Gratuidad en educación superior: Los límites económicos y técnicos para implementarla
Expertos urgen resolver los criterios exactos que se van a pedir para que un plantel pueda optar al sistema.
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“El primer proyecto que voy a enviar al Congreso va a ser para poner fin al lucro y avanzar en la gratuidad de la educación en todos sus niveles”. La frase la pronunció Michelle Bachelet hace un año y cuatro meses en una junta de vecinos en Conchalí, en su primera actividad en terreno en la campaña presidencial.
Dos meses después habló de gratuidad universal en la educación superior -para todos- en seis años, partiendo por el 70% más pobre durante su mandato. Fue ahí también cuando dio luces que venía “una reforma tributaria de verdad” para financiar la reforma educacional, que en su conjunto costaría entre US$ 4 mil millones y $5.500 millones.
Hoy -tras 5 meses de gobierno- la reforma tributaria está en pleno trámite legislativo para recaudar US$ 8.200 millones, pero nada hay del detalle de cuánto de ese dinero irá a gratuidad universitaria o cuánto costará hacer realidad esa promesa.
Desde hace un par de semanas el gobierno ha debido realizar “precisiones” en el tema. Por ejemplo, cuando el ministro Eyzaguirre dibujó la idea de gratuidad “eficiente” (sólo los primeros cuatro años de estudios) y la Presidenta Bachelet aclaró que sería para toda la carrera.
Luego, cuando el coordinador de la reforma Andrés Palma dijo que más del 70% de los recursos de la reforma tributaria irían a educación inicial o escolar, lo que obligó a Eyzaguirre a señalar que “no es serio dar porcentajes”.
Y ayer la subsecretaria Valentina Quiroga que admitió: “tenemos que conversar cómo se abordará la gratuidad, el tema no está zanjado”.
“Faltan definiciones”
“Faltan definiciones, hay que saber qué criterios exactos se van a usar para que una institución pueda optar a la gratuidad. Y es el gobierno el único que puede darle una dirección y orden al debate. Hay un desorden tremendo en que se habla de montos, se dan cifras y porcentajes, después se desdicen, pero no se sabe el detalle de qué y cómo se quiere hacer”, advierte el investigador José Joaquín Brunner (PPD).
Señala que “hasta ahora los cálculos van desde los US$ 3.500 millones a US$ 5 mil millones. En cualquier caso sería inviable, porque destinaría gran parte de la reforma tributaria sólo a educación superior, algo completamente inequitativo”.
Por eso, dice, “el gobierno debiera acotar la famosa gratuidad universal. Y en eso es fundamental ver el detalle de los requisitos que se pedirán. No hay que olvidar que montar todo el aparataje para que se implemente y que se cumplan todos los requisitos, especialmente la fijación de aranceles, va a tomar mucho tiempo”.
En ese sentido, explica, “hay varias alternativas que ya se están escuchando”.
Por ejemplo, la idea que anticipó el ministro Eyzaguirre (que luego fue precisada) de dar gratuidad por cuatro años. “Otra opción es partir por las universidades estatales, seguir con las del CRUCh y luego las privadas. También se ha hablado de financiar sólo carreras de interés para el desarrollo del país y cobrar un impuesto al estudiante a la salida de la carrera”.
“Financiar sólo la docencia”
El investigador del Centro de Estudios y Políticas en Educación (Ceppe), Ernesto Treviño, dice que además se debe considerar cómo financiar la educación superior general del país: “Hoy se hace con cargo a los aranceles que pagan los estudiantes, quienes financian el pregrado, la infraestructura y la investigación de los planteles”.
Y señala que “si la idea es que la gratuidad financie sólo la docencia, se abrirá otra interrogante: ¿Cómo las universidades financiarán el resto?”
A su juicio, “definir los requisitos que hagan merecedores a las instituciones de la gratuidad es un tema básico. Pero lo más desafiante será establecer la fórmula económica para lograrlo. Si se consideran los precios actuales que cobran las universidades en sus aranceles, probablemente los montos no alcancen”.
Y advierte “la incertidumbre” que se está generando en los planteles de educación superior “porque hasta que no se digan qué mecanismos se usarán, será muy difícil que tomen decisiones de inversión en pro de la seguridad en sus flujos de caja”.
Lo que se exigirá a los planteles
Según el programa de gobierno, la gratuidad será ejercida en cualquier institución que cumpla con:
-Estar acreditada . Una Agencia de Calidad implementará un nuevo sistema de acreditación (institucional y por carreras) obligatorio y con mayores exigencias para universidades, IP y CFT.
-Sin lucro. Hoy la ley no lo permite en universidades, no así en los CFT e IP. Se implementará una Superintendencia de Educación Superior para fiscalizar.
-Cupos adicionales de equidad. Deberán sumarse a los cupos del sistema regular, ser equivalente al menos a un 20% de la matrícula de cada carrera para alumnos del 40% más vulnerable.
-Tener programas de reforzamiento para alumnos vulnerables.
-Aplicar aranceles que fije el Mineduc. Se creará un grupo de expertos que definirán y revisarán los montos.
