Ex ministro vocero de gobierno, José Joaquín Brunner (PPD).

En medio del silencio que han mantenido los principales dirigentes de la coalición de gobierno, el ex secretario de Estado (PPD) y miembro del movimiento Fuerza Pública -de Andrés Velasco-, José Joaquín Brunner, se refiere a los alcances que tendría, para el gobierno y la propia presidenta Bachelet, el polémico caso Dávalos. De paso, critica el discurso que la coalición oficialista ha sostenido desde su llegada a La Moneda.

-¿Cómo evalúa la manera en que el gobierno ha llevado el caso de Sebastián Dávalos y el rol que ha jugado el ministro del Interior, Rodigo Peñailillo, en ello?
-Casos como este no pueden, sino, ser mal llevados. Tengo la experiencia de haber presidido las comunicaciones de un gobierno y sé lo difícil que es manejar estas situaciones. La reacción del gobierno ha sido tardía, el vocero regular ha sido desplazado y aún no se llega siquiera al comienzo de una solución, que debería, normalmente, ser la renuncia del funcionario cuestionado.

-¿Cómo interpreta que La Moneda –con las declaraciones de Peñailillo y del vocero (s), José Antonio Gómez-, haya preferido tomar distancia del caso señalando que será Dávalos quien deba dar explicaciones?
-¡Es lo lógico de hacer! Lo contrario obligaría al gobierno, y en particular a la Presidenta, a asumir el costo entero de este caso.

-¿Fue un error haber nombrado a Dávalos en ese cargo?
-Seguramente fue un error desde el inicio, pero ahora ya no es tiempo de discutirlo.

-¿Cómo se supera esta situación?
-Para superar esta situación, el mismo involucrado debería dar un paso al costado. Luego el gobierno debiera preocuparse de restablecer un clima de concordia con los demás actores políticos y buscar soluciones de fondo a estos asuntos que tocan al siempre tenso, potencialmente explosivo, vínculo de la política y el dinero; el poder y la riqueza.

-En ese sentido, ¿cree que la revelación del caso Dávalos pone en jaque el intento del gobierno por promover un discurso sobre la igualdad y por separar la política de los negocios (a propósito de Penta)?
-No iría tan lejos. Sin embargo, puede ser que este caso debilite la posición del gobierno al exponer el simplismo y autocomplacencia de esa suerte de discurso de la superioridad moral usado como medio para disminuir y descalificar al oponente en el campo político. Me preocupa cuando la lucha política busca establecer un monopolio moral para una sola de las partes en la disputa. La democracia pluralista no admite monopolios oficiales sobre la moral, ni la fragilidad humana resiste ser tratada como una patología de los sistemas políticos.

-¿Cómo afecta a la imagen del gobierno y de la propia presidenta Bachelet, este caso? Hay quienes sostienen que dañaría algunos de sus atributos blandos, ¿cómo lo ve?

-El gobierno sufrirá una cierta merma en su prestigio, pero nada serio o duradero. En cuanto a la Presidenta, es de esperar que no sea lesionada en su buena reputación y la confianza depositada en ella. Esos atributos son importantes para la presidencia como institución del Estado y no sólo para la persona Bachelet.

-¿Es comparable al caso Penta? La Alianza y la Nueva Mayoría se han acusado mutuamente de intentar “empatar”, ¿cómo lo ve usted?
-Es una tragedia y una torpeza esta suerte de competencia en torno a cuál escándalo es mayor o causa más daño, y si uno puede neutralizar al otro, como males intercambiables en alguno de los círculos del Infierno de Dante. Cada caso es único. No pueden medirse ni compararse, ni ponerse en una tabla de posiciones. Con eso sólo se daña la política y se cultiva el cinismo como comportamiento habitual.

-¿Cómo explica el silencio de los dirigentes de primera línea de la Nueva Mayoría?
-Por incomodidad. Y por una mala comprensión del fenómeno. Aquí no se trata en lo esencial de enjuiciar moral o políticamente a una persona que tiene una responsabilidad pública, si no de deliberar sobre un asunto central para cualquiera democracia: cómo trazar el límite entre el dinero y la política, y entre el mérito y la mera adscripción familiar, de manera de no dañar a las instituciones que dan estabilidad a la economía y legitimidad a la política.

– A propósito de este análisis, ¿cree que efectivamente hubo tráfico de influencia o alguna otra irregularidad que deba ser investigada?
-Visiblemente hay una imprudencia en el comportamiento de las personas involucradas; es una situación inusual, que exige ser aclarada y luego sometida a una discusión razonada en términos del mejor funcionamiento futuro de nuestra democracia. Transformar esto, en cambio, en un mero asunto de ataques y contraataques político-comunicacionales sólo serviría para deteriorar la convivencia política. El gobierno sufrirá una cierta merma en su prestigio, pero nada serio o duradero.