Rector Carlos Peña sobre gratuidad
Agosto 6, 2015

 

Carlos Peña: “Reducimos la causa de todos los males a la educación; los de ésta al lucro; y la solución de todo a la gratuidad”

El abogado asegura que el gobierno debe fundamentar mejor su reforma y rechaza las críticas de incostitucionalidad.

Daniela Muñoz S. 06 de agosto del 2015 / 01:08 Hrs

Fue uno de los más críticos con la primera fórmula de gratuidad anunciada el 21 de mayo por la Presidenta Michelle Bachelet. Y luego de varios cambios en las exigencias para acceder al beneficio, el rector de la U. Diego Portales -plantel que sería incluido en esta última ampliación-, mantiene su riguroso cuestionamiento. Esta vez respecto de las exigencias para controlar el lucro en los planteles que cuenten con esta medida en 2016, las que a su juicio no son suficientes. Además, propone un giro a la reforma y le pide al Mineduc que la fundamente mejor.

¿Ve una relación entre el cónclave y los anuncios en educación?

No, ninguno. A juzgar por los resultados -muy escasos, hay que reconocerlo-  el cónclave fue una reunión donde abundaron el entusiasmo y el coaching emocional, más que las ideas o la reflexión. Convengamos que reducir la reforma educativa al anuncio (el tercero en dos meses) de la gratuidad, es muy poco como resultado de una reunión reflexiva.

¿Cuál es el mayor error técnico de este anuncio?

Me parece que hay un error en la forma en que se le fundamenta. Tal como se le ha presentado, tiene debilidades que lo exponen a críticas obvias como que es discriminatorio. Y ocurre que si se lo fundamenta bien, no lo es. Se presenta como una prestación a los estudiantes, cuando, en verdad esa prestación es indirecta. En realidad se trata de un subsidio a la oferta centrado en instituciones que satisfacen ciertas características. Así entonces creo que el gobierno debiera hacer explícito el trato diferenciado a las instituciones que esta iniciativa supone: tratar de manera preferente a las estatales, como una manera de recuperar la fisonomía histórica del sistema que fue siempre un sistema mixto con predominancia estatal; mantener las condiciones de las Ues privadas pertenecientes al Cruch y ofrecer a ellas y a las instituciones creadas luego de 1981 convenios de desempeño a cambio de ciertos compromisos, por ejemplo, programas de admisión inspirados en acción afirmativa de los grupos más desventajados. Me parece que esa es forma de fundamentar la política de reforma sin exponerla a acusaciones de discriminación. Habría entonces tres niveles en el sistema: a) Ues estatales, con trato preferente; b) Ues privadas pertenecientes al Cruch, con aporte directo en razón de que su trayectoria acredita su orientación; c) Ues privadas posteriores a 1981 con un sistema inicial de subsidios y convenios que estimule su orientación pública. En los tres niveles podría haber gratuidad en los cinco primeros deciles.

¿Cuál es la falla política?

Bueno, la falta de una buena fundamentación es una falla no sólo técnica, sino también política. No contar con buenas razones es un problema no sólo intelectual, sino también político. Se suma a ello el hecho que en apenas dos meses ha habido tres decisiones distintas sobre el mismo tema. Algo, convengamos, sorprendente: ¿qué política suficientemente meditada cambia tres veces en tan breve lapso?

Para el Cruch es imprudente la baja del porcentaje de beneficiados para 2016, ¿usted qué piensa?

¿Fue imprudente disminuir el umbral para así distribuir más ampliamente la gratuidad? No, no lo creo. Más que imprudente, preferiría decir que el gobierno ha sido errático tanto en el tipo de decisión que adopta (como dije ha habido tres decisiones distintas) como en los principios en que ella se funda.

¿Qué debiera hacer el gobierno para que esta política, que hoy es criticada, vuelva a contar con respaldo transversal?

Explicarla mejor. El documento que hemos conocido (las Bases para la reforma que el Mineduc divulgó) ni funda bien la reforma, ni posee suficiente reflexión técnica. El gobierno -insisto en esto- debe fundamentar bien su reforma que es, por lo demás, algo que los estudiantes con razón reclaman ¿Cómo hacerlo? En mi opinión, el gobierno debiera decir que la reforma posee un doble objetivo: a) regular el sistema con una presencia de fuertes universidades estatales; b) estimular que las instituciones no estatales produzcan bienes públicos, entre los cuales está la acción afirmativa de sectores desventajados. Un trato preferente a las instituciones estatales, acompañado de un programa de subsidios a la oferta a las instituciones privadas -para que fortalezcan su dimensión pública-,  cumple ese doble objetivo. Además, alcanza la gratuidad para los estudiantes de las instituciones estatales y de las privadas que se sumen.

¿Las exigencias para el control del lucro dan garantías? 

No, pienso que no. Reducir el tema del lucro a la falta de participación de sociedades comerciales en el control de las universidades no es del todo suficiente. Hay otras medidas que debieran agregarse: impedir los contratos entre la universidad y las sociedades en que sus directores o administradores tengan interés; exigir que los vínculos entre la universidad y sus funcionarios sean mediante contratos de trabajo; prohibir los contratos en que se ceda a cualquier título el control de la institución, etcétera. Pero este tema -de índole estrictamente técnica- se examinará a la hora de discutir sobre las reglas que la Superintendencia deberá fiscalizar.

¿Cree que debe exigirse el mismo grado de acreditación a todos?

