los resultados de tales deliberaciones, el ministro los concibe como una “una especie de lista de preferencias y de deseos”. Por el contrario, reflexiona el ministro, “sería ilusorio pensar que por el mero proceso de convergencia deliberativa usted va a llegar a una Constitución, porque eso tiene una cantidad de tecnicismos que no son propios de un proceso de convergencia deliberativa”. Más bien, ocurría que “en un momento, la Presidenta va a tomar todo eso [lista de preferencias y deseos] y va a presentar una nueva Constitución… Ahí se harán opciones porque a veces los deseos pueden ser contradictorios los unos con los otros o tienen que ser jerarquizados”.

De modo que, en este experimento, la Presidenta será una suerte de mediadora de lo que viene del abajo, la gente, y las élites arriba. “Queremos reflejar lo mejor posible lo que la gente opinó a través de las bases ciudadanas para una nueva Constitución. Ahora bien, se explaya el ministro, es perfectamente posible que haya allí opiniones que haya que conciliar (sic)”. ¿Cómo? La Presidenta adoptaría en ese momento un punto de vista “que va ser el punto de vista de este gobierno, pero no necesariamente es vinculante para la sede constituyente que lo apruebe”.

¿Significa esto que las voces de la participación serán meros ecos en un espacio vacío? Si y no, responde la autoridad. “No es que la nueva Constitución sea exactamente lo que salga de estos cabildos o que las bases ciudadanas vayan a terminar en un documento secreto que vaya a los anaqueles de la Biblioteca Nacional…”. Por otro lado, sin embargo, al discutirse ya en sede legislativa la nueva Carta, entonces “siempre va a estar el referente de lo que opinó la gente y eso es una fuerza de gravedad muy fuerte”.

En suma, el ministro Eyzaguirre expone una visión tentativa aún y sin duda poco elaborada, la cual sin embargo es interesante, aunque encierra una serie de tensiones: entre la gente, base, pueblo, abajo versus élites, expertos, posiciones potencialmente impositivas, arriba; entre imaginación, intuición, deseos expresados por los cabildos versus puntos de vista, traducciones legales, tecnicismos que vienen de lo alto; entre espontaneidad, preferencias individuales y comunitarias versus conciliaciones, jerarquizaciones y ordenamientos.

IV

¿Tienen las ideas ministeriales y el experimento de ampliación democrática propuesto por el gobierno resonancia dentro del debate político y académico respecto de nuevas formas, o combinaciones de formas, de la democracia? Por cierto que sí, aunque de maneras diversas y a veces también en direcciones contradictorias.

Por lo pronto, hay un filón romántico en la visión de algunos tecnopols y académicos de la Nueva Mayoría (NM) y del gobierno, de acuerdo con la cual el pueblo, la gente, la base ciudadana y algunos movimientos sociales (progresistas) son considerados generadores de intuiciones y deseos que idealmente deberían expresarse, sin intermediación representativa, en la esfera de decisiones políticas. Es la nostalgia por Pericles y la democracia directa. En cambio, la figura político-legal de la representatividad es mirada con desconfianza y rechazada por algunos círculos intelectuales por provocar supuestamente distorsiones de la voluntad soberana. Bienvenidos a la democracia pastoral de Rousseau.

Este rechazo de la democracia representativa, aunque no franco ni completo, se acompaña con la idea de que un conjunto de prácticas participativas podrían sustituir a la representación. No se atiende, sin embargo, al hecho de que la participación moviliza, en general, a las a personas con mayor educación, recursos y tiempo a su disposición, o a aquellos que son parte de ‘minorías organizadas’.

Parte del problema que tiene el gobierno -y continuará teniendo- en relación al proceso constituyente es que los resultados de la participación ciudadana serán inevitablemente no-vinculantes, precisamente porque aquella es no-representativa. Quizá por eso, las experiencias de democracia participativa -en Chile y otras partes del mundo- mantienen su carácter de base, popular, movilizado, dinámico, solo por períodos acotados. Pronto los participantes descubren que sus opiniones y decisiones ingresan a un complejo entramado de mediaciones y tiendan a ser reelaboradas en función de esferas decisiones que escapan a su control.

A su turno, las experiencias participativas se prestan -como se halla bien documentado- para diversas formas de manipulación, generándose a partir de los propios espacios participativos una nueva serie de dicotomías del poder: asambleas y élites, abajo y arriba, base y dirigencia.

