José Joaquín Brunner

I

La política contemporánea es esencialmente comunicación y lucha por la construcción de sentidos. Es llevar el poder a su máxima expresión simbólica para crear más poder, mantener su efectividad o cederlo mínimamente, si uno está forzado a hacerlo.

Sobre todo la política democrática es conflicto y disputa en torno a esa comunicación de sentidos. Busca definir términos, despejar incertidumbres, ordenar expectativas, establecer consensos, compartir metas, construir mayorías.

En estas condiciones, aspirar al favor de las masas equivale a ‘ganarse’ la opinión pública que semanalmente se manifiesta como opinión pública encuestada (OPE). Parte del poder de un gobierno, de la oposición, de los partidos, dirigentes y representantes elegidos es su ubicación en el espacio simbólico -y en la tabla de posiciones, de ganadores y perdedores- delimitada por esa OPE. La democracia misma va convirtiéndose en un continuo sondeo de opiniones, facilitado por la existencia de múltiples y diversos nuevos instrumentos alternativos de medición, como los trending topics, la actividad en la blogósfera, los ratings de audiencia, el número de seguidores en Twitter, etc.

En las sociedades de información y redes, la legitimidad del poder, su circulación y acumulación, así como su expansión, reducción y pérdida, son todos fenómenos que se han vuelto ‘líquidos’, según el concepto acuñado por Z. Bauman. Son, por tanto, flujos, corrientes en movimiento, rotación de signos, ondas, semejantes a la información transmitida a través de diferentes medios de comunicación.

Pues bien, esa aparente dependencia del gobierno, sus políticas públicas e incluso de la política democrática como tal de tan volátiles elementos, ha vuelto en Chile a cargarse de energía y ruidos en días recientes. Esto a propósito de la entrevista de la Presidenta Bachelet concedida a radio La Clave (Parte 1/2 y Parte 2/2), en la cual manifiesta su descontento respecto de la forma cómo su administración se desempeña y es tratada en el espacio comunicativo.

Veamos entonces cómo la Presidenta abordó estas cuestiones, según la versión entregada por Radio Cooperativa en Internet.

Lo primero, la Presidenta afirmó que el gobierno ha tenido “problemas” para “contrarrestar información” de sus opositores que “no siempre es objetiva”. Explicó: “en el ámbito de la participación y que la gente pueda tener informaciones distintas (…) hemos tenido un problema. Hay poca posibilidad para la gente de tener información más diversa […] Hay una parte del mundo, llamémosle de la Nueva Mayoría -o lo que fue la Concertación antes- que no tiene un diario. Hay un canal nacional (TVN), pero no es del gobierno… Siento que ha habido una dificultad de un cierto mundo de la política para poder tener medios propios donde poder instalar información y, a veces, contrarrestar información que no siempre es objetiva, por decirlo así”, explicó la Mandataria. Bachelet señaló que esta situación incide tanto en su “evaluación personal” como en la manera en que “la gente está mirando los procesos que estamos llevando adelante”.

Por otro lado, expresó la Presidenta: “no estamos comunicando bien; no hemos sido capaces de contrarrestar a algunas opiniones que están en contra de los cambios y que logran instalarse en la cabeza de las personas, creyendo que les va a afectar. Por ejemplo, en Chile el 70, 80 por ciento de la gente, no paga impuestos, salvo el IVA, y creen que van a tener que pagar impuestos después de la reforma (tributaria). Por eso digo que hay gente que se asusta de cosas que, por el contrario, la van a beneficiar. Me parece que tenemos que hacerlo mejor” en este ámbito, señaló: “tenemos que comunicar mejor, tener mayor cercanía con las personas, gobierno en terreno, medios, boletines: llegar a la gente con información para que sepan, por un lado, que van a tener derechos, que los van a beneficiar a ellos, a sus hijos y, por otro lado, que las cosas no son como se las han contado”.

Son pues dos argumentos bien conocidos los que invoca la Presidenta para explicar, defender y contraatacar en relación a lo que percibe como un maltrato a su administración en el espacio simbólico y comunicacional.

Por un lado, la Presidenta responsabiliza a la competencia desigual con medios de comunicación adversarios. El bloque opositor (como sea que se le defina) controlaría el flujo de información, explicaciones e interpretaciones, mientras que la Nueva Mayoría (NM) se encontraría en una situación de desventaja mediática. En un análisis bastante anacrónico, incluso nostálgico, la Presidenta se queja de que a la NM le faltaría un diario o contar, al menos, con un canal de televisión que pudieran ofrecer el punto de vista o defender el interés comunicacional del gobierno. El análisis oficial parece no haberse hecho cargo del nuevo escenario caracterizado por numerosos medios electrónicos, redes sociales y medios móviles de vinculación directa entre las personas. Con un declinante número de lectores de diarios (y sus editoriales) y una debilitada influencia de los noticiarios de la TV abierta. La idea de que un diario o un canal podrían hegemonizar una interpretación favorable al gobierno es por tanto tan irreal y carente de sentido como aquella otra que sostiene lo contrario: que un diario o un canal podían liderar la opinión pública enmarcándola en una dirección contraria al gobierno.

