¿Cuánto debe pagar el alumno y cuánto está dispuesta a pagar toda la sociedad?

Los expertos reclaman un modelo estable de financiación pública por resultados

¿Quién tiene que pagar la universidad? Hay países, como los nórdicos, en los que lo hace toda la sociedad, con sistemas gratuitos para los estudiantes. Hay otros, como Estados Unidos, en los que el alumno paga buena parte de sus estudios, entendiendo que es el titulado el que va a obtener la mayor parte del beneficio de sacarse una carrera, mientras el Estado solo pone una pequeña porción. Entre uno y otro extremo andan dando vueltas muchos países desde hace años. Incluida España, donde quienes proponen matrículas más caras suelen insistir en que hace falta compensarlo con un potente sistema de ayudas. En los últimos tres años de crisis lo primero se ha hecho (el encarecimiento), pero no lo segundo (más dinero para becas). Se ha dejado además un sistema peor dotado por los recortes pero se ha avanzado muy poco en la búsqueda de nuevas formas de financiación. Las reformas para modernizar el sistema y resolver las ineficiencias que aquejan el sistema han quedado a medio hacer.

El debate recorre toda la vieja Europa desde finales de los años noventa, pues eso que llaman la sociedad del conocimiento empuja a mantener a buena parte de la población con formación universitaria y a la vez pisar el acelerador de la investigación (que exige también más dinero), según explica un trabajo de la Unesco de 2009. Y la llegada de la crisis económica no hizo más que dar argumentos a quienes aseguraban que el sistema mayoritario en el continente era insostenible: una financiación de los campus eminentemente pública (de media, un 75%), más o menos completada en algunos casos con las moderadas matrículas que pagan los estudiantes. El ministro de Educación español, José Ignacio Wert, opinó el verano pasado que ese modelo “se lleva mal con las exigencias de consolidación fiscal”.

La inversión pública en universidades cayó en España un 11% entre 2008 y 2012 —1.168 millones—, que serán muchos más, pues los ajustes han continuado hasta este año. Se trata, en todo caso, de una decisión política. En Europa, otros 11 países han hecho recortes por encima del 5%, pero otros cinco se han quedado más o menos como estaban y siete (incluidos Alemania y Polonia) lo han aumentado, según los datos de la Asociación Europea de Universidades (EUA, en sus siglas en inglés)

“El modelo mayoritario en Europa es la financiación pública —matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios— porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad”, escribe la profesora de la Politécnica de Cataluña Vera Sacristán en una de las tribunas que acompañan a esta serie de reportajes. “Y la igualdad no es solo una cuestión de justicia social sino también de eficacia, ya que permite que los mejores accedan a los estudios y que el país no desperdicie su talento por causas económicas”.

El paradigma de este modelo está en los países nórdicos. Por ejemplo, Dinamarca, donde la Universidad no solo es gratuita sino que el Estado da un pequeño sostén económico al alumno: entre 390 y 785 euros al mes. Aunque en este caso también afloran disfunciones que encarecen la factura de todos y complican las cosas cuando llegan las crisis, como los estudiantes eternos: “Había alumnos que no se licenciaban hasta los 35 años”, dice Nieves Hernández-Flores, profesora titular de Lenguas Románicas en la Universidad de Copenhague (número 69 del mundo, según el ranking de Shanghái). “Eso ahora está mejorando al endurecerse las condiciones para percibir el subsidio de estudiante”.

En todo caso, ¿sería posible un modelo así en España? Allí se gasta por alumno universitario al año 17.120 euros; en España, 10.600 (incluyendo lo que ponen las familias); allí se destinaba en 2011 el 1,9% del PIB a universidades; en España, el 1,1%; allí, la presión fiscal es del 48% del PIB; en España, del 32,5%. “Creo que no es posible ese sistema en las actuales circunstancias económicas del país”, zanja el profesor de la Politécnica de Valencia José Antonio Pérez.

Vayamos al extremo contrario: Estados Unidos, donde solo el 35% de dinero de los campus procede de las arcas públicas. Otro 47% lo ponen los estudiantes y el resto, todo tipo de empresas, entidades y filántropos. Este sistema es paradigma de excelencia, al copar los primeros puestos de los ranking internacionales, pero también tiene serios problemas de equidad, a pesar de que se gasta mucho en becas y ayudas. Además, el aumento continuado de precios de las matrículas ha causado un imparable endeudamiento de los titulados (con un monto total de 882.000 millones de euros), y muchos de ellos no pueden devolver los préstamos porque su diploma no les ofrece los trabajos prometidos

El modelo de España está entre los dos extremos, quizá más cerca del nórdico, con un 77,5% de la financiación de origen público, pero un sistema de becas y ayudas más bien pobre: les dedica el 0,11% del PIB frente al 0,31% de media de la OCDE o el 0,39% de EE UU. Pero media docena de informes elaborados o encargados por organismos públicos desde hace casi dos décadas han dicho que las cuentas no salen a pesar de que el presupuesto público para universidades iba aumentando considerablemente (aunque nunca lo suficiente como para acercarlo a los grandes países). Lo que proponían esos informes eran aumentos sustanciales del precio de las matrículas, que cubrían solo entre el 10% y el 20% de lo que cuestan sus estudios —el resto lo pone el Estado, es decir, todo el mundo que paga impuestos—. Con una parte de ese dinero extra se aumentarían las becas y ayudas.

En los últimos tres años sí se han aumentado, de media, considerablemente las tasas, pero no las ayudas. Además, esas subidas no han compensado más que parcialmente los recortes presupuestarios hechos entre 2008 y 2012, “quedando un saldo negativo de 501 millones” para la universidad pública, según los datos de la Conferencia de Rectores (CRUE).

Y esa imagen general esconde, en realidad, situaciones muy distintas, fruto de decisiones políticas, desde congelaciones o leves subidas de precios (en Galicia, Andalucía, Asturias o Castilla-La Mancha), hasta aquellas que superan el 70% desde 2010 (Madrid, Cataluña o Castilla y León). Las diferencias se han disparado de tal manera que por el precio de una carrera en Madrid (1.820 euros de media al curso) se pueden estudiar dos en Galicia (713).

“Los precios públicos deberían subir mucho más para los estudiantes cuyas familias pueden permitírselo y las becas deberían garantizar el acceso a la universidad a todos aquellos jóvenes con capacidad que no podrían ir en caso de no contar con esa ayuda”, opina el catedrático de Economía de la Pompeu Fabra José García Montalvo. “No parece razonable que familias que han pagado por un colegio privado o concertado entre 2.000 y 6.000 euros piensen que pagar 1.100 en la universidad pública es caro”, añade.

Sin embargo, según expertos como el catedrático de la Complutense Julio Carabaña, los más perjudicados por las subidas son las clases medias, que ni acceden a las ayudas ni tienen economías desahogadas. Este fue el argumento con el que el Gobierno conservador de Nicolas Sarkozy en Francia se negó hace unos años a subir las tasas.

Un punto intermedio entre ambas ideas lo ha desarrollado Cataluña. En esta comunidad se ha producido una de las mayores subidas medias de tasas. Sin embargo, desde hace tres cursos los alumnos pagan un precio distinto en función de la renta familiar: desde la gratuidad hasta el 50% de lo que valen los estudios.

José Antonio Pérez apuesta por precios progresivos, insiste en que habría que hacer un “gran esfuerzo en la parte de las becas” y defiende una financiación pública en la que una parte importante dependiera de resultados docentes (por ejemplo, por número de graduados) o de investigación (artículos publicados, su impacto…), lo que daría incentivos para mejorar y penalizaría a los que no lo hicieran. En Dinamarca, un tercio del dinero público que reciben los campus es financiación básica y el resto es variable. Algunas comunidades han intentado esta reforma para ir sustituyendo el modelo clásico —que consiste en dotar a cada universidad según sus alumnos, llegando a acuerdos con los rectores o, simplemente, incrementando un poquito el presupuesto del año anterior—. Pero la crisis frustró la mayoría de los intentos.

“Hay muchos modelos. En España, y en cualquier otro país, lo importante es que el Gobierno y la comunidad universitaria compartan una visión y unos objetivos claros para diseñar un sistema sostenible”, dice Thomas Estermann, responsable de financiación de la Asociación Europea de Universidades. Este organismo defiende que los campus europeos necesitan mantener “una financiación pública suficiente”, pero también han de hacer un esfuerzo para aumentar los ingresos por la parte privada a través de nuevas fuentes: spin offs (empresas creadas por la universidad a través de resultados de la investigación), distintos servicios (desde enseñanza continua a trajes formativos a medida de las compañías) o buscando donaciones de antiguos alumnos o filántropos, patrocinios de cátedras o estudios por parte de empresas. En España se avanza muy lentamente (solo llega al 3,8%, según los datos de la OCDE), pero las universidades están haciendo esfuerzos, aunque el contexto de crisis no hace a las empresas ni a los filántropos muy receptivos.

La otra gran pregunta que queda abierta —después del cuánto dinero, de dónde sale y el cómo se distribuye— es entre quién se reparte. En la última década se ha extendido la idea de que en España hay más universidades públicas y más universitarios de los que el país puede mantener. Esa es otra decisión política y social, pero en la comparativa internacional, España está en la media: hay 1,03 universidades por cada millón de habitantes, mientras en Italia son 1,02, en Alemania 1,07 o en Francia 1,24. Con los titulados, lo mismo: un 27% de jóvenes frente al 31% de la OCDE, (en Alemania es un 22%, un 35% en EE UU o un 47% en Dinamarca).

Otra cosa es si todas las universidades deben ofrecer casi todas las titulaciones. En España apenas hay especialización en los campus. El modelo de “proximidad” (poder estudiar lo más cerca posible de casa) sirvió durante los años ochenta y noventa para aumentar el acceso, pero hace años que empezó a presentar síntomas de colapso, con titulaciones casi vacías cuyos números no justificaban la cantidad de recursos requeridos. Por ejemplo, en 2007-2008, entre las universidades de Zaragoza, Salamanca y Valladolid sumaban 30 estudiantes nuevos en la carrera de Estadística.

Pérez dice que la cifra de duplicidades se ha ido reduciendo (en 2008-2009 había un 18% de títulos con menos de 20 alumnos nuevos y ahora es el 7,45%) y que se mejoraría aún más con esa financiación por resultados. “Si una universidad decide abrir una titulación con muy pocos alumnos, ella verá cómo la sostiene”, dice. Lo mismo vale, añade, con el rendimiento: en 2008 se aprobaban el 64% de asignaturas matriculadas; cuatro años después, el 77%.