Durante el transcurso de esta sinuosa tramitación, el bosque normativo en torno al triple objetivo del proyecto ha ido creciendo y volviéndose cada vez más denso e impenetrable. Cada vez hay más reglas para regular el vínculo de los sostenedores privados con sus colegios, mayores obligaciones para los establecimientos con fines de lucro que se convertirán en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, más prohibiciones para prevenir la selección académica y menor claridad respecto al término gradual del copago.

De hecho, los propios parlamentarios, funcionarios de gobierno, sostenedores de colegios y representantes de partes interesadas formulan declaraciones contradictorias respecto del sentido, la orientación, los efectos e impactos de la reforma. Incluso los denominados expertos, y para qué decir la opinión pública, están dudosos e inciertos en medio de esta selva oscura donde se perdió la buena senda, parafraseando al Dante al ingresar al infierno.

Lo único intocado son los dos pilares ideológicos del propósito gubernamental. Primero, la idea que es imprescindible: desmercantilizar la educación; segundo, la idea que el esquema mixto de provisión (estatal / privada) debe revisarse, sometiéndose a los proveedores privados a un ceñido régimen de coordinación, supervisión y control. En la práctica, por una y otra vía se espera reducir el peso de los agentes privados, el papel de la competencia (los mercados) y la presencia del dinero en la educación. Con ello, dicen los autores del proyecto, se lograría aumentar la equidad escolar, reducir la segregación social y dar paso a una hegemonía del Estado sobre el sistema y, eventualmente, a una mayor cohesión e integración de la sociedad.

Hay dos perspectivas contrapuestas para evaluar los avances y resultados de esta propuesta. Según algunos, llamémoslos “creyentes”, la reforma diseñada terminará a medio plazo con la mercantilización o comodificación de la educación, sustituyéndola por un régimen público que incrementará el poder del Estado, asegurando mayor igualdad e inclusión. Según otros, llamémoslos “cínicos”, la proliferación de normas, reglas y matices agregados durante la tramitación parlamentaria del proyecto, desembocará en una nueva legislación inofensiva, donde en medio del bosque habrá senderos, huecos, encrucijadas y claros de luz por donde escaparán las buenas intenciones del Gobierno y nada cambiará.

Mi propia evaluación es que el proyecto -cuando finalmente se apruebe- tendrá un mayor impacto que el presagiado por los “cínicos” pero muy diferente al esperado por los “creyentes”. El principal efecto, con impacto directo sobre la efectividad del sistema, será, pienso yo, imponer una fuerte carga adicional de burocratismo -en el sentido de administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas- a los sostenedores privados. Por eso, el logro de la reforma no será potenciar la provisión mixta, sino enmarañar (aún más) al sector de provisión privada, imponiéndole una estrecha malla de obligaciones, cargas, reservas, indicaciones, prestaciones, exigencias y supervisiones, al mismo tiempo que el sector municipal continuará abandonado a su deficiente gestión, sólo que ahora con más dinero e incertidumbres.

Por el contrario, nada lleva a pensar que se produciría una reducción significativa de la inequidad, segmentación y desigualdad del sistema o un fortalecimiento automático de la cohesión e integración sociales. ¿Por qué?

Porque la propuesta gubernamental está lejos de atacar los problemas centrales que permitirían articular una estrategia de largo plazo tendiente a igualar la calidad de las oportunidades educacionales y a compensar el “efecto cuna” de niños y jóvenes que nacen en hogares desaventajados.

Tal estrategia, como adelantamos en una columna anterior, necesitaría incluir tres objetivos: (i) provisión de educación temprana de calidad (desde los tres años) a través de una red de jardines infantiles de máxima potencia y no sólo con mayor cobertura; (ii) plan para “dar vuelta” a una parte significativa de nuestros colegios, los más deficitarios; y (iii) reforma de largo aliento del nivel medio o secundario para ponerlo al día y articularlo con las nueva realidades de nuestra educación superior, incluyendo una completa reingeniería de la educación media técnico-profesional.

Una propuesta como esa sí tiene el potencial de mejorar calidad, igualar oportunidades de aprendizaje, reducir la estratificación del sistema, promover la movilidad y contribuir a la cohesión social. Además, robustecería el esquema de provisión mixta, mejoraría el régimen público que lo regula, atenuaría la mercadización del sistema e incrementaría los efectos de justicia social de la educación, justificando así que este enfoque pueda calificarse propiamente como socialdemócrata.