Aún mayores dificultades parece estar encontrando el gobierno Bachelet para dar un cauce a ciertas modalidades de democracia deliberativa. Por lo pronto, el propio ministro parece entender que se trataría de algo así como una conversación basada en la participación; una manera -dice él- de expresar sueños, imaginaciones, deseos. La deliberación semeja entonces una suerte de intercambio de anhelos y opiniones dentro del estado llano.

Sin embargo, la deliberación invocada por la democracia es algo bien distinto; como dice por ahí Habermas, es un ejercicio donde ninguna fuerza prevalece salvo la del mejor argumento. Es un intento por reconciliar la polis con el logos. Una interpretación comunicativo-racional de la política y el poder. Por eso mismo la deliberación supone una serie de condiciones de posibilidad y, en lo fundamental, una comunicación libre de distorsiones introducidas por intereses o asimetrías de poder. Tiene que haber igualdad, reciprocidad y disposición a someterse al mejor argumento, características todas muy ajenas a la conversación dentro de  los cabildos propuestos para el proceso constituyente.

Justamente por eso, el tamaño de los públicos razonanantes no es un problema meramente administrativo según parece creer el ministro, sino una cuestión teórico-práctica arduamente debatida entre los académicos partidarios de la democracia deliberativa. Como señala Parkinson, “hay muy poco en la comunicación masiva pública, incluyendo una buena parte de los debates en los media, los procesos de referéndum de gran escala, e incluso asambleas públicas, que merezca la etiqueta de ‘deliberativa’”. Del mismo modo, podría estimarse que nuestros cabildos serán, ante todo, expresivos, no habermasianamente deliberativos.

V

Las nuevas formas democráticas nacen más de la combinación de diversas modalidades de representación, participación y deliberación, que por la instauración de una de ellas con exclusión de las otras.

La experiencia de múltiples modalidades democráticas que confusamente buscan estructurarse en torno al proceso constituyente podría servir como campo de experimentación y aprendizajes de innovación política.

¿Resultará así? Se necesitaría reunir al menos cuatro condiciones.

Primero, debería reforzarse todo lo posible el polo institucional y representativo como eje central, pues, a esta altura del debate académico-político, parece evidente que sin representación no hay democracia, sino formas distorsionadas de una democracia que no es tal: popular, autoritaria, bolivariana, real, socialista, etc. La administración Bachelet ha optado por adoptar ese eje como orientación y por eso el proceso constituyente desemboca en el Congreso Nacional, debiendo allí superar la exigente valla de un alto quórum para poner en marcha el proceso legislativo-representativo de cambio.

Segundo, para el gobierno se ha vuelto imprescindible evitar que la fase inicial del proceso constituyente diseñado, la fase pedagógica o de educación cívica, se convierta en un intento de preparación/manipulación de los públicos que posteriormente participarán en los cabildos. En realidad, es contradictorio con el espíritu de la democracia participativa y deliberativa tratar a los ciudadanos como una minoría, necesitada de una formación especial ofrecida por el gobierno. Por lo mismo, la fase inicial debería limitarse a difundir información que pueda servir a la base ciudadana para formarse sus propias opiniones. Eso y no más.

Tercero, la participación debería organizarse como oportunidades para generar insumos -argumentos, en lo esencial- que sirvan a las instancias representativas y deliberativas a las cuales corresponde decidir. En cambio, no debería convertirse en un cultivo de sueños, imaginaciones y deseos que, al final, serviría un fin más bien catártico que formativo de una racionalidad pública. Si la tensión entre participación y representación no se gestiona correctamente, pueden crearse tensiones que al final del día generen una mayor presión sobre, y descrédito de, los organismos y mecanismos representativos.

Cuarto, el gobierno -principal órgano ejecutivo elegido por la voluntad ciudadana- tiene que conducir el proceso en cuanto a contenidos de fondo de una manera más activa, con el concurso de los partidos de la NM y escuchando la voz crítica de los opositores y las opiniones ciudadanas. Suponer que esto podría contaminar la discusión de los cabildos y luego del Congreso es tener una visión demasiado esquemática y simplificada de la comunicación dentro de las sociedades democráticas. Más bien, la abstinencia del gobierno genera un vacío que podría fácilmente ser llenado por las voces de la demagogia o bien manipulado por minorías activas, al mismo tiempo que implica una renuncia de la élite política gobernante a ejercer su rol de conducción.

En fin, la coyuntura del proceso constituyente -bien aprovechada por todos los actores y gestionada con la idea de democratizar la democracia- podría servir para encontrar nuevos equilibrios entre representación, participación y deliberación. Para dar ese giro a la coyuntura, se requiere urgentemente un gobierno y una NM que se pongan a la altura del desafío.

José Joaquín Brunner: Foro Líbero.