José Joaquín Brunner

Finalmente, en medio de la confusa tramitación del proyecto de ley sobre Carrera Docente, el Mineduc dio a conocer el documento “Bases para una reforma al sistema nacional de educación superior”. Ni siquiera con ese ambicioso encabezamiento pudo atraer, sin embargo, la atención de las diferentes partes interesadas y suscitar un debate sobre el futuro de este crucial sector.

Como resultado de 18 meses de trabajo, el documento es frustrante. Sus contenidos son vagos, la utilización de la evidencia disponible, escasa; casi no hay referencias a la experiencia internacional, y la elaboración del texto fue poco participativa y alejada del debate público. En todos estos aspectos el documento es claramente inferior a la propuesta de 2008 preparada por una comisión asesora del anterior gobierno de Bachelet, presidida por el rector de la UDP, o al reporte de 2012 sobre financiamiento estudiantil, elaborado por la comisión de expertos dirigida por el profesor Ricardo Paredes de la PUC. En comparación con reportes similares de otros países es notoriamente más débil.

Por lo pronto, carece de un diagnóstico del estado actual de la educación superior chilena. No hay en consecuencia una evaluación que justifique los cambios propuestos. No hay una valoración del régimen mixto de provisión, un análisis de las formas de gobierno de las universidades, un juicio sobre la gestión de las instituciones estatales y sobre el desarrollo del sector de proveedores privados. Tampoco se señala si el Gobierno considera suficiente el gasto actual en educación terciaria con relación al PIB.

Con excepción de algunas declaraciones esencialmente retóricas sobre orientaciones de principio y valores, no hay una noción clara de la autonomía de las instituciones, sobre la participación de partes interesadas externas en el gobierno de las organizaciones y respecto de las responsabilidades corporativas. Ni existe un reconocimiento del pluralismo y la diversidad de misiones y proyectos educativos. Falta igualmente un decidido respaldo a la profesión académica y a su rol en asegurar los estándares de calidad al interior de las instituciones.

En el plano práctico, rescato la intención del Gobierno de avanzar por el cauce de una admisión reglada meritocráticamente, con exámenes y pruebas de selección, medios adicionales para valorar los talentos e intereses de los postulantes y con cuotas razonables de alumnos aceptados por vías especiales, incluyendo medidas de discriminación positiva. Lejos, por tanto, de cualquier populismo académico.

Respecto de las demás medidas esbozadas en el documento de “Bases”, hay tres que me parecen francamente mal concebidas.

Primero, el énfasis en gobiernos universitarios con participación triestamental en los órganos superiores, fórmula que corre a contramano de las tendencias observadas en esta materia en los países de la OCDE. Su implementación podría lesionar la autonomía y la efectividad de las instituciones, transformándose además, como ha ocurrido frecuentemente en otras partes, en un obstáculo para el cambio y la innovación al someter a las autoridades universitarias al veto cruzado de los grupos de interés internos.

Segundo, la idea de que un sistema nacional puede crearse político-administrativamente -de arriba hacia abajo- mediante reglas y convenios impuestos a las instituciones y funcionar en un ambiente altamente burocratizado. Ni lo uno ni lo otro es posible. Precisamente por esta razón los países de la OCDE impulsan hoy ambientes donde se reconoce la independencia de las universidades. Y los gobiernos guían a los sistemas nacionales desde la distancia mediante estímulos, instrumentos de información, procedimientos de control de la calidad y modalidades de financiamiento ajustadas al desempeño y los resultados de las instituciones.

Tercero, por el contrario, el esquema de financiación enunciado en las “Bases” solo serviría para estrechar el cerco burocrático en torno a las universidades. El Gobierno determinaría directa o indirectamente el número de vacantes, la matrícula de los programas, el precio (público) de las enseñanzas (aranceles) y -previo compromiso suscrito ‘voluntariamente’ por las instituciones con el Mineduc- estas recibirían subsidios definidos por la autoridad, incluido aquel necesario para proveer un servicio gratuito.

La experiencia latinoamericana es rica en este tipo de esquemas de financiamiento. Inevitablemente produce dependencia de las instituciones, conformación de redes clientelares, mayor inequidad en el uso de los recursos, ineficiencia interna y priorización de los intereses corporativos antes que de los vínculos con las partes interesadas externas.

En cuanto a la improvisada propuesta de dar un primer paso hacia el espejismo de la gratuidad universal, restringiendo su cobertura a estudiantes pertenecientes al 60% de hogares de menores recursos matriculados en universidades del CRUCh y en unos pocos CFT e IP (representarían apenas un 35% del total de esos alumnos de menores recursos), no es necesario insistir en su carácter arbitrario, discriminatorio e inequitativo. En efecto, esta medida transforma un derecho en un privilegio, todo lo contrario de una política dirigida hacia la inclusión.

Es de esperar que el realismo comprometido por el Gobierno, combinado con un grado primordial de sensatez, lo lleve a revisar estas “Bases” replanteándolas de manera más creativa, rigurosa, madura y alineada con el interés general de la sociedad.

“Es de esperar que el realismo comprometido por el Gobierno, combinado con un grado primordial de sensatez, lo lleve a revisar estas “Bases” replanteándolas de manera más creativa, rigurosa, madura y alineada con el interés general de la sociedad”.