Jefe de Educación Superior Mineduc

Francisco Martínez: “Algunas instituciones podrían tender a reducirse y otras a decidir que no les interesa seguir”

por Daniela Muñoz

Esta semana el Ministerio de Educación (Mineduc) hizo público un documento con detalles sobre el inicio de la gratuidad y de la reforma a la educación superior. El tema que causó más polémica es la confirmación de que en 2016 podrán acceder a la gratuidad sólo los estudiantes del 60% más vulnerable de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), y de los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) acreditados y sin fines de lucro. El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, profundizó la política pública y respondió a las críticas. Además, analizó las consecuencias que traerán exigencias para las instituciones.

Públicamente se enfrentan dos posiciones: dar gratuidad a todos los alumnos, de acuerdo a su nivel socioeconómico y sin discriminar el tipo de institución, o partir por un grupo de planteles acotado al Cruch y luego expandirlo.

¿Y por qué sólo un grupo?

Queremos construir un sistema basado en la oferta, donde el Estado financia instituciones para que los jóvenes pueden estudiar. La institución presta un servicio educacional y la relación es con el Estado, que pone reglas. Habrá exigencias para ingresar a la gratuidad y condiciones para permanecer como, por ejemplo, los niveles de acreditación. Para esto, además, habrá fiscalización. Así, la relación entre el estudiante y la institución es reemplazada por el Estado y la institución.

¿Por qué deciden finalmente partir sólo por algunos planteles?

Tenemos que tomar en cuenta que actualmente no existe una legislación que le permita al Estado dar todas las garantías, por lo tanto tenemos que avanzar hasta donde podamos en las instituciones con las cuales establecemos esta nueva relación, dado que no tenemos marco regulatorio ni un sistema de fiscalización y, por lo tanto, es un escenario temporal. Las universidades estatales tienen que estar, el Estado es responsable y se hace responsable por el resultado de esas instituciones. Y las instituciones que nacieron antes del ‘81 (las privadas del Cruch) tienen una larga historia con el Estado. Han dado garantías.

¿Y las privadas fuera del Cruch?

Hay muchas que podrían cumplir esos estándares, pero tenemos que fijar criterios específicos, que sean objetivos y transparentes. Además, el avance presupuestario tiene que ser paulatino, no tenemos la disponibilidad de los recursos para avanzar al 100%.

¿Por qué no incluir a algunas bajo ciertas condiciones, como dijo el ex ministro Nicolás Eyzaguirre?

Quiero ser claro: el ministro ofreció hacer este análisis, pero no que se iba a abrir. Hicimos muchos análisis: criterios de calidad, que es un eje de la reforma. Obvio que por acreditación podríamos tener un índice, pero no es tan fácil, porque las instituciones tienen acreditaciones en distintas temas. Hay instituciones con alta acreditación, pero bajo patrimonio propio. Vimos que era muy difícil construir un conjunto de criterios que fuera sostenible, a viva cuenta que no tenemos un marco regulatorio.

¿Cómo se sustenta legalmente aceptar a algunas privadas y dejar fuera a otras?

Este es un tema que tiene historia. El Cruch tiene financiamiento, que es propio de sus universidades y que no es un invento de ahora, de tal manera que estamos usando lo que tenemos para avanzar, sabiendo que es un proceso de cambio. Sería una modificación ingresar a algunas y no otras de las privadas que no son del Cruch, porque ahí sí que sería cambiar los criterios de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora.

En la decisión, ¿qué tanto pesó el factor económico?

Abrir la gratuidad en 2016 a más instituciones tiene el problema de cómo establecer los criterios correctos y ambos factores son importantes. Tenemos una gradualidad presupuestaria.

¿Y qué incremento de recursos tiene para 2017?

En este minuto no hay una decisión a priori. Va a ser materia de cómo vamos a avanzar hacia adelante. En el proyecto de ley tiene que quedar definida la gradualidad.

¿El Mineduc no considera inconstitucional partir por algunas?

Nosotros no tenemos una preocupación sobre ese tema, porque entendemos que hay una medida vía ley y si hay alguna inconstitucionalidad será discutida en el Congreso, pero existen precedentes de que vía ley se ha aplicado este tipo de criterios anteriormente.

Aumento de exigencias

¿Podría haber impacto en la cantidad de instituciones por tener más exigencias, como la acreditación obligatoria y la prohibición de tener relación con entidades comerciales?

