Aún es tiempo de corregir

José Joaquín Brunner, 10 de noviembre de 2014

¿Qué ha ocurrido para que las intenciones transformadoras del Gobierno aparezcan controvertidas y confusas y sean motivo de un debate que la propia autoridad reconoce irritado y lleno de sonoras presunciones?  

A principios de la semana, la Presidenta Bachelet llamó a sus ministros a “redoblar los esfuerzos para explicar más y mejor nuestros propósitos”. Respecto de la reforma educacional, constató “una discusión crispada y altisonante, tan alejada de lo que esperan de nosotros las personas, principalmente las familias, sus hijas y sus hijos”.

¿Qué ha ocurrido para que las intenciones transformadoras del Gobierno aparezcan controvertidas y confusas y sean motivo de un debate que la propia autoridad reconoce irritado y lleno de sonoras presunciones?

Descartemos de inmediato los argumentos más comunes. Son tres.

Primero, el de las fallas comunicacionales, según el cual las reacciones negativas son provocadas por un defecto de los invisibles hilos con los cuales el Gobierno podría orientar y persuadir a la opinión pública. La culpa residiría en la política comunicacional. ¡Pobre excusa!

Segundo, el razonamiento que atribuye la sorpresiva oposición a las propuestas del Gobierno a una campaña del terror. Esta consistiría en una deliberada desinformación, argumento usado ad nauseam durante la Guerra Fría. Todo se justifica por la actuación de agentes que mediante engaños causan alarma entre los destinatarios de las políticas que el Gobierno busca beneficiar. ¡Explicación anacrónica y poco creíble!

Tercero, la tesis de los intereses afectados que sostiene lo siguiente: cualquier discrepancia con los cambios impulsados por la autoridad se debe nada más que a una reacción egoísta de los actores cuyos intereses (materiales) se hallan amenazados. ¡Menguada y reduccionista visión del comportamiento humano!

Excluidas estas (pseudo) explicaciones, ¿qué razones pueden aclarar las resistencias con que se ha topado la reforma educacional y la “discusión crispada y altisonante” en que se encuentra envuelta, según la Presidenta Bachelet?

Las razones son varias, interactúan entre sí y es relativamente fácil identificarlas.

Por lo pronto, una agenda oficial de cambios infundada, carente de un diagnóstico adecuado y expresada en un lenguaje negativo (“fin de” muchas cosas), hostil y divisorio. No transmite un sentido común ni convoca a una empresa compartida. No ofrece una carta de navegación. Al contrario, ha desencadenado una onda de inseguridad entre sostenedores, padres y apoderados y entre los nuevos segmentos de clase media.

La comunicación de tan confusa agenda resulta necesariamente poco clara y desestabilizadora. En vez de contribuir a la gobernabilidad del proceso de cambio, lo bloquea, provocando desorden en la opinión pública y confundiendo a los propios partidos y partidarios del Gobierno. Pero se trata de una falla de agenda, no comunicacional; de gestión política del cambio, no de desinformación.

Una expresión de ese errado manejo es el tratamiento dado por las autoridades a los sostenedores privados -sus colegios y comunidades- como meros órganos lucrativos, sin raíces en la historia y la cultura nacionales. Pasan ellas por alto que los colegios son, o procuran ser, proyectos formativos, micromundos con misiones e identidades propias, depositarios de las esperanzas y preferencias de un colectivo de profesores, estudiantes y sus familias. Sean públicos o privados, los colegios constituyen comunidades de vida y aprendizaje y forman una parte vital de cada barrio y comuna. Nada de esto se refleja en el trato que reciben de parte de las autoridades del sector. El vínculo de confianza se ha debilitado.

Por último, la reforma provoca reacciones contrarias porque no aborda, ni siquiera remotamente, los problemas percibidos mayoritariamente como cruciales para mejorar la calidad de las oportunidades educacionales. Por ejemplo, nada propone para hacer frente al grave déficit de los aprendizajes provistos por gran número de nuestros colegios, tanto municipales como privados de todo tipo. En efecto, más se ocupa de la naturaleza jurídica de los sostenedores y el estatuto de las propiedades escolares que de los resultados de la enseñanza y la motivación de los estudiantes.

En suma, hay suficientes razones para entender por qué la reforma produce tantas y tan variadas resistencias y una confusa, crispada y frustrante discusión. No se requiere echar mano a dudosos argumentos para ello. ¿O alguien cree que es responsabilidad de críticos o disidentes que desde hace varias semanas se destine más tiempo a discutir cómo reglar contratos de arrendamiento que a las condiciones necesarias para mejorar las oportunidades provistas por el sistema escolar?

Solo el Senado de la República podría reconducir el debate y otorgar gobernabilidad a una reforma que, de lo contrario, terminará aprobándose con todas las fallas incluidas, las que luego proyectarán una larga sombra sobre su implementación.

“Una expresión de este errado manejo es el tratamiento dado por las autoridades a los sostenedores privados -sus colegios y comunidades- como meros órganos lucrativos, sin raíces en la historia y la cultura nacionales”.