La glosa de la gratuidad y las arenas movedizas

Por Andrés Sanfuentes, Diario Financiero, 16 de octubre de 2015

Hace pocas semanas murió Henning Mankell, el famoso escritor sueco que revitalizó la novela negra norteamericana de la gran Depresión, como lo destacó el crítico literario Camilo Marks, y creador del comisario Kurt Wallander. Una de sus mejores novelas se titula “Arenas movedizas” y ocurre en ambientes sombríos similares a los que ha estado generando el Mineduc ya en forma reiterada. También podría recurrirse a Alfred Hitchcock para describir el suspenso que se ha provocado con sus últimas iniciativas; claro que los continuos cambios más recuerdan a “Vértigo” que a “Los pájaros”.

El primer anuncio, de utilizar el Presupuesto Fiscal para avanzar en la gratuidad de la Educación Superior (ES), despertó algunas críticas, pero las sucesivas aclaraciones ministeriales han tenido la particularidad de sumar la totalidad de los involucrados a las objeciones, desde las instituciones educadoras hasta las federaciones estudiantiles dirigidas por el anarquismo. Se consiguió lo imposible: unidad.

Hay que partir por señalar que el gobierno también tiene un libro sagrado, tan importante como la Biblia, la Torá o el Corán para los religiosos; se trata de “El Programa”, cuyo texto debe ser cumplido con rigurosidad, por lo cual “la gratuidad universal” no se debe discutir sino implementar. De allí la propuesta en discusión y la urgencia en apurar el primer paso, a pesar de las improvisaciones. Una consecuencia fue la curiosa discusión que se tenía que otorgar gratuidad y no becas.

Uno de los aspectos decisivos en la iniciativa es la consideración de la Educación Superior como un derecho social. El punto es debatible, porque no es constitucionalmente obligatoria como ocurre con los niveles preuniversitarios y, por lo tanto, no se pueden exigir que el Estado la entregue sin costo para el beneficiario. Aún más, surge el aspecto de quién es el beneficiario de este eventual derecho, y no cabe duda que sería el estudiante, por lo cual podría elegir libremente la institución de su preferencia, siempre que el Estado acredite una calidad mínima.

También hay otras “ideas fuerza” que inspiran la iniciativa y que quedaron reflejadas en la discusión de la ley de inclusión, ya aprobada con muchas modificaciones. Una de ellas es el horror al “lucro”, culpable de la mercantilización y de la desigualdad en la sociedad, flagelos que son efectivos y que influyen en esta obsesión gubernamental. Incluso en “la glosa” se ha llegado a excluir a la mayoría de los institutos profesionales y centros de formación técnica de los eventuales beneficios a causa de su institucionalidad jurídica, a pesar que la ley actual permite obtener beneficios económicos a las instituciones. Se permitiría al DUOC tener la aprobación pero no al Inacap por estar constituida como sociedad, a pesar que sus propietarios son corporaciones sin fines de lucro, entre ellas una estatal, Sercotec.

Otra preocupación gubernamental que ha distorsionado el tema es el rechazo de los subsidios a la demanda y la obsesión por destinar los recursos fiscales a la oferta, las entidades que entregan la docencia. El problema es que si el estudiante tiene el derecho social a la educación y se quiere favorecer a los más vulnerables, por definición se cae en subsidios a la demanda. Otra cosa es que el Estado tenga la responsabilidad de velar por la calidad de la oferta docente e impedir que se entreguen recursos fiscales a esas instituciones, aunque el estudiante de menores recursos la prefiera.

En circunstancias que el gobierno no ha hecho su propuesta integral de reforma a la Educación Superior, prometida para fines de 2015, para lo que incluso designó un equipo asesor mandatado a efectuar recomendaciones sobre el tema, no parece aconsejable aprobar “la glosa” tal como fue propuesta, dadas las consecuencias que podrían tener las decisiones que las instituciones adopten en este ambiente de incertidumbre. Desde ese punto de vista, parece aconsejable para avanzar en equidad utilizar, durante 2016, el actual sistema de becas que está en funcionamiento.

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La gratuidad y un espectador imparcial

por Carlos Williamson, Investigador Clapes-UC  ,  La Terecra, 16 octubre 2015

UN PRESTIGIOSO académico extranjero de visita en Chile comentaba la atmósfera de crispación y enojo que sacude a nuestro país a propósito de la política de gratuidad en la educación superior. Se preguntaba: “¿Cómo oponerse a la idea de mejorar las condiciones económicas de los estudiantes pobres?”. Se le explicó que una de las críticas es que se quiere gratuidad universal. “Ah no, en mi país la gratuidad no abarca a quienes pueden pagar. El primer derecho que una sociedad debe resguardar es una condición de vida digna para los más desposeídos. Observo aún mucha pobreza en Chile como para pensar en educación gratis para todos”. Y añadió: “Se debe seguir la lógica de Barack Obama en EE.UU. que envía un proyecto de gratuidad sólo para la educación técnica-profesional, porque allí se concentran los jóvenes más vulnerables”. Se le aclaró que no es el caso de Chile. Aquí sólo se incluye a los estudiantes de algunas universidades, la mayoría estatales, marginando a otros en igual condición de pobreza en instituciones privadas. “¡Pero esa es una odiosa discriminación!”, reaccionó de inmediato. “En vez de diferenciar por institución se debió distinguir por situación de pobreza”.

También se le dijo que la gratuidad es un beneficio para el estudiante y las instituciones adscritas serán compensadas con un aporte del Estado. “Es lo que corresponde hacer; me agrada que los chilenos hayan aprendido que en la vida no hay nada gratis; salvo el amor, siempre alguien paga”. Pero hay un problema. Las universidades invitadas se quejan de que la transferencia genera un déficit por alumno elegible. A lo que respondió: “No debiera ser. En los países donde se instala la gratuidad total o parcial, como el caso de Inglaterra, se hace un traspaso en virtud de los costos de la docencia, reconociendo que hay diferencias entre las instituciones. ¿No se hizo el estudio correspondiente en Chile?” No, no hubo un estudio previo, sólo se consideraron los años de acreditación institucional para agrupar a las universidades y fijar un monto idéntico de aporte en cada grupo. Nuestro invitado frunció el seño y agregó: “Pero los años de acreditación son una medida que puede ser muy injusta para usarla como base comparativa. En todo caso, supongo que el gobierno dará un plazo a las universidades para que se adapten al nuevo esquema”. No será así, pues el aporte por gratuidad se discute en el Congreso en la ley de presupuesto 2016. “Pero ese no es el lugar”, acotó. “O sea, ¿usted me dice que no habrá una ley previa que modele con los actores involucrados las condiciones económicas de la gratuidad?”. No, no hubo tiempo, porque la Presidenta se comprometió el 21 de mayo a iniciar la gratuidad el 2016 y la metodología se está construyendo “camino al andar”.

Nuestro invitado miró con perplejidad a su informante y antes de partir agregó con un dejo de candidez: “Bueno, aunque soy partidario de la gratuidad, veo que aquí no se está manejando bien el instrumento. Con todo, confío en el buen criterio de los chilenos que hace tiempo dan testimonio de cómo consensuar y poner en marcha políticas públicas sensatas”. Después de su última frase, quedó flotando en el ambiente la interrogante de si en el Chile de hoy aún impera el buen juicio y una genuina disposición a escuchar al otro