Por otra parte, la Presidenta estima que el problema viene dado, adicionalmente, por el hecho que “no estamos comunicando bien”. Es decir, el desequilibrio no proviene únicamente del mayor poder de fuego y astucia del bloque opositor sino, además, tendría por causa la baja capacidad de reacción y ofensiva del bloque oficialista. Más allá de lo notable de adjudicar a una oposición casi inexistente tal grado de influencia, la Presidenta completa su análisis haciendo un llamado singular a mejorar el desempeño de la comunicación oficialista, llamado que en todo caso suena desproporcionadamente impotente: “tenemos que comunicar mejor, tener mayor cercanía con las personas, gobierno en terreno, medios, boletines: llegar a la gente con información para que sepan, por un lado, que van a tener derechos, que los van a beneficiar a ellos, a sus hijos y, por otro lado, que las cosas no son como se las han contado”. ¡Ay, si fuera tan fácil!

II

No son creíbles la defensa y la contraofensiva ensayadas por la Presidenta porque se basan en una teoría comunicacional débil y porque la magnitud del problema necesario de explicar es tal que los argumentos invocados (conspirativo y de auto-efectividad) aparecen inconducentes.

En efecto, ¿de qué estamos hablando?

Por lo pronto, de una OPE que masivamente se ha vuelto contra el gobierno y se ha alejado de la Presidenta, su equipo y programa. Según los datos del Track Semanal de Opinión Pública de CADEM (24 de agosto de 2015, con una muestra tomada entre los días 19 y 21 de agosto), la aprobación presidencial llega en este momento apenas a un 25%, contra un 66% de desaprobación; en el caso del gabinete de ministros, las cifras son 19% versus 70%. Quienes piensan que el programa de gobierno debe sacarse adelante tal como está considerado suman 19% contra un 74% que estima debe existir mas diálogo y gradualidad. Respecto de las principales reformas, se pronuncian en general de acuerdo o en desacuerdo: en el caso de la reforma tributaria, 24% y 55% respectivamente; en el caso de la reforma educacional, 27% y 62% respectivamente, y en el caso de la reforma laboral 27% y 49%. Por fin, en cuanto a la evaluación del país pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, un 23% declara que va por buen camino y un 62% que el país va por mal camino.

Estas cifras son negativas en grado superlativo. Se han estabilizado en un nivel bajo sin señales de recuperación desde marzo. Muestran un gobierno cuya base de sustentación masiva -parte esencial de su soft power– se ha adelgazado fuertemente, incluso antes de alcanzar la mitad del actual período presidencial. Revelan un bajísimo entusiasmo con las principales políticas de reforma impulsadas por la administración, las cuales son evaluadas positivamente apenas por una de cada cuatro personas consultadas.

De manera que quien quiera imaginar que este panorama de opinión pública es meramente el efecto de una mala o mediocre política comunicacional, tendría que conceder que, contrario sensu, una buena política comunicacional podría alterar drásticamente -y revertir- estos números que sin duda crean un problema al gobierno y su gestión política.

Por cierto, ningún gobierno democrático exitoso reclamaría que su alto respaldo –incluyendo al equipo de ministros, programa y principales proyectos- es producto de una robusta y efectivísima política comunicacional. Más bien, sostendría que se debe al carisma de la Presidenta o de su programa, al acertado diagnóstico-país sobre el que se sostienen las propuestas de reforma, a la hábil gestión política del equipo ministerial, el alto sentido de identificación de la gente con su gobierno, al hecho que las reformas sintonizan con las necesidades de la ciudadanía y así por delante. Jamás podría decir, en el marco de una sociedad democrática, que ese apoyo se debe a una poderosa propaganda o que, por fortuna, el gobierno controla los medios de comunicación y pudo por eso instalar interpretaciones adecuadas en la cabeza de los electores.

Así como un gobierno no puede imputar el éxito de su apoyo masivo a una muy productiva política comunicacional, tampoco puede explicar una caída de ese apoyo, o su completo retiro, por una insuficiente o equivocada política comunicacional. Definitivamente, la política democrática no es un ejercicio de relaciones públicas ni los proyectos gubernamentales pueden ‘venderse’ a la OPE mediante exitosas campañas de marketing.

III

Lo cierto es que los asuntos relativos a la comunicación gubernamental con variados públicos – la OPE incluida- son quizá el aspecto más complicado de la gobernanza democrática en tiempo de sociedades mediatizadas, internetizadas y de continua, liquida, circulación de ideas, signos, rumores, ruidos, interpretaciones, declaraciones e historias.

Así, por ejemplo, la OPE es medida por un instrumento simple, un cuestionario, y construida por un ejercicio estadístico elemental, a partir del cual se vuelve posible sumar respuestas individuales e interpretarlas vox populi, vox Dei o, al menos, a una porción de ellas. Produce un retrato altamente estilizado de la voluntad popular, entendida como opinión del ‘hombre medio’. Con todo, la comprensión en profundidad de la OPE, o bien la variable intensidad de las respuestas que la constituyen, es insondable y se halla sujeta a múltiples explicaciones e interpretaciones.

