Universidades estatales: financiamiento y conceptualización

Ennio Vivaldi Véjar, Rector UCH, 19 de septiembre de 2914

“Si se analizan las condiciones en que han debido desarrollarse y financiarse las universidades estatales, parece descomedido el temer que ellas resulten receptoras de censurables privilegios…”.

Al intercambio de ideas en que han participado autoridades universitarias y otros destacados opinantes acerca de la inconveniencia de restringir el carácter de público solo a las universidades estatales, ha seguido otro acerca de la injusticia de una eventual asignación de fondos basales por parte del Estado a dichas universidades. La primera discusión parecía más conceptual y la segunda, más pragmática.Que a más de tres décadas del inicio de la mitigación del rol de lo público y la exacerbación ideológica del rol de lo privado en educación, las universidades chilenas expresen su vocación pública, resulta veraz, notable y aplaudible. Más aun, se ha explicitado una sana nostalgia, a la que concurro, por el modo de relacionarse de las universidades en aquellos tiempos en que el país contaba con menos de una decena de estas instituciones, las que coexistían muy armónicamente. La naturaleza misma de la vida académica promueve la colaboración, el intercambio, la complementariedad entre quienes cultivan y se interesan por una disciplina, resultando incomprensible y censurable la discriminación o segregación. Importa ser competente, no ser competitivo. Algunos rectores han enfatizado el compromiso con los pobres que mueve a sus instituciones o su vocación de servicio social. Otros han sugerido que estas y otras dimensiones deberían ser evaluadas para afirmar con una base objetiva las reclamaciones de rol público de cada institución, idea que podría ser además muy útil para la valoración que la sociedad haga de estas casas de estudio.

Por lo bien que parecía ejercer sus funciones el sistema universitario chileno tradicional, resulta llamativo que este no fuera considerado como la base para la expansión de matrículas prevista para la década de los años ochenta. Más aun, la nueva legislación promulgada a comienzos de esa década afectó fuertemente el sentido y la razón de ser de las universidades y, en particular, promovió la desnaturalización de las estatales al imponerles el autofinanciamiento. Es particularmente notable, a la hora de hablar de competencia entre universidades, las enormes desventajas que afectan a las universidades estatales en materias procedimentales en general y de administración de fondos en particular, en comparación con el resto de las universidades. Estos obstáculos que encuentran estas casas de estudio han sido reiteradamente puestos de manifiesto por sus autoridades.

Si se analizan las condiciones en que han debido desarrollarse y financiarse las universidades estatales, parece descomedido el temer que ellas resulten receptoras de censurables privilegios. Más aun, resulta difícil entender una oposición radical a cualquier financiamiento adicional para ellas cuando este no implica desmedro alguno en el que reciben las otras universidades. Habría que invocar una idea en extremo limitada y limitante de la noción de competencia para justificar la negativa a una acción mínimamente reparadora para con el trato recibido por las universidades estatales en décadas recientes. Por analogía, no se me ocurre que el apoyo justificado a un determinado conjunto de otras universidades, por ejemplo, por un rol preeminente en el desarrollo de sus regiones, pudiera ser percibido por las demás como una agresión. En general, las situaciones ventajosas que venturosamente afectan a una casa de estudios no son denunciadas por el resto. Sin intentar inventariar ejemplos de tratos preferenciales ocurridos en las últimas cuatro décadas, baste con indicar lo que ocurre hoy en día con la Ley de Donaciones. En 2013 las donaciones alcanzaron un total de veintitrés mil cuatrocientos millones de pesos. De ese total, las dos universidades con mayores donaciones obtuvieron en conjunto el 63% y la que ocupó el tercer lugar obtuvo el 9%. El cuarto lugar lo obtuvo la Universidad de Chile con el 6%. Nadie ha objetado esta situación, ni siquiera argumentando que ella representa la decisión por parte de privados del destino de fondos fiscales, pues más de la mitad de aquellas donaciones hubiera debido destinarse al pago de impuestos.

Independientemente del carácter pragmático que ha adquirido la discusión sobre financiamiento de las universidades estatales, esta se superpone y confunde con la que verdaderamente interesa a estas casas de estudio, a saber, cómo recuperar su rol de universidades estatales que por tanto tiempo les ha sido negado, y cómo diseñar un modo de vinculación entre sí y con el resto del sistema estatal que les permita cumplir ese rol. El asunto del uso sensato de los fondos públicos en educación superior, reconocidamente bajos en la actualidad, es una cuestión multidimensional donde variables como las previamente mencionadas que han sido sugeridas por autoridades universitarias pueden resultar de gran utilidad al objetivar una situación de justicia en base a criterios establecidos y aceptados. Otro asunto muy distinto es cómo revertir el actual ordenamiento de la educación superior en Chile, que en la práctica niega la noción de universidad estatal, siendo el financiamiento solo uno de múltiples factores. Lo que las universidades estatales anhelan es volver a ser universidades estatales, universidades del Estado de Chile. Resulta difícil entender que alguien se oponga a ese anhelo.