¿Bien público o interés corporativo?

El proyecto de carrera docente y el anuncio de gratuidad universitaria, en vez de ordenar el debate, alinear las expectativas de los actores y permitir a la autoridad ejercer un liderazgo positivo, han instalado dinámicas confusas y confrontacionales, generando una ola de incertidumbres.  
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER 

Los maestros en paro. Los estudiantes en la calle. Algunas facultades universitarias y liceos tomados. Un proyecto de carrera docente que divide al oficialismo y tambalea frente a la presión ejercida por el Colegio de Profesores. Un anuncio sobre gratuidad para un sector de estudiantes de educación superior que discrimina y no satisface siquiera a quienes favorece. Un Ministerio de Educación que, en estas circunstancia, parece navegar sin rumbo conocido.

Estos son los aspectos sobresalientes de la coyuntura educacional.

Sin duda, los puntos neurálgicos de este cuadro son las dos iniciativas impulsadas por el Gobierno en relación con la gratuidad y los docentes. Ambas, en vez de ordenar el debate, alinear las expectativas de los actores y permitir a la autoridad ejercer un liderazgo positivo, han instalado dinámicas confusas y confrontacionales, generando una ola de incertidumbres, tal como ocurrió el año pasado.

Primero, la gratuidad. No solo resulta arbitrario el criterio usado para excluir a una parte significativa de los jóvenes pertenecientes a los tres quintiles de menores ingresos, sino que, además, transforma lo que se suponía un derecho en un privilegio. Se lesiona con ello el eje de la promesa gubernamental, el cual es aumentar la igualdad de oportunidades. En cambio se establece un principio antimeritocrático que segmenta a los jóvenes en dos estamentos definidos administrativamente.

El Gobierno no ha podido justificar esta política discriminatoria ni explicarla. Queda claro que ella no responde a un criterio de calidad ligado a la acreditación, ni de equidad, ni de desempeño de las instituciones, ni a su naturaleza jurídica. Lo único claro es que el Gobierno ha respondido a la influencia de las universidades del CRUCh y sus estudiantes.

Pero incluso las instituciones favorecidas -para qué decir el resto del sistema y la opinión pública- desconocen cómo se implementará la gratuidad. ¿Cómo se calculará la asignación por alumno de cada programa e institución? ¿Se creará una suerte de mercado administrado por el Estado con precios públicos y competencia por estudiantes? ¿O se contará con un plan centralizado que asigna recursos y controla la oferta de vacantes? ¿Qué exigencias se impondrá a las instituciones a cambio del privilegio que reciben sus alumnos? ¿Habrá convenios de desempeño? ¿Cómo se evitará un aumento de la deserción y un alargamiento de la duración de los estudios? ¿Deberán las universidades del Estado adoptar alguna forma de gobierno que asegure un régimen de carácter público, más allá de la mera autogestión corporativa? ¿Se exigirá a las universidades privadas del CRUCh que adopten gobiernos triestamentales?

Hacia el futuro se mantiene el propósito de lograr una gratuidad universal que, en la práctica, obligaría a redefinir la provisión mixta, a alterar la autonomía universitaria y a elevar sideralmente el gasto fiscal en este nivel superior de la educación, en desmedro de los tramos iniciales y más decisivos para la equidad social (preescolar, primario y secundario).

Segundo, los docentes. La nueva carrera propuesta por el Gobierno se hace cargo de un asunto de primera importancia con una orientación adecuada, la de fortalecer la profesionalización de los maestros y mejorar su remuneración y condiciones laborales.

Sin embargo, el proyecto en cuestión adolece de varias fallas.

La más importante, a mi juicio, es que no entrega incentivos y apoyos suficientes para atraer a docentes de alto rendimiento hacia aquellos colegios con una mayor proporción de estudiantes vulnerables. El futuro de nuestra educación se juega en torno a este asunto; es una cuestión vital de oportunidades de aprendizaje, calidad de la enseñanza y mejoramiento del sistema escolar en su conjunto. Es por lo mismo una medida clave para la profesión docente donde el Estado debería invertir más y más.

Enseguida, la carrera propiamente podría mejorar si se corrigen sus puntos débiles: demasiadas etapas sin una razón que las justifique, criterios laxos y pocos exigentes de evaluación, escasa participación del equipo directivo en evaluaciones formativas de nivel local, débil e insuficiente esquema de mentorías para la inducción de jóvenes docentes, escaso desarrollo de redes de apoyo para profesores en servicio, aumento significativo de la remuneración inicial, pero con una curva posterior de incrementos relativamente plana y poco competitiva.

El Colegio de Profesores está movilizado contra este proyecto. Ha detenido su tramitación en el Parlamento, imponiendo una nueva negociación al Gobierno. Es probable, por tanto, que la legislación pase a ser determinada por los intereses corporativos del gremio. De ser así, se desdibujaría la reforma. De hecho, en ningún país democrático el estatuto de la profesión o la carrera de sus miembros es definida por la corporación.

En suma, existe el riesgo de que el Gobierno termine en ambos frentes -el de la gratuidad y el de la carrera de los maestros- adoptando políticas destinadas a favorecer a grupos particulares de interés y poder. En vez de actuar en beneficio del interés público, y de ampliar oportunidades bajo criterios de mayor igualdad, calidad y eficiencia, podría verse forzado a subsidiar grupos específicos y a repartir beneficios entre aquellas partes interesadas con mayor capacidad de presión.

No es lo que esperamos de la Presidenta Bachelet y su gobierno.

“Existe el riesgo que el Gobierno termine en ambos frentes -el de la gratuidad y el de la carrera de los maestros- adoptando políticas destinadas a favorecer grupos particulares de interés y poder”.