OPINIÓN

A diferencia de lo ocurrido en otros países como Alemania y Francia, los años de crisis se han convertido en España y Cataluña en la oportunidad para desmantelar la universidad y los centros de investigación públicos. Con la excusa de ganar eficiencia, eliminar las barreras burocráticas, etcétera, los gobiernos de CIU (+ERC) y PP, en un matrimonio de conveniencia sin igual, se han empeñado en reducir la universidad pública. El propósito no es desmantelarla totalmente, pues de momento no disponen de recambio, pero sí debilitarla hasta el punto que pueda dejar espacio para que prosperen las universidades privadas, las únicas que se han creado nuevas en los últimos años.

Este proceso se está haciendo de forma sibilina desde tres ámbitos: 1) las reformas universitarias continuadas y antagónicas; 2) la burocratización de los sistemas de selección y evaluación del profesorado; y 3) desde la reducción de la inversión pública y aumento del precio de las matrículas.

1) En el 2007 se inició la implantación del decreto que se denominó Plan Bolonia, donde se intentaba armonizar el sistema español con el europeo por lo que respecta a la duración de las titulaciones para facilitar la convalidación de títulos y la movilidad de los estudiantes. Se adoptó el sistema de 4+1 o 4+2, igual que lo hicieron Rusia, Bulgaria y algunos países de Europa Oriental, en contraposición al 3+2 adoptado por la gran mayoría de países de la UE. Por otra, se introdujo un conjunto de “metodologías pedagógicas”, asociadas las TIC, sin ningún criterio académico (aquello de “aprender a aprender”). El resultado de esta reforma, que se hizo al margen del debate académico, ha sido la trivialización del grado, la mercantilización del posgrado y la dispersión del conocimiento (se ha pasado de 153 títulos en el 2007 a 500 en la actualidad, solo entre los de grado).

La actual propuesta de volver al 3+2 del último decreto Wert también se hace sin ningún criterio académico. El ministro argumenta que esta reforma disminuirá el precio de una carrera universitaria, hecho que no sucederá ya que los precios de los cursos de posgrado son muy elevados y provocará que muchos estudiantes no pasen del grado, disminuyendo así, su formación. El cambio sí que permitirá reducir las plantillas y privatizar el segundo ciclo de posgrado y ahí es donde las universidades privadas tienen una oportunidad de negocio.

2) La segunda línea de acción de los sucesivos gobiernos del PP y CIU ha sido lanzar una reforma permanente de los sistemas de selección y evaluación del profesorado. Esta tiene dos bases: la primera, prohibir la contratación vía presupuestaria y legislativa con el propósito de reducir el gasto universitario; la segunda, mediante un complejo método de selección del profesorado que en la actualidad se ha convertido en menos transparente que el anterior sistema de oposiciones tradicionales. Si bien en sus inicios hubo esperanzas de que los cambios inauguraran un sistema que favoreciera una selección del profesorado por méritos, el proceso —especialmente en Cataluña (sistema Serra Hunter)—, ha cogido una deriva cada vez más burocratizada y poco transparente.

3) La tercera línea de actuación ha sido la económica. Según el estudio, El finançament de les universitats públiques catalanes (1996-2014) publicado en 2015 por el Observatori del Sistema Universitari, los decretos de liberalización de las tasas han permitido a las Universidades aumentar sus ingresos propios mediante un aumento del precio de las matrículas ya que los gobiernos de España y Cataluña disminuyeron drásticamente sus aportaciones (un 45% entre 2009-2012, retroceso equivalente a 9 años en términos reales). El gasto por estudiante pasó de 16.000 euros en 2008 a 12.000 en 2012. En España el precio de matrícula del grado es de 750 euros; en Cataluña la matricula cuesta entre 1.750 y 2.500 euros; en los cursos de posgrado, el precio ha aumentado a 4.000 euros.

Estas medidas han provocado que la participación de las familias en el gasto universitario pasase del 12% al 20% y que el número de estudiantes disminuyera en Catalunya de 173.000 a 163.000. Lo peor es que estos aumentos en la matrícula no han sido acompañados de un aumento de inversión en becas. Paradójicamente, en los países donde los precios de las matrículas son más baratos las ayudas a estudiantes son más elevadas (becas salarios, reducciones de impuestos, etcétera.), mientras que en aquellos países donde las matrículas son más elevadas, las ayudas son inferiores. España y Cataluña tienen posiciones europeas de honor en este último ranking.
Todas estas políticas conducen a la destrucción de la Universidad pública y, por lo tanto, de una institución que genera y transmite conocimiento en igualdad de oportunidades. Si esta tendencia negativa persiste, serán menos los que podrán cursar estudios superiores y será menor el capital humano formado que el país necesita para un nuevo modelo económico más justo y sostenible.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia.