Martes 25 de noviembre de 2014

Introducción

La semana pasada, nuestra Fundación expuso ante la Comisión de Educación del Senado su opinión sobre el proyecto que termina con el lucro, el financiamiento compartido y la selección. Además del Ministro Eyzaguirre, asistieron la Conacep y el académico Arturo Fontaine.

Pese a la complejidad del debate, la discusión pareciera avanzar a buen ritmo, y se dio en un tono distinto al griterío que se observa en los medios. Esta se centró en ajustes específicos al proyecto y no repitió las consignas de un debate confuso, mal comunicado y polarizado, que ha marcado el trámite desde su inicio.

Fin gradual del copago

Estamos preocupados. Una parte de la fórmula propuesta por el proyecto puede generar la pérdida adicional de matrícula en la educación pública. Recuperarla de su situación de postración, tomará a lo menos cuatro o cinco años.  No se trata únicamente de infraestructura, institucionalidad, o deudas. Hay que reconvertir el capital humano que la gestiona, lo cual no se logra por decreto.

Si en el intertanto se le ofrece gratuidad a toda escuela particular con copago inferior a $ 26.000 mensuales, es inevitable que en los próximos años se acelere el proceso de caída de matrícula de la educación pública, al punto de que ésta podría colapsar financieramente en varias comunas. Es difícil modelar la envergadura de este fenómeno y sus consecuencias. Esta misma opinión la han dado en el Senado tanto Harald Beyer como Arturo Fontaine.

Nuestra propuesta es gradualizar la entrega de la “SEP a la clase media” (uno de los incentivos más importantes para transitar a la gratuidad): en vez de entregar $ 21.000 mensuales al año subsiguiente de aprobada la ley, llegar a ese monto en los tres años subsiguientes, entregando primero $ 7.000, luego $ 14.000, y al tercer año el total. Así se dará tiempo para fortalecer la educación pública, evaluar impactos y asegurar el correcto uso de estos recursos, eliminando de pasada las terribles trabas burocráticas asociadas a la ejecución y rendición de la SEP.

Fin del lucro

El lucro no se permite, salvo excepciones mínimas, en ningún país de la OCDE, por cuanto estos países (todos capitalistas), estiman que contiene incentivos perversos en relación a calidad y segregación. El mejor negocio posible para una escuela es “descremar” alumnos. Así se logran mejores resultados con los mismos gastos.  Se vislumbra una salida. Lo que se discute en el Senado, incluso por parte de los sostenedores, ya no es si terminarlo o no, sino cómo hacerlo.

El lucro, entendido como retiro de utilidades, termina desde la entrada en vigencia  de la ley hasta el plazo máximo de  dos años, tope para que las sociedades se transformen en corporaciones. Lo que se discuten son fórmulas para evitar que queden abiertas ventanas que se usen para lucrar infringiendo la ley, a la vez que respetando los derechos de los sostenedores y sin imponer cargas onerosas a las nuevas corporaciones. Idealmente, el Estado no debiera erogar recursos y ninguna escuela cerrarse.

El proyecto establece tres cambios: i) exige que todos los sostenedores con fines de lucro transiten a corporaciones educacionales sin fines de lucro, ii) delimita el uso de la subvención con tal de asegurar que los recursos se destinen efectivamente a educación, y iii) exige que las nuevas corporaciones educacionales sean propietarias de su infraestructura.

Aclaremos una confusión maciza. Este último punto NO se relaciona directamente con la naturaleza jurídica del sostenedor. Es importante para asegurar la estabilidad de los colegios, disminuyendo la posibilidad  de que los vaivenes del mercado inmobiliario puedan terminar de un día para otro con un establecimiento. Entonces, ¿cómo hacer el traspaso de la propiedad y al mismo tiempo compensar adecuadamente la inversión efectuada por los sostenedores?

El proyecto establece dos mecanismos. El primero consiste en que las nuevas (y antiguas) corporaciones sin fines de lucro soliciten créditos a los bancos para comprar la infraestructura, créditos que se pagarían con cargo a la subvención y/o el copago remanente. El segundo consiste en pagar la infraestructura en 25 años, en cuotas que no pueden superar el 11% del avalúo fiscal de los inmuebles.

Ambas opciones intentan regular la situación actual, en la cual de todas maneras se utiliza la subvención y/o el copago para pagar arriendos. Así, se busca que el arriendo se transforme en dividendo de modo que, sin invertir más recursos, se pone un horizonte donde los colegios (ahora sin fines de lucro) podrán cumplir con “el sueño de la casa propia”.

A nuestro juicio, el problema está “en los detalles”. En el primer mecanismo los bancos solicitan una garantía para otorgar el crédito, que no estaría siendo cubierta en un 100% por el Estado. En el segundo mecanismo, los sostenedores indican, correctamente, que los avalúos fiscales son muy bajos, por lo que no se permite recuperar la inversión. Recordemos que ellos han estado haciendo legítimamente lo que la ley les permitió. Este fue un error cometido por los Chicago Boys, una metida de pata, y ahora hay que sacarla sin dañar el sistema escolar ni ser injustos.

Nuestra propuesta: a) proveer la totalidad de las garantías para la obtención de los créditos a través de un fondo estatal diseñado específicamente con este propósito, y b) realizar las transacciones a su valor comercial y no de avalúo fiscal, restando los aportes públicos por Jornada Escolar Completa.

Algunos dicen que este será “un nuevo CAE”. Nuestra respuesta es que no vemos otra opción. Las tasas bancarias deberán licitarse transparentemente, y serán bajas por fuerza, pues el riesgo lo correrá íntegramente el Estado a través de su nuevo fondo de garantías.

Con tal de darle viabilidad al proyecto y recuperar confianzas, Educación 2020 propuso la creación de una Comisión de Transición independiente, integrada por especialistas financieros, inmobiliarios y educativos, que tenga como propósito negociar caso a caso con los sostenedores la fórmula concreta para la infraestructura, bajo las reglas antes descritas. Esta idea nace de la gran variabilidad de situaciones que existe en las escuelas, la que hace imposible fijar un único plazo,  parámetros de compra o crédito, etc.

Proponemos, asimismo, que la opción de arriendo sea aceptada, y que sea esta misma comisión la que los autorice en casos justificados, estableciendo así la mediación del Estado en cuanto a los montos para evitar el resquicio para lucro indebido. Esto también se aplicaría a las eventuales ampliaciones de infraestructura.

Fin (gradual) de la selección académica

Algunos parlamentarios y expertos argumentan a favor de mantener la selección académica en Media, señalando que hay países de la OCDE en que ella se permite (aunque a edades más tardías que en Chile).

En esta materia E2020 es tajante en cuanto a mantener la propuesta de su eliminación.Un colegio y un profesor de calidad es aquel que logra buenos resultados con todos sus estudiantes y no sólo con los más aventajados. Hablar de selección académica sin hacerse cargo de su relación con las históricas desigualdades del país sería a nuestro juicio una omisión grave e injustificable: miles de colegios y liceos técnicos se han transformado en verdaderos guetos, donde la desesperanza y el desinterés son los sentimientos prevalentes. Los alumnos que están hoy en esa situación están casi condenados a tener bajos resultados de aprendizaje. Fueron “seleccionados para abajo”.

Señalamos en la comisión que esta medida ya se ha implementado en Chile en los últimos años. La admisión en Providencia, y en un grupo de Liceos Bicentenario, ya está transitando hacia el fin de la selección, con excelentes resultados. Hay decenas de buenas escuelas, municipales y particulares, que hace mucho que NO seleccionan y que obtienen Simces superiores a 300. Esto se logra agregando mucho más valor que en escuelas, incluso particulares pagadas, que basan sus resultados casi exclusivamente en la selección económica y académica de sus alumnos.

Pero el problema también está en los detalles. Durante décadas construimos un sistema segregado. Los cambios deben hacerse cargo de esta realidad, asumiendo que no sólo pasa por una modificación en el mecanismo de ingreso, sino que también en la cultura escolar de las escuelas que seleccionan. No por mucho madrugar se amanece más temprano en la educación.

Proponemos una “ruta gradual”: en vez de seleccionar el total de cupos mediante el mecanismo propuesto, hacerlo escalonadamente en un período de cuatro años. Si un liceo ofrece 100 cupos el 2016, no seleccionará aleatoriamente a los 100 ese año, sino que sólo a 25, porcentaje que aumentará progresivamente. Paralelamente, se deberán evaluar los impactos y desarrollar programas de apoyo a los docentes, para reforzar el trabajo en diversidad.

En suma

Hemos participado en discusiones acerca de si este proyecto debió o no ser el primero. Hay otros elementos que deberán abordarse, como carrera docente, preescolar, fortalecimiento de la educación pública, disminución de la presión burocrática y curricular.Pero este proyecto ya está “en la puerta del horno”.  Creemos fundamental efectuar estos ajustes a fin de darle solidez y viabilidad. 

Hacemos un llamado a todos los actores a eliminar consignas y descalificaciones. Llamamos a los senadores a discutirlo y perfeccionarlo, para aprobarlo tan pronto sea posible, despejar este tema, y comenzar a abordar otras materias igualmente urgentes e importantes.

——————————————————————

Ver Comentarios en:  http://voces.latercera.com/2014/11/25/mario-waissbluth/lucro-copago-y-seleccion-en-el-senado/