José Joaquín Brunner

En estos momentos hay una intensa pugna en torno al control de la agenda pública; esto es, por la determinación de los asuntos que deben ocupar la atención de los medios de comunicación (“aparecer en los titulares”) y de la opinión masiva. Siempre es así, aunque no con la fuerza que ocurre en la actual coyuntura. Efectivamente, diversos grupos compiten continuamente por introducir sus problemas, demandas y puntos de vista en la agenda y por mantenerlos allí el tiempo necesario hasta que el gobierno actúe y promueva una solución favorable.

Ante todo, la contienda entonces es por alcanzar un lugar de alta visibilidad en la agenda medial para así lograr apoyo de la opinión pública (medida por encuestas) y por esta vía empujar al gobierno a actuar. Por cierto, este es un esquema ultra simplificado.

En la práctica lo que sucede habitualmente es que un gobierno eficaz -o sea, con liderazgo y que cuenta con apoyo de sus partidos, en el Parlamento y la sociedad civil- controla la agenda pública. Cuenta con suficientes recursos para imponer sus propios asuntos -proyectos, declaraciones, análisis, medidas- en la esfera pública, pasando por encima del enfrentamiento cotidiano entre decenas de asuntos que procuran sobresalir.

Recuérdese cómo inicialmente el gobierno Bachelet ganó el control de la agenda con la ofensiva reformista (tributaria y educacional) y obtuvo la atención de los medios y el apoyo de la opinión pública, al tiempo que la oposición se hallaba reducida a un estado insignificante. Recuérdese, también, cuán frágil suele ser el dominio gubernamental sobre la agenda y la velocidad -un semestre o algo así- con la cual la Presidenta Bachelet perdió la popularidad y su gobierno cayó en las encuestas. El control de la agenda se debilitó y tornó confuso; el gobierno parecía desorientado; la comunicación gubernamental se percibía floja y errática; el gabinete se convirtió en objeto de crítica y la ofensiva reformista, particularmente en el campo de la educación, terminó provocando más descontento que adhesión. En suma, la marea había cambiado.

Al final del año 2014 hubo un momento de repunte gubernativo y de la popularidad presidencial que, incluso, hizo olvidar la fragilidad del gabinete y la necesidad de fortalecerlo. Mientras tanto había explotado el escándalo Penta, cuya arista política penetraba hasta el núcleo político de la UDI.

Luego, sorpresivamente, en medio del período de vacaciones, se desató el caso Caval-Luksic casi coetáneamente con el caso SQM, cuya arista política resultó aún más profunda y su impacto más expansivo, amenazando dañar también a figuras oficialistas.

Desde ese momento -hace ocho semanas, una eternidad en el calendario político- el gobierno perdió definitivamente el control de la agenda, que pasó a los media  y a los profesionales de la prensa, a los fiscales y sus procedimientos y ritmos, al SII y a la justicia con sus alegatos y formalizaciones.

La secuencia noticiosa de los escándalos comanda ahora el ritmo de los acontecimientos. Los media organizan la provisión informativa y la temporalidad de su consumo, fijando la pauta de acuerdo a la cual se desenvuelve la opinión pública.

Como suele ocurrir dentro de la estructura comunicacional de los escándalos, los espacios intermedios entre la publicación o transmisión de las noticias son llenados por filtraciones y rumores. “Éstos alimentan la especulación”, escribe J. P. Thompson en su libro sobre sociología de escándalos políticos, “y, como sucede con una buena novela, desafían la capacidad del público para evaluar la veracidad de los protagonistas, descubrir  la trama y predecir su resolución”.

¿Mienten o declaran la verdad Luksic, Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos? ¿Cómo se gestan las boletas ideológicamente falsas en el caso SQM? ¿Quién las pide, expide y recibe? ¿Dónde y cuántas? ¿Qué papel juegan el contador, el contralor y el controlador de Caval? ¿Amenazó efectivamente la Presidenta con renunciar? ¿Cuándo y cómo concluirán las aristas políticas o se agregarán otras más, quizá CorpBanca, quizá Ripley u otra? ¿Quiénes pagarán con prisión y quiénes retornarán a sus hogares humillados por la terrible experiencia? ¿Se materializará rigurosamente el caiga quien caiga? ¿Habrá o no un acuerdo transversal dentro de la élite política para dejar atrás la sombra de la sospecha y retomar la normalidad de la competencia por el poder?

Desde el punto de vista de esa misma sociología, los escándalos constituyen una fuente generadora de elementos que se autopropulsan, como filtraciones, rumores, informaciones e inquisiciones que a través de los media y las redes sociales proveen de municiones para minar el campo reputacional de la política.

Las reputaciones -es decir, los prestigios o la estima en que son tenidos los personeros políticos- son uno de los principales bienes que se hallan en juego en la esfera pública democrática. Son el resultado, si se quiere, de aquello que suele medirse mediante encuestas como atributos de la Presidenta o de otros líderes políticos, tales como: “Es creíble”, “Es activa y enérgica” o “Cuenta con capacidad para enfrentar situaciones de crisis”, etc.

Los escándalos, dicho brutalmente, son un ácido corrosivo para la reputación de la política y los políticos. Disuelven prestigios, atacan la estima y quiebran la confianza que entreteje y da sostén a la polis. Son, por lo mismo, un arma potente para empujar contra la pared a la política y a los políticos.

¿Qué gana la democracia con todo esto?

¡Nada!, en realidad. En ninguna parte donde la élite política ha sido arrasada por los escándalos y terminó hundiéndose en el desprestigio y la desconfianza -en Italia, Argentina o España, por ejemplo-, la democracia se limpió o purificó o renovó. Al contrario, se desgastó y dio paso a nuevos fenómenos de cinismo, nihilismo y pesimismo.

De hecho hoy mismo, en Chile, mientras la agenda pública siga atrapada por escándalos mediatizados y continúe la espiral inflacionaria de las filtraciones, los rumores y su secuela de corrosión reputacional y desconfianza, no será posible recuperar la deliberación democrática y retomar el camino secularizado de la política, sus conflictos y acuerdos. Seguiremos, en cambio, en esta enrarecida atmósfera de inquisición periodística, superioridad moral autoconferida y puritanismo frente a unos grupos dirigentes incapaces de retomar la conducción.

Es decir, enredados en estos escándalos que nos mantienen atrapados.

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.