Aquí nuevamente se revela el error del diseño en esta reforma: esa diferencia no tiene explicación, salvo que usted afirme que persigue dar un trato preferente a algunas instituciones (aunque en este caso debería comenzar sólo con las del Estado, como se viene sugiriendo desde el año 2008). Si no se asume ese principio -el del trato preferente- entonces la diferencia no tiene explicación alguna.

¿Es inconstitucional aplicar medidas diferentes a las universidades? 

La inconstitucionalidad no proviene de la diferencia, sino de las razones que se esgrimen para justificarla. De ahí que sea tan importante que el gobierno fundamente mejor la reforma que impulsa. Y desde luego no sería inconstitucional que el Estado promoviera, mediante subsidios a la oferta, un determinado tipo de institución, alineada con la producción de determinados bienes públicos o programas de acción afirmativa. Por eso, y como le expliqué antes, sugiero que el gobierno elabore mejor los principios en que funda la reforma, no la reduzca a la simple gratuidad, y se sacuda el hechizo de repetir frases generales que no ayudan a la reflexión.

¿Aceptará las condiciones que propone el Mineduc para la gratuidad en régimen?

La exigencia de condiciones a las universidades -a fin que sus alumnos puedan acceder a un programa de gratuidad- la sugerí yo mismo varias veces y la estimo correcta. Si no se exige condición alguna, las instituciones podrían esgrimir la vulnerabilidad de sus estudiantes como una forma de esconder sus propios defectos o eludir la regulación. Así que sí. En principio no hay razones para rechazar esas condiciones.

¿Está de acuerdo, en suma, con el marco regulatorio que anunció el Mineduc para la gratuidad en régimen?

Es que el marco regulatorio aún no existe. El problema público en Chile es el reduccionismo, la tendencia a sustituir la complejidad por una sola idea. Así, hemos reducido la causa de todos los malestares a la educación; todos los problemas de la educación al lucro; y la solución de todo eso a la gratuidad. Y en medio de ese reduccionismo entusiasta no hemos pensado suficientemente los problemas. No tenemos ni un marco regulatorio ni tampoco se han decidido todavía los aspectos principales que debiera poseer. Estamos presos de una ilusión: la creencia que hemos pensado de cómo mejorar el sistema de educación superior. Hay declaraciones vagas y genéricas; pero no definiciones acerca de la fisonomía del sistema.

¿Qué debiera contener ese marco?

Un marco regulatorio supone decidir, entre otras cosas, lo siguiente: a) si acaso habrá un trato igual a las instituciones con prescindencia de su índole o si, en cambio, un trato preferente a algunas de ellas como las estatales (sobra decir que esto último me parece a mí correcto); b) si habrá o no un programa de estímulo para que las instituciones privadas persigan fines públicos (como la mayor inclusión, la investigación, etcétera); c) si se empleará, como forma de financiamiento, subsidios a la demanda o subsidios a la oferta (el gobierno puede transitar de los primeros a los segundos en un grupo de instituciones que quiera promover); d) qué requisitos deberán satisfacer los gobiernos de las universidades y que ámbito tendrán de autonomía para definirlo; e) qué reglas de licenciamiento y qué procedimientos de acreditación existirán y cómo se fiscalizarán; f) qué órgano estará encargado de la planificación estratégica y del gobierno del sistema de educación superior; g) si el sistema se gobernará sólo con el manejo centralizado desde el Ministerio o también con estímulos de mercado; h) qué lugar tendrá en el sistema la formación técnico profesional y de qué forma se estimulará que se integre a la formación universitaria; i) cuánta pluralidad deberá poseer el sistema de provisión y de qué forma se estimulará esa diversidad, etcétera. Reducir todos esos problemas a la gratuidad, como usted comprende, es un error grueso. Cónclave: “Un coaching colectivo para darse ánimo”

¿Le queda clara cuál será la hoja de ruta del gobierno en este llamado “segundo tiempo”?

El cónclave no fue más que un ritual comunitario, un coaching colectivo para darse ánimo, un esfuerzo de cohesión, una reunión para insuflar entusiasmo y fuerzas en un gobierno que anunció realismo sin renuncia, pero que olvidó lo fundamental: desde Freud se sabe que no hay realismo si al mismo tiempo no existe renuncia.

¿Cómo interpreta que durante el cónclave el ministro de Hacienda no haya dicho una palabra, siendo que se había anunciado que el crecimiento económico del país será un factor clave en la evolución de las reformas del gobierno?

Bueno, el ministro Valdés no es precisamente elocuente. Es de esperar que su silencio sea fruto de la timidez y el pudor, y no de la falta de influencia. Aunque temo que su silencio fue consecuencia de esto último: un realismo que se niega a renunciar. No quiere oír malas noticias, prefiere distraerse en los discursos conceptuales y vagos, en los entusiasmos del aplauso fugaz, en vez de descender al terreno siempre áspero de los toscos hechos. Es raro, sin embargo, que en un gobierno donde están los comunistas hayan olvidado tan rápidamente a Marx: las condiciones materiales de la existencia son la base de todo el edificio social y de la política.

¿Qué le parecieron las declaraciones del ministro Jorge Burgos, respecto a que hay “articulistas de izquierda que quieren perjudicar” al ministro del Interior y al ministro de Hacienda?

Sin duda son fruto de un simple descuido. No dijo eso en serio. Una leve paranoia -lo decía Dalí y el ministro debe saberlo-  suele ser fructífera en las artes y en las ciencias, porque el paranoico es un magnífico productor de teorías. Pero, desgraciadamente, lo que es virtuoso en las artes y en las ciencias no lo es en la política.

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