Para el análisis de la propuesta se ha considerado una revisión de la experiencia de otros países en las materias que se abordan en ella. La opinión del Consejo se enmarca en su misión de cautelar y promover la calidad de la educación, y es por ello que se enfoca especialmente en la propuesta que atañe al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, sin perjuicio de referirse también a otros aspectos, como el acceso y financiamiento de la educación superior.

El Consejo concuerda con la necesidad de fortalecer el marco regulatorio, promover la calidad en las instituciones de educación superior y revisar la institucionalidad del sistema, todo lo cual debe realizarse teniendo como eje prioritario a los estudiantes y el desarrollo de los conocimientos, valores y habilidades que les permitan ser un aporte en el ámbito laboral y profesional y contribuir de manera integral a la sociedad.

Como se concluye en este documento, el planteamiento del Consejo en lo referido al sistema de aseguramiento de la calidad, releva la necesidad de definir sus objetivos, funciones, y distinguir claramente entre los instrumentos a utilizar por dicho sistema, sean éstos orientados al control, a la evaluación o a la mejora continua, cuidando de no usar instrumentos destinados a fines para los que no están diseñados. Dicha distinción resulta fundamental al momento de establecer el carácter obligatorio o voluntario de los instrumentos y sus consecuencias. Por otra parte, el sistema de aseguramiento de la calidad a implementar debe respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, y aprovechar la experiencia acumulada por las entidades que conforman el actual sistema.

Son las definiciones del sistema de aseguramiento de la calidad las que prefiguran y modelan la institucionalidad más apropiada, estableciendo roles y responsabilidades claras para los agentes encargados del aseguramiento de la calidad y también para otros actores relevantes, y resguardar la coordinación de las agencias, sus adecuados contrapesos y su autonomía.

En cuanto a la gobernanza de las instituciones de educación superior, el Consejo estima aconsejable la concurrencia de la opinión de los estudiantes y demás estamentos en algún o algunos de sus cuerpos colegiados en conformidad con lo dispuesto en los propios estatutos definidos por ellas.

El Consejo valora que se contemple dar continuidad a la iniciativa de contar con un Marco Nacional de Cualificaciones que ayuda a transparentar y articular los niveles educativos, pero sin perder de vista que este no es un instrumento regulador –sino uno orientador y formativo-, que su diseño e implementación requiere de un largo tiempo, y que debe ser fruto de un proceso participativo que integre a todos los usuarios relevantes, como entidades del Estado, instituciones educativas, empleadores, asocia- ciones gremiales y profesionales, y entidades de capacitación.

En materia de acceso y financiamiento, se plantean diversas cuestiones que requieren de definiciones previas y consensos, como el concepto de mérito y el sistema único de admisión. La transferencia de recursos del Estado a las instituciones de educación superior sobre la base de un valor de arancel de referencia calculado por un panel técnico para establecer los costos de la docencia parece inadecuado. La equidad del sistema requiere de mecanismos que no sólo garanticen el acceso, sino que también favorezcan la permanencia y titulación oportuna de los estudiantes, salvaguardando la calidad y excelencia de la educación superior.

Finalmente, la magnitud de los cambios que se proponen, hace necesaria su implementación gradual, y la previsión de distintos escenarios de transición, anticipando, en lo posible, las dificultades que de ellos pueden derivar, evaluando también la capacidad técnica de aplicación y los costos asociados a las mejoras a realizar.

RESUMEN EJECUTIVO