Las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación aprobaron una indicación del Ejecutivo que señala que tales sanciones son las que están establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. En tanto, los senadores Fulvio Rossi y Jaime Quintana retiraron las indicaciones que establecían penas de cárcel para los sostenedores.

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Con la aprobación de sanciones a quienes hagan mal uso de los recursos públicos destinados a educación y las normas que regulan el arriendo y la adquisición de inmuebles educacionales entre otras medidas, las Comisiones Unidas de Hacienda, y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, continuaron con el estudio en particular del proyecto, en segundo trámite, que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

 

La sesión se desarrolló durante toda la jornada, en el ex Congreso, entre las 10 y las 22 horas, con algunas interrupciones momentáneas.

 

La disposición relativa a las sanciones, presentada por el Ejecutivo y aprobada en votación dividida, establece que quien haga mal uso de los recursos públicos destinados a educación, deberá reintegrarlos al establecimiento educacional  debidamente reajustados y además la Superintendencia de Educación los sancionará con una multa del 50% de la suma sustraída o desviada.

 

Asimismo, señala que las infracciones cometidas en el uso de los recursos, generarán las responsabilidades civiles y penales que el ordenamiento jurídico dispone. En ese caso, la Superintendencia de Educación o el Servicio de Impuestos Internos deben denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

 

En el mismo orden de cosas, los senadores Fulvio Rossi y Jaime Quintana retiraron dos indicaciones que establecían penas de cárcel a quienes hicieran mal uso de los recursos públicos destinados a educación.

 

En la primera parte de la jornada los legisladores revisaron algunas dudas surgidas respecto al articulado y normas transitorias (Revise el video con la I parte de la sesión), luego de una suspensión momentánea se abocaron a revisar el articulado que regula las operaciones entre partes relacionadas. (Revise el video con la II parte de la sesión).

 

En tal sentido, se aprobó una indicación del Ejecutivo que permite la operación con personas relacionadas cuando se hacen con organizaciones sin fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente de servicios a los establecimientos educacionales.

 

Además se aprobaron dos indicaciones –una del Ejecutivo y otra de los senadores Jorge Pizarro, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar-que señala que se entenderá por partes relacionadas a las personas jurídicas que posean directa o indirectamente el 10% (antes se hablaba del 5%) o más del capital de ésta, la calidad de directivo o de administrador. (Revise el video con la III parte de la sesión)

 

Asimismo, se aprobó una disposición destinada a facilitar el funcionamiento de los establecimientos en red.

 

 

En la jornada de la tarde, los senadores estuvieron abocados a revisar temáticas relacionadas con la información que deberán entregar los establecimientos particulares subvencionados, a la Superintendencia de Educación.

 

En ese tenor, el debate se centró en la necesidad de establecer mecanismos de control que permitan garantizar la entrega de todos los antecedentes y su veracidad. Ello fue considerado por los legisladores de oposición como una suerte de “sospecha permanente en contra de los administradores de estos establecimientos”.

 

A modo de ejemplo, se aprobó la idea de que los sostenedores de estos recintos tengan la obligación de mantener estados financieros por un mínimo de cinco años, los que estarán a disposición de la citada Superintendencia. En esa línea, se aclararon conceptos como director y directivo en cuanto a dar a conocer la remuneración de estos cargos en la web del liceo o colegio.

 

 

Uno de los puntos más importantes del debate vespertino fueron las normas relativas a los requisitos para recibir la subvención, donde la discusión no estuvo exenta de polémica, especialmente con motivo de dos indicaciones de autoría de los senadores Víctor Pérez Varela, Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot y Ena Von Baer, quienes buscaban suprimir la disposición que dispone que sólo los establecimientos que hayan sido reconocidos oficialmente y sean fundaciones sin fines de lucro, tengan la posibilidad de recibir subvenciones estatales.

 

Este enfoque fue rechazado, lo que generó un duro intercambio de ideas respecto a la calidad de la educación que se generaría a partir de esta definición, los efectos prácticos que tendría este criterio sobre los recintos que hoy imparten enseñanza particular subvencionada, y la potencial vulneración de las libertades de educación y emprendimiento que podrían registrarse. (Revise el video con la IV parte de la sesión).

 

 

Relacionado con el punto anterior sobre el objetivo del fin del lucro que persigue el proyecto, las Comisiones Unidas se abocaron luego a las normas relativas a los arriendos de inmuebles.