Por ejemplo, ¿qué significa el juicio negativo de la OPE sobre la reforma tributaria (si gran parte de los chilenos no paga tributos salvo el IVA), la reforma educacional (que ni siquiera comienza a implementarse) o la reforma laboral (que recién se tramita dentro del Congreso Nacional)? Ya vimos, la Presidenta Bachelet se siente sorprendida y confundida y atribuye la mala evaluación de sus reformas-estrella a una ‘mala prensa’, como suele decirse. Cuando en realidad, lo que deberíamos analizar es cómo ciertos juicios colectivos (positivos o negativos) llegan a establecerse como public facts (hechos públicos) que, por decir así, aunque construidos a espaldas de la conciencia individual de los ciudadanos/consumidores, sin embargo llegan a socializarse y difundirse como un juicio compartido, a crear una suerte de temporal estado de conciencia colectiva, y a transmitirse como una verdad empírica dentro de la sociedad.

Allí, en el surgimiento de unos hechos públicos que se instalan en la conciencia de las personas -incluso sin experiencia directa de la cosa juzgada, trátese de la reforma tributaria, educacional o laboral- se esconde el secreto de la OPE. Más que un juicio directo sobre los efectos beneficiosos o perjudiciales de esas reformas, la opinión sobre ellos constituye una creencia generalizada respecto de que el gobierno no hace bien las cosas, no conduce sus propuestas con atención a la gente, ni logra que gentes diversas se sientan convocadas por ellas. Más bien, lo que la OPE ha visto a nivel individual son procesos confrontacionales para llegar a las reformas; proyectos que no alcanza todavía a comprender cuando ya son modificados por el gobierno; discusiones y rencillas entre los partidarios del oficialismo y, una vez que se alcanza la anticlimática aprobación de los mismos, la ausencia de cualquier efecto relevante y un rápido pasar a otra cosa, otro asunto, otra reforma.

En estas condiciones no es raro que la OPE manifieste una transversal desaprobación frente a casi todas las acciones, decisiones y propuesta del gobierno. Pues se ha creado un cierto sentido común -algo así como un hecho público- de que las reformas gubernamentales son inconducentes, divisorias, improvisadas, de escaso impacto y beneficio para la sociedad.

Además, el gobierno ha carecido sistemáticamente de discurso; de un relato sobre sí mismo, su pretensión histórica, sus proyectos, su identidad. Esto dificulta aún más su comunicación e irradiación.

Inicialmente el gobierno quiso ser percibido como un cambio de paradigma, una interrupción de la continuidad, un quiebre respecto de la Concertación, un nuevo (otro) modelo; en breve, un proyecto refundacional. Todo esto suponía un tono, un estilo, una voluntad de ruptura, de cambio dramático, de invitación a una gran aventura.

La comunicación del gobierno se limitó a la retórica sin embargo. Y pronto comenzó a desmoronarse en medio de las escándalos de la política y los negocios, de las rencillas internas de la NM, de la confusa y contradictoria gestión política gubernamental y de las fallas de conducción que -con el correr de los meses- se convertirían en crisis de conducción.

Quedó entonces al descubierto que las faltas de comunicación no eran la causa de los problemas políticos; al contrario, más bien, que una gestión política insuficiente estaba generando una comunicación errática.

De hecho, la administración Bachelet ha carecido a lo largo del tiempo, desde su instalación, de una real agenda, uno de los principales medios de comunicación con que cuentan los gobiernos democráticos para relacionarse y conducir a la OPE. Aunque parezca increíble, hasta hoy la administración no ha podido jerarquizar su programa, definir objetivos y metas, mostrar su carta de navegación e indicar cuáles son los recursos que se ocuparán (humanos, institucionales, financiaros y de todo tipo) para alcanzar los puertos que desea recorrer durante los 30 meses que le restan.

Hace un par de semanas, la Presidenta citó a un cónclave de la NM donde en conjunto buscarían definir una agenda, jerarquizar propósitos y graduar la implementación de los mismos. Al final, no fue posible. El gobierno continúa sin agenda y la Presidenta intenta, una vez más, responsabilizar a la política comunicacional del vacío generado por una deficiente conducción y gestión política.

Sin duda, la pieza más débil de la maquinaria del gobierno ha sido hasta ahora el Ministerio Secretaria de la Presidencia. El recuerdo del ministro Boeninger se halla demasiado presente como para olvidar la lección que nos legó: que una agenda gubernamental poderosa y bien coordinada es la base para una política comunicacional exitosa, la cual en ese caso puede volverse invisible y operar (casi) como si no existiera (¿dixit Tironi?).

En suma, es necesario dejar atrás las visiones simplificadas, nostálgicas y equivocadas sobre el funcionamiento de la comunicación política democrática y comenzar a analizar más en serio cómo los gobiernos se vinculan con la OPE, construyen su identidad, adquieren legitimidad y aprobación para sus proyectos y levantan un discurso que les permite guiar al Estado, la sociedad y los mercados.

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.