En dos columnas anteriores he abordado, primero, el tópico de los segmentos emergentes de la clase media chilena y, en seguida, sus anhelos y perspectivas de progreso. Corresponde ahora preguntarse cuáles son las condiciones para que estos grupos realicen sus expectativas y qué políticas podrían favorecerlas y atraer su apoyo electoral.

Por sus características móviles y de ascenso intergeneracional en los planos del consumo, la educación y estilos de vida, estos grupos son altamente dependientes -para su plan existencial- del continuo crecimiento de la economía, el empleo y las posibilidades de mejorar su ingreso y capacitación. En otras palabras, surgen por sus propios medios y esfuerzo dentro de un entorno de oportunidades en expansión. No miran al empleo estatal como avenida de progreso ni conciben la acción sindical o colectiva como una plataforma de ascenso. Son distintos, en este sentido, a la clase media tradicional que representó el Partido Radical y a la antigua clase obrera con sus tradiciones mancomunales y de acción comunitaria.

Su identificación con la Concertación se debió en años pasados básicamente al dinamismo mostrado por la producción, las ocupaciones, el crédito y el consumo, junto con la aparición de un horizonte cultural propicio para el pluralismo liberal.

Su propia experiencia vital se vio reflejada en la fórmula “crecimiento con equidad”. El primero de estos términos se manifestaba directamente en los cambios de las formas de vida -los aspectos materiales, de mercado si se quiere, de la modernidad- mientras el segundo en el acceso a la educación, la información y las comunicaciones; el modernismo de la vida urbana si se quiere, a pesar de todos sus desgarros, ansiedades, estrés y conflictos.

En suma, fue el crecimiento de las posibilidades materiales y simbólicas el piso sobre el que se levantó -en última instancia- la nueva clase media, con sus patrones de consumo masivo e individuación de los riesgos. A la izquierda tradicional le tomó tiempo percatarse de estos fenómenos, que inicialmente desahució con un puritanismo no exento de cierto inocultable aristocratismo conservador.

A medida que la clase media se desarrollaba junto con el país, adquiriendo mayor diversidad interna, más peso en la sociedad civil, y que sus expectativas de progreso se iban haciendo también más variadas y exigentes, se fue gestando en su seno la demanda por una mayor protección, apoyo y expansión del Estado y los servicios y bienes públicos.

Si Patricio Aylwin representó propiamente la transición al ordenamiento democrático de la posdictadura y Eduardo Frei Ruiz-Tagle el impulso modernizador más decidido de la Concertación, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (primera) -y también Piñera aun sin haberlo previsto ni siquiera deseado-, agregaron un filón social democrático al proyecto político-cultural concertacionista. En efecto, dieron inicio al levantamiento de un incipiente Estado de Bienestar, más inspirado en la Tercera Vía de los laboristas británicos, socialistas españoles y demócratas clintonianos que en las tesis de los países nórdicos, constructores del welfare state más avanzado del siglo pasado.

La clase media emergente, sobre todo en sus segmentos más educados, coincidentemente los más jóvenes, fue efectivamente el motor que puso en marcha y luego empujó y demandó -a través de una alianza con los gobiernos de la Concertación y sus equipos tecno-políticos, o mediante la presión sobre ellos- esa suerte de Estado de Bienestar (en gestación) de tercera vía socialdemócrata.

Empezaba a perfilarse así un Estado que busca superar los estrechos límites de la subsidiaridad (el Estado mínimo o asistencial), pero que no por eso renunciaba a gestionar, al mismo tiempo, políticas liberales (neoliberales incluso, dirán algunos) de crecimiento. Que abría el juego a la colaboración público-privada en múltiples frentes -como el de las concesiones de infraestructura y de la educación, por ejemplo- al mismo tiempo que buscaba regular los efectos a veces destructivos o desigualadores de la modernización capitalista. Con este fin crea pilares solidarios, créditos educativos con aval del Estado, prestaciones de salud garantizadas, fueros maternales extendidos, programas de apoyo al emprendimiento y la innovación productiva, etc.

Con todo, cuando a fines de 2009 una corriente suficiente de votos de sectores medios se apartó de la Concertación y eligió un gobierno de derecha, imponiendo un paréntesis entre los dos gobiernos de Bachelet, no lo hizo para desactivar la matriz de crecimiento + Estado de Bienestar en gestación, sino para explorar lo que imaginó podía ser una gestión más eficaz de esa matriz. Apostó no por un cambio de proyecto u orientación, sino por un cambio de personal, de gerencia, de liderazgo como suele decirse hoy.

Mas tal expectativa pronto se frustró, quedando atrapada entre las protestas de la calle que exigían satisfacciones mesocráticas más pronunciadas por un lado y, por el otro, un vacío de conducción y una falta de liderazgo político-cultural por parte del gobierno Piñera (su ausencia de “relato”, como tantas veces se repitió en esos años).

Llegamos así a la fase actual del proceso que viene evolucionando políticamente desde la Concertación a la Nueva Mayoría y desde unas políticas públicas centradas en la transición/modernización a unas que buscan articular una propuesta de Estado de Bienestar bajo la inspiración de ideas y propuestas socialdemócratas (de tercera o segunda vía). La próxima semana abordaremos al gobierno Bachelet en este contexto de análisis. Y veremos qué suerte podría correr la clase media envuelta en los avatares de unas políticas (de cambio) que todavía no logran definir su carácter sustantivo, manteniéndose hasta el momento, más bien en el plano de su autoexaltación retórica.

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.