 

En este punto se desarrolló un amplio debate respecto a lo que algunos parlamentarios calificaron como una “obsesión por el sostenedor propietario”. En esa línea se discutió la indicación de la Alianza, la N° 171 que apuntaba a regular los arriendos de los inmuebles donde funcionan los establecimientos. Sin embargo, no prosperó y se rechazó por 6 votos contra 4.

 

En esa línea, los senadores de oposición Allamand, Von Baer, García Ruminot y Coloma esgrimieron como argumento que “los sostenedores siempre deben poder arrendar” y que si persisten “las sospechas” para evitar abusos existe una Superintendencia. Por lo que lamentaron que “se haya generado una visión casi maligna sobre que los arriendos como una especie de agujero del lucro”.

 

En tanto, los senadores Walker y Zaldívar consultaron sobre los alcances de la norma del Ejecutivo reconociendo que no es fácil para todos los sostenedores ser propietarios sobre todo cuando se trata de personas de vocación educacional. Asimismo consultaron por los arriendos con promesa de compraventa o leasing. (Revise V parte del debate)

 

El senador Montes recordó que el arriendo es una modalidad fácil de controlar pero se generó una imagen a raíz de lo ocurrido con la educación superior, por eso mencionó que el mayor problema está en el arriendo entre partes relacionadas.  En tanto, su par el senador Quintana, mencionó que el texto del proyecto deja las reglas más claras.

 

No obstante, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre explicó que lo que se quiere cautelar en el proyecto es el fin del lucro y la estabilidad de los niños. Precisó que el texto legal procura que el dinero fiscal se invierta en esos fines y aclaró que “para los sostenedores que están arrendando se les permite seguir arrendando siempre y cuando no sean relacionados”.

 

A su turno, el senador  Espina manifestó que si lo que se busca es la estabilidad por qué no se considera el instrumento legal que existe y que son los contratos de arriendo a largo plazo e inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, “donde perfectamente se pueden establecer plazos y condiciones que aseguren la estabilidad de los estudiantes”.

 

Al respecto, el senador Eyzaguirre, acogió el punto del senador Espina en el sentido que ese tipo de contratos ofrecería un sustituto de estabilidad a los niños, aunque precisó que con las actuales tasas de interés un sostenedor entrante que toma un crédito a 20 años va a pagar un dividendo similar a un arriendo.

 

 

 

Hacia la noche, las Comisiones Unidas se enfrascaron en una profunda reflexión sobre las disposiciones que tienen que ver con el rol de los directores de establecimientos y las causales y procedimientos para las expulsiones de los estudiantes. (Revise la VII parte del debate)

 

En la oportunidad y, tras una ardua discusión, se acordó dejar pendiente la discusión de las indicaciones números: 188 a la 205, de autoría de diversos senadores tanto de la Nueva Mayoría, como la oposición e independientes, con el fin que los equipos del gobierno y los parlamentarios logren una propuesta de redacción de las normas referidas a los procesos que deberán aplicarse para la aplicación de las sanciones o medidas disciplinarias, incluyendo la expulsión o la cancelación de matrícula cuando la convivencia escolar se encuentre en serio riesgo.

 

A juicio de los autores de algunas de las indicaciones pendientes senadores Allamand, Coloma, García Ruminot, Pérez Varela y Von Baer, el punto de fondo es fortalecer el rol del director y de los profesores, y detallaron los serios problemas de convivencia que se generan cuando los menores, o sus propias familias están involucradas en conductas disfuncionales, agresivas e incluso delictuales.

 

A su vez,  el senador Walker si bien reconoció que la expulsión es una medida extrema propuso al Ejecutivo lograr una propuesta de mayor consenso que acoja los argumentos planteados. A su turno, el senador Quintana hizo énfasis en la necesidad de confiar en la experiencia de los propios profesores.

 

Una visión distinta expresó el senador Rossi, quien manifestó que el proyecto educativo debe ser capaz de recuperar y rehabilitar a menores conflictivos. Aseguró que la expulsión no es la solución y solo dilata el problema y lo traslada a otro establecimiento. Similar visión hizo presente el senador Montes.(Revise la VIII parte del debate)

 

A su turno, el ministro Eyzaguirre se abrió a mejorar la redacción de las disposiciones ya que lo que se pretende es evitar que los directores “sean juez y parte” en procesos de expulsión o de cancelación de matrícula de los menores. Por eso propuso avanzar en una propuesta que considere no solo un proceso previo con medidas específicas para atender al menor con conductas disfuncionales sino también eventualmente con sus padres cuando ponen en riesgo la convivencia escolar.