Podría haber un impacto de largo plazo, porque lo que no podemos manejar son los objetivos específicos de las instituciones. Bajo el nuevo esquema, algunas instituciones podrían tender a reducirse y otras decidir que nos les interesa seguir de esa manera. Eso no lo sabemos, pero puede haber algunos acomodos, obviamente, porque habrá un marco regulatorio que antes no había o había uno muy distinto. Pueden haber decisiones en el tiempo, porque las instituciones tienen que asumir cómo van a ajustarse y a reajustar su quehacer en el futuro.

¿Habrá libertad para hacer modificaciones internas?

En un ambiente desregulado, los objetivos pueden ser distintos a los de un ambiente regulado, a lo mejor hay algunas instituciones que se orientan a proyectos más específicos, para poder mejorar la calidad.

¿Cómo se modifica la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en ese escenario?

Cumplirá funciones similares, pero de otra manera. Pensamos que va a haber cambios en cómo se constituye, cómo se organiza el trabajo, pero el rol fundamental de la CNA se proyecta y se expande.

¿No van a existir las agencias acreditadoras?

Las acreditaciones debieran ser una materia que el Estado resuelve y se hace cargo de generar los procesos necesarios de manera más integrada. Pensamos que es mejor tener una institución que es capaz de fiscalizar internamente, con criterios homogéneos, y que los estándares se vayan graduando adecuadamente en el tiempo.

¿Cuántos alumnos del 60% más vulnerable quedan fuera de la gratuidad?

Nuestra estimación es que en 2016 cubriremos al 40% de quienes pertenecen a los tres primeros quintiles. Según la clasificación del sistema de becas y créditos (Fuas), hay 586 mil estudiantes en ese grupo.

¿Cómo se va a establecer quiénes pertenecen al 60% más pobre?

El que ya tiene una quintilización no va a ser requintilizado. Si hay un cambio de situación socioeconómica pueden solicitar una evaluación de su situación.

¿Cuándo se va a establecer quiénes son los beneficiarios?

Los antiguos ya se conocen, salvo los que tengan algún cambio. En los nuevos, si un alumno está en cuarto medio, va a saber antes de postular a qué quintil pertenece y si está beneficiado con la gratuidad, ellos van a ser quintilizados mediante un sistema del Ministerio de Desarrollo Social.

¿Por qué se establece un sistema común de acceso?

Todos los estudiantes entran por un sistema equitativo, bajo las mismas condiciones y por lo tanto no hay problemas de información, será transparente tal como ocurre en el proceso del Demre. El estudiante va a tener la oferta técnica profesional y universitaria, y va a poder evaluar sus posibilidades. Además, entrega al sistema un diagnóstico del avance de la educación y de cómo están saliendo los estudiantes año a año lo cual va a ser de mucho valor para poder desarrollar políticas públicas en pos de mejoras. Va a ser un diagnóstico transversal a nivel censal, o sea todos los estudiantes pasan por ahí, y eso tiene mucho valor. Y las instituciones tienen igualdad de condiciones para acceder a los estudiantes, porque entran en un proceso transparente, y el marketing deja de jugar el rol que tiene ahora, que llega de diferentes formas con atractivos de incentivos.

¿Existe la libertad para la selección?

Es importante separar la obligatoriedad de participar en este proceso común, de lo que es la diversidad con la cual se evalúan ciertos talentos para ingresar a algunas carreras. Necesitamos instalar una capacidad de crear diversos instrumentos e ir perfeccionándolos para ya no decir ésta es la prueba y punto, y con esto se tienen que arreglar todos. Las universidades podrán exigir ciertos instrumentos para las carreras.

¿Cuáles son los cambios a la PSU?

Hay que hacer un profundo estudio de cuáles son los instrumentos de prueba estandarizada, la PSU es una prueba estandarizada y nos parece relevante tener este tipo de pruebas, pero no es lo único. Tiene que ser siempre materia de perfeccionamiento. La mezcla entre los conocimientos y las aptitudes se puede perfeccionar y considerar los dos elementos; tenemos que generar una capacidad instalada de expertos para poder mejorar esa prueba.

¿Sobre la misma o crear otras?

La PSU es un tipo de prueba estandarizada y hay varios otros que deberíamos considerar para ir flexibilizando y mejorando. Esto no va a ser de un día para otro porque va a ser un proceso sofisticado y hay que ir haciendo pilotos y probando, porque tampoco es bueno decir cambiémonos a otro y encontrarnos con sorpresas que no esperábamos.