Equidad e incentivos

A pesar de que en los últimos tiempos muchos de los debates sobre la universidad española se han centrado en la gobernanza, la cuestión de la financiación es un asunto fundamental. La reducción de las aportaciones presupuestarias a las universidades públicas debería haber generado más debate sobre cómo distribuir el presupuesto entre universidades de forma eficiente, pero las comunidades autónomas no han entrado en esta cuestión. El único cambio que ha generado debate es el aumento de los precios públicos para compensar parte de la caída de los fondos destinados a financiar la universidad pública. En este punto sería conveniente recordar que aunque la financiación global ha caído significativamente desde el comienzo de la crisis, en los 10 años anteriores casi se duplicó mientras la Universidad perdía estudiantes, y que las tasas cubren menos del 20% del coste de la matrícula.

Sería muy prematuro vincular al aumento de las tasas la pequeña caída del 0,6% de los estudiantes en universidades públicas entre el curso 2011-12 y el curso 2013-14. La coincidencia temporal con el aumento de los precios públicos ha generado interpretaciones que ligan los dos fenómenos, aunque esta lectura tiene pocos visos de ser acertada. En primer lugar, si esta hipótesis fuera correcta se debería observar también una correlación significativa entre la caída de estudiantes y el aumento de los precios públicos entre comunidades autónomas. Pero este efecto no se observa. En segundo lugar, si la relación entre las dos variables fuera tan simple sería imposible explicar cómo entre el curso 1999-2000 y el comienzo de la crisis se produjo una caída del 15% de los estudiantes sin una subida de precios públicos.

Claramente hay otros factores que explican la evolución del alumnado como el coste de oportunidad de realizar estudios universitarios, la competencia de la formación profesional y la demografía. Respecto a este último se observa que la población del grupo de edad relevante (entre 18 y 24 años) se está contrayendo desde 2009 entre el 2% y el 3% anual. Desde que comenzó la crisis se ha reducido claramente el coste de oportunidad de realizar estudios universitarios pero esta tendencia, muy potente en los primeros años, es difícil que pueda dominar en el medio plazo una caída anual tan rápida del grupo de edad relevante para los estudios universitarios. La caída en los créditos matriculados es seguramente fruto de una selección más realista por parte de los estudiantes del número de créditos que pueden asumir, sobre todo considerando que se ha producido un incremento muy sustancial de la repetición de cursos.

De hecho, los precios públicos deberían subir mucho más para los estudiantes cuyas familias pueden permitírselo y las becas deberían garantizar el acceso a la universidad a todos aquellos jóvenes con capacidad que no podrían ir a la universidad caso de no contar con esa ayuda. En primer lugar, no parece razonable que familias con recursos que han pagado por un colegio privado o concertado entre 2.000 y 6.000 euros anuales piensen que pagar 1.100 euros en la universidad pública es caro.

Es cierto que el sistema tributario español es progresivo y que, desde esta perspectiva, las familias en mejor posición ya pagan más impuestos que las familias con menos recursos. Sin embargo, vale la pena recordar algunos hechos que señala el último informe de la OCDE sobre gasto social. El estudio muestra que en España se ha producido uno de los aumentos más grandes del gasto social sobre el PIB de todos los países de la OCDE, pero destaca que el 26% de dicho gasto revierte en el quintil superior de la renta mientras solo un 10,3% revierte en el quintil más pobre. Esta distribución es muy diferente a la observada en países como Noruega, Dinamarca o Suecia pero también la del Reino Unido o incluso Estados Unidos. En todos los casos anteriores la proporción de gasto social que se focaliza en el quintil inferior de la renta es muy superior a la del quintil superior.

Para revertir esta situación, y aumentar la proporción de gasto social que revierte al quintil más desfavorecido de la renta, es necesario que una mayor proporción de la provisión de servicios públicos se distribuya teniendo en cuenta la renta y/o la riqueza de las familias. Además, desde el punto de vista de la eficiencia económica, el hacer pagar mayores precios públicos por la universidad a los jóvenes de familias con mayor nivel adquisitivo no afecta a la decisión de enviar a sus hijos a la universidad. En el otro extremo de la distribución de la renta sí que podrían estar dándose casos de jóvenes que no pueden financiar sus estudios universitarios. Estos jóvenes deberían tener garantizado el pago completo de la matrícula a partir de becas. Es más, teniendo en cuenta que el impedimento más importante para asistir a la universidad en jóvenes de familias con pocos recursos es el coste de oportunidad del tiempo invertido en asistir a la universidad, debería haber muchas más becas salario, ligadas a la renta y a los resultados académicos. Por tanto, aumento de precios públicos para quien pueda pagarlos y más becas para quienes no pueden hacer frente con el coste de la matrícula o el coste de oportunidad del tiempo invertido en estudiar en la universidad.

Otra tendencia que debería aumentar es la diversificación de los ingresos. La presión presupuestaria generada por la crisis económica ha mostrado con claridad que las universidades con mayor diversificación de sus fuentes de financiación han navegado con menos problemas esta etapa. Por ejemplo, tener equipos competitivos que obtienen con regularidad financiación para proyectos de investigación de la Unión Europea ha permitido sostener el empleo de investigadores en las mejores universidades.

Y aquí es donde aparece otra necesidad perentoria en el sistema de financiación universitario. La subvención de las universidades públicas debería distribuirse de forma que se maximizara la rentabilidad social de los recursos públicos invertidos en la Universidad. Por tanto, sería necesario un modelo de financiación objetivo basado en resultados de docencia e investigación, y no en inputs, acuerdos discrecionales o el status quo del pasado. Un modelo que aumentara la autonomía de las universidades y la flexibilidad para fijar precios y salarios pero que, a la vez, estuviera acompañado de un sistema de evaluación estricto que tuviera consecuencias financieras a partir de la valoración de la docencia y la investigación.

En la primera entrega de estos debates se habló de la endogamia rampante de la universidad española. Es cierto que aumentar la autonomía universitaria podría generar una mayor tendencia endogámica. Pero si se contrata al hijo, al cuñado o al estudiante de doctorado en lugar del mejor candidato entonces los recursos el siguiente año se reducirán lo que genera un desincentivo grande a la endogamia. En los lugares donde se utiliza este sistema de incentivos un departamento puede llegar a desaparecer si sus evaluaciones no son positivas de forma reiterada. Para impedir la búsqueda de la protección funcionarial de los candidatos enchufados se debería proceder a eliminar el carácter funcionarial de los profesores universitarios. En una democracia consolidada no tiene mucho sentido que los profesores universitarios sean funcionarios, por contraposición a jueces, policías o bomberos. Por suerte, los resultados del reciente estudio La Comunidad Universitaria Española Opina apuntan a que esta visión se va extendiendo.

Más tasas para quien puede pagarlas, muchas más “becas equidad”, mayor diversificación de las fuentes de financiación y más autonomía pero con distribución de la subvención pública en función de resultados. Esta debería ser la fórmula.

José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra