Domingo 05 de julio de 2015

Cambio de mando: ¿Nueva etapa en educación?

“Este gabinete crea la oportunidad para rectificar una política educacional que podría ahora redefinirse positivamente en términos de unas pocas prioridades…”

El cambio en el Ministerio de Educación cierra una etapa y abre una nueva. Hay pues oportunidades y riesgos.

La etapa que termina estuvo caracterizada por un diseño de reformas retóricamente ambiciosas -cambio de paradigma, cambios estructurales, fin a la lógica de mercado, etc.-, pero sustantivamente confuso y con un neto déficit de gestión política.

Partió con un diagnóstico equivocado y con metas que apuntaban no a la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos vulnerables, sino a la organización y reglas de la provisión.

No hubo una agenda con prioridades claras ni una carta de navegación. Los proyectos parecían improvisados, mal fundados y eran técnicamente insuficientes. La comunicación ministerial durante esta primera etapa fue errática, a ratos agresiva y, al contrario, complaciente con los grupos movilizados en la calle. Más del 75% de los encuestados tienen una percepción negativa del manejo del gobierno en este sector (Cadem, junio 2015).

En breve, un balance obligadamente desfavorable.

Agréguese a esto el clima enrarecido. Huelga del Colegio de Profesores que aparece dividido por la lucha interna y no está en condiciones de negociar. Medio millón de estudiantes que se ven perjudicados junto con sus familias. Sostenedores de la educación pública -sean municipales o privados- en vilo, sin tener ninguna claridad sobre su futuro. Una ley que pone fin (en el papel al menos) al lucro, el copago y la selección, cuya aplicación pende de una docena o más de reglamentos que amenazan con asfixiar burocráticamente al sistema. Además, reina un completo desconcierto en el ámbito de la educación superior, tema sobre el cual esta vez no puedo extenderme.

En este cuadro complicado inicia sus actividades la ministra Del Piano. Requiere y debiera recibir el apoyo de todos para aprovechar la oportunidad e iniciar una etapa de rectificación y reimpulso de la política educacional del Gobierno.

¿En que podría consistir ese acto de rectificación y reimpulso?

Ante todo, en el establecimiento (¡por fin!) de una agenda para el sector con prioridades acotadas para los próximos 30 meses, que es el brevísimo tiempo que resta a la administración Bachelet. De no procederse así y repetirse el vacío de agenda de la primera etapa, el riesgo es seguir igual, con más de la misma incertidumbre, inflación de expectativas y descontrol de las políticas.

Obligadamente, dentro de la nueva agenda, el tema más urgente es sacar adelante una política de formación y carrera docente que recupere el sentido original de la propuesta gubernamental y la perfeccione. Esto es esencial para el desarrollo en el mediano y largo plazo de nuestra educación.

Hay que volver a reponer el balance entre mejores condiciones de trabajo, remuneración y reconocimiento de los profesores y los estándares y exigencias que deben caracterizar su carrera profesional desde la formación inicial, pasando por la certificación de sus habilidades y conocimiento hasta la evaluación de su desempeño y ascenso en la carrera.

Aquí el riesgo es que el Gobierno continúe en la línea del anterior ministro, dejando en manos del interés corporativo la aprobación del proyecto, bajo una suerte de veto ejercido por el gremio con la presión del paro y los colegios tomados.

Enseguida, la agenda debería incluir como segundo eje prioritario la implementación de una sólida política focalizada en el aprendizaje de la lecto-escritura, la matemática y el razonamiento científico a lo largo de la educción básica y media. Las resultados recientes del Simce deben ser analizados con seriedad. Y la nueva ministra necesita explicar al país cómo espera revertir la caída alarmante de los logros en lenguaje.

En cuanto a la gestión municipal, lo más sensato me parece a mí sería diseñar un proceso doble: (i) por un lado, de reforzamiento de la educación pública gestionada a nivel local antes de que sea demasiado tarde y, (ii) por el otro, diseñar en paralelo un proceso más gradual de nuevas formas no-municipalizadas de administración local, de modo de evitar -en medio de las actuales condiciones- un debate político-parlamentario sobre asuntos que no han madurado ni han sido suficientemente debatidos.

Bastaría con estas prioridades para tener una agenda ambiciosa, reformista, pero seria y capaz de suscitar amplio apoyo. En ella cabría agregar un limitado espectro de medidas para la educación superior, centradas en la gratuidad para los estudiantes del 70% de las familias de menores recursos relativos, mediante un fondo nacional de becas que para los demás estudiantes se acompañaría con créditos de interés cero y pago contingente al ingreso. Algo que ya existe y necesitaría ajustes marginales solamente, amén de una importante inyección de recursos.

Esto, junto con aprobar una nueva ley de aseguramiento de la calidad, favorecería la base social, la regulación pública y la estabilidad del sistema, sin alterar las condiciones de subsistencia y la autonomía de las instituciones.

En suma, el cambio de gabinete abre una nueva etapa. Crea la oportunidad para rectificar una política educacional que podría ahora redefinirse positivamente en términos de unas pocas prioridades: reformas prioritarias y viables, capaces de generar amplio apoyo. Permitiría dejar atrás una etapa que ha desestabilizado al sistema y desordenado la convivencia entre sus miembros, sin beneficio para nadie. Ni siquiera para el propio gobierno de la Presidenta Bachelet.