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La ley aprobada y el tiempo posterior

“¿Cuáles medidas e indicadores nos permitirían saber si la ley funciona, si genera los bienes prometidos? El vacío en cuanto a estas preguntas es quizás lo más débil de la reforma…”

El Gobierno puede sentirse satisfecho: el Congreso aprobó antes de irse de vacaciones el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección, “la primera parte de la reforma educacional”, según señaló la Presidenta Bachelet. Mas dramático, el ministro de Educación sentenció: “Aquí se acabó un conjunto de bases ilegítimas puestas en dictadura, a espaldas de un pueblo, y hoy hemos recuperado la tradición histórica de Chile y las mejores prácticas del resto del mundo”. Similar regocijo manifestaron parlamentarios de la Nueva Mayoría. Un ejemplo: “Hemos logrado sacar al mercado de la educación, hemos logrado establecer la educación como un derecho social”.

En suma, las celebraciones anduvieron cerca de don Darío Salas, quien recibió la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920) con el verso: “Salve ley redentora”. Medio siglo demoró en concretarse ese objetivo. Hasta hoy la ley redentora no cumple con igualar la calidad de las oportunidades educacionales provistas por el sistema.

¿Qué pasó? Problemas múltiples de implementación de la norma: escaso presupuesto asignado al objetivo de aquella, insuficiente infraestructura escolar, falta de profesores, continuos cambios de políticas, resistencias gremiales, fallas burocráticas. En fin, se produjo un divorcio entre el júbilo inicial y la aplicación de la ley; entre las promesas del legislador y las frustraciones de la ejecución. O como escribe el poeta: “Entre la emoción/ y la respuesta/ cae la Sombra” (T.S. Elliot).

¿Qué esperar de la ley recién aprobada?

A diferencia de la ley de 1920 -bienvenida por todos, aunque más por liberales que por conservadores-, esta otra nace con sus protagonistas y audiencias divididas. Unos se regocijan creyendo haber dado “un paso enorme, histórico y trascendente”, mientras otros perciben amenazas y un futuro incierto.

En seguida, la ley aprobada es complicadísima en su diseño y de engorrosa ejecución. Sus piezas y partes no ensamblan bien, el articulado revela una pertinaz improvisación, y la diversidad de plazos crea un verdadero laberinto práctico. El Mineduc se comprometió a establecer una oficina especial para asesorar a los sostenedores que necesiten esclarecer el intríngulis legal y financiero de personas jurídicas, propiedades, intereses relacionados, arrendamientos, comodatos, préstamos bancarios, avales del Estado. Adicionalmente, deberá dictar variados reglamentos para especificar las disposiciones de la ley.

Pues bien, ¿qué beneficios podrían seguirse de esta ley, más allá de reglas, plazos y sanciones? ¿Cuáles medidas e indicadores nos permitirían saber si acaso la ley funciona, si genera los bienes prometidos y abre paso de verdad a “un sistema educativo más moderno, de calidad, gratuito y sin discriminación” como sueña la Presidenta?

Pienso que el vacío en relación con estas interrogantes es quizá el punto más débil de la reforma. Efectivamente será difícil reclamar responsabilidades, pedir cuentas y ejercer una efectiva accountability frente a la nueva ley. Será casi imposible medir su efectividad; saber si produce más ganancias que daños y en qué medida mejora (o deteriora) aspectos clave del sistema educacional.

Por ejemplo, ¿cuándo y cómo podremos concluir si efectivamente avanzamos hacia un sistema de calidad y sin discriminación? ¿Cuándo se podrá decir que acabaron las “bases ilegítimas puestas en dictadura”, según ofreció el ministro Eyzaguirre? ¿Incluye su oferta el fin también de las pruebas Simce y de la subvención por alumno? ¿Qué indicadores sugiere emplear el Gobierno para medir si efectivamente sacó el mercado de la educación? Por ejemplo, ¿implica reducir al mínimo a los sostenedores privados, la competencia, la libertad de elección de los padres, el financiamiento a la demanda y la evaluación de los profesores? ¿Cuándo podrá declararse muerto el mercado?

Discutamos entonces algunos indicadores que podamos convenir y usar. Sugiero los siguientes: (i) Resultados de aquellos colegios convertidos en entidades sin fines de lucro. (ii) Variación de los niveles de segmentación en aquellos colegios con admisión aleatoria. (iii) Incremento de la matrícula en establecimientos municipales reforzados con un fondo especial de doscientos cincuenta mil millones de pesos. (iv) Grado en que aumenta o disminuye la varianza de resultados explicada por el índice de estatus económico, social y cultural de PISA. (v) Disminución del porcentaje de alumnos que no alcanza el umbral mínimo de competencias básicas evaluadas por PISA. (vi) Movimiento ascendente o descendente de la brecha socioeconómica y cultural entre alumnos del primer y cuarto cuartiles en el examen PISA. (vii) Comportamiento de los índices de inclusión académica y social calculados por la OCDE para los sistemas escolares. (viii) Nivel de satisfacción de los sostenedores, directivos y profesores con las nuevas regulaciones establecidas para los colegios. (ix) En el mediano plazo, desempeño de los liceos emblemáticos y si acaso el Instituto Nacional conserva su función formadora de élites.

Para este efecto propongo que el Gobierno reúna a un panel de expertos independientes encargado de monitorear y evaluar la implementación de la reforma y sus efectos, con capacidad de licitar estudios y la obligación de compartir sus bases de datos y de informar ampliamente al Ejecutivo, el Parlamento, las agencias del sector y a la opinión pública.