El ministro de Educación, José Ignacio Wert, completó ayer el desarrollo curricular de su polémica reforma de la enseñanza. El Consejo de Ministros aprobó, a menos de un año de las próximas elecciones generales, los detalles para la implantación de los cambios en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, que afectará aproximadamente a 1,2 millones de alumnos a partir del próximo curso. Y lo hizo pese a que varias autonomías han alertado de la falta de tiempo para introducir los cambios previstos en una etapa especialmente compleja por el número de asignaturas y por la necesidad de tener docentes especializados. Al malestar de las comunidades se suma el rechazo frontal de la oposición: todos los partidos, salvo UPyD, UPN y Foro Asturias, se comprometieron en junio de 2013 a derogar la ley cuando el PP pierda la mayoría absoluta.

El real decreto de currículo básico —que el ministerio se negó ayer a entregar a los medios de comunicación— fija los contenidos mínimos de las asignaturas troncales (Matemáticas, Lengua o Historia) y específicas (Música, segunda lengua extranjera…) para ESO y Bachillerato. Pero ahora son las comunidades autónomas las que tienen que adaptarse, diseñar y aprobar la parte del currículo para la que tienen competencias. “Tenemos que desarrollar 110 asignaturas en solo dos meses”, alertó la consejera asturiana de Educación, Ana González. Entre la aprobación ayer del real decreto y el inicio del próximo curso habrá nueve meses. Solo la tramitación administrativa, subrayó González, llevará unos cinco.

Las prisas para implantar esta misma reforma, pero en primaria, ya fueron denunciadas por varias autonomías, que se quejaron de falta de tiempo. Han pasado casi cuatro meses desde el inicio de este curso —en el que se deberían haber introducido los cambios en primero, tercero y quinto de primaria— y tres autonomías (Andalucía, Cataluña y País Vasco) ni siquiera han aprobado sus decretos para completar el currículo de esta etapa. Además, en ocho comunidades se ha optado por no cambiar los libros de texto pese a la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La ley Wert ha sido polémica desde el inicio de su tramitación. Primero, por sus contenidos y por algunos aspectos ideológicos contenidos en la reforma: por ejemplo la decisión de suprimir Educación para la Ciudadanía, blindar a los colegios que segregan por sexo y volver a situar la Religión como materia evaluable que computa para la media para conseguir becas. Pero también ha sido muy cuestionada por la escasa financiación —el Consejo de Estado alertó de que el presupuesto reservado (se ha elevado hasta los 2.164 millones) era “muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura”— y por la falta de consenso. A la mayoría de partidos de la oposición que acordaron derogar la LOMCE se suma Podemos, que entonces no existía y al que ahora las encuestas dan un papel determinante para el futuro. El partido de Pablo Iglesias también exige su retirada y su “sustitución por una reforma consensuada por la sociedad”.

En cualquier caso, lo que centró la última fase de tramitación de la ley fue el apretado calendario para ponerla en marcha. Hasta las autonomías del PP se rebelaron por falta de tiempo para diseñar sus currículos en condiciones. La presión fue tal que Wert aceptó una implantación más escalonada de su reforma, que ha comenzado este curso por primaria y debe continuar el que viene en primero y tercero de ESO y primero de Bachillerato.

El Gobierno empezó a trabajar de forma paralela los currículos de primaria y secundaria, pero a finales de enero decidió desgajarlos. En marzo, se publicaron los contenidos para primaria y los de ESO quedaron en stand by. El ministerio remitió a las autónomas el último borrador del currículum de secundaria en julio. No han vuelto a tener noticias. “No conocemos el último texto”, dijo ayer Elia Maldonado, secretaria general de Educación de Andalucía. “No se entiende que no cuenten con las comunidades”, añadió Maldonado, quien también se quejó de que el calendario vuelve a ser muy ajustado. “Otra vez no nos va a dar tiempo a tener listo el desarrollo para el inicio de curso”.

Lo aprobado ayer por el Gobierno ni siquiera ha pasado por la Conferencia Sectorial de Educación, donde se sientan los representantes del ministerio y de las comunidades autónomas. La reunión está convocada para el 14 de enero. “Es una falta de respeto a las comunidades, que tenemos las competencias”, lamentó la consejera de Asturias. “Nos han dicho que ha cambiado poco del borrador de julio, pero no lo hemos visto”, añadió González.

Cataluña, por su parte, pidió ayer que la Conferencia Sectorial de Educación vuelva a debatir el plan de estudios aprobado por el Consejo de Ministros. El departamento de Educación catalán criticó la propuesta del ministerio por “segregadora”. “No deja margen a la autonomía de las comunidades y de los centros, es tradicional y no integra las competencias”.

“La falta de acuerdo sume al sistema educativo español en una crisis aún mayor de la que se intentaba atajar”, sostuvo ayer Florencio Luengo, pedagogo y asesor del Ministerio de Educación. Recordó que el “conjunto del profesorado y una parte importante de las comunidades” han anunciado que “no desarrollarán un modelo impuesto o que lo harán a su forma”. En su opinión, “es urgente un acuerdo entre el ministerio y las comunidades que debe ser gestionado desde la nueva realidad política que salga de los procesos electorales de 2015”.