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Gratuidad pone fin a becas públicas en instituciones que no se sumen a plan del Estado
Jefe de la división de educación superior del Mineduc dice que el beneficio podrá ser ejercido sólo en planteles que cumplan con estándares de calidad.
por Paulina Salazar, La Tercera, 7 de agosto de 2014
La reforma a la educación superior será uno de los últimos proyectos de ley en ingresar al Congreso y que trae consigo cambios que afectarán el mecanismo de financiamiento del sistema tanto para los planteles y estudiantes. Uno de ellos es la promesa más emblemática del gobierno: la gratuidad universal, que contemplará la eliminación de las becas y créditos que cubren los aranceles de las carreras, adelantó ayer a La Tercera el jefe de la división de educación superior, Francisco Martínez.
Sin embargo, la Mandataria -en una entrevista a radio Cooperativa- dijo que le gustaría que el nuevo sistema comenzara en 2016. Una decisión que pone en apuros a los expertos internos y externos que trabajan en el proyecto en el Mineduc. “Trataremos de hacer lo posible. Aquí hay un tema de ajuste presupuestario que hay que hacerlo calzar de tal manera y en la medida que podamos lograrlo. Hacienda tiene mucho que decir para que los recursos calcen”, dice Martínez.
La propuesta viene a cambiar el paradigma de financiamiento en el sistema. Actualmente, éste se sostiene de manera importante con fondos estatales (becas y créditos), más los aportes directos de las familias que pagan los aranceles. Esta vez el gobierno apostará por financiar el costo total de la formación de los estudiantes con recursos públicos, pero en todas las instituciones que hoy existen, sólo podrán ofrecer este beneficio aquellos recintos que suscriban un convenio con el Estado. El acuerdo exigirá estándares de calidad como son niveles mínimos en las tasas de retención y titulación, por ejemplo. Además, de aceptar las nuevas reglas que contemplan fijación de arancel de parte del Estado y contar con una cuota de alumnos vulnerables, según establece Martínez. La autoridad agrega que los alumnos también tendrán condiciones de ingreso y permanencia.
¿Qué significan estos cambios? Según la autoridad del Mineduc y una vez que entre en vigencia la norma, “la gratuidad reemplazará al sistema de becas”. Es decir, aquellos beneficios estatales que cubren hoy los aranceles de referencia en la mayoría de los planteles se concentrarán exclusivamente en aquellos que se suscriban al marco de gratuidad
Como se fijarán estándares mínimos, no todas las instituciones podrán ofrecer carreras a costo cero para los estudiantes. Sólo las universidades, centros de formación técnica (CFT) e Institutos profesionales (IP) que acepten y cumplan con los requisitos podrán suscribirse al convenio, “porque sólo ellos habrán acogido las condiciones del Estado para proveer fondos fiscales”. Es decir, “los planteles que no se sometan al acuerdo asumen que sus estudiantes tendrán que financiar su propia educación, sin becas”, precisa Martínez.
Es decir, con el nuevo sistema, los alumnos que se matriculen en recintos fuera del convenio gubernamental no tendrán ayudas de parte del Estado. Esto, porque es muy probable que la política de restricción también se extienda al crédito con aval del Estado (CAE). “Aún no tengo una respuesta sobre cómo funcionaría el CAE, porque igual incorpora fondos fiscales. En principio, no operaría con gratuidad, porque en el fondo se reemplaza por gratuidad”, dice el jefe de la Divesup.
En 2013, el Mineduc destinó más de $ 330 mil millones en becas de arancel, cuyo beneficio hoy es portable y el alumno puede usarlo en cualquier plantel que cuente con acreditación.
Todos los cambios, según Martínez, serán de manera gradual y afectarán -en un primer período- a los alumnos que ingresen por primera vez a la educación superior. Los estudiantes antiguos, en tanto, podrán mantener los beneficios estatales.
El rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, dice que “si bien aún no conocemos la propuesta completa, si ésta no nos satisface y atenta contra libertad de nuestro proyecto educativo, preferimos no acogernos a la gratuidad”.
El 20% de la matrícula del plantel privado egresó de un colegio particular subvencionado y municipal. Por lo que al eliminar las becas, dice la autoridad académica, se afectaría a este grupo de alumnos: “Se están limitando las opciones para los jóvenes y se perderá la integración y ellos no podrán estudiar acá al no tener los recursos. En el fondo, se les cierran oportunidades”.
Para el experto en educación y director de la fundación Acción educar, Raúl Figueroa, suspender las becas podría atentar contra la diversidad del sistema, porque cuando “empiezas a fijar aranceles los efectos son muchos más negativos porque llevan, inevitablemente, a una homogeneidad e implica, también, que los alumnos de menos recursos tengan menos posibilidad de escoger versus los de mayores recursos que tendrán elección”.
Consultado sobre el riesgo que existe que algunos recintos no quieran ser parte de los convenios, el senador socialista y presidente de la comisión de educación, Fulvio Rossi, dijo que “eso será responsabilidad de las universidades, no del Estado”. El parlamentario agregó que “lo que estamos planteando es gratuidad sin distinción socioeconómica y por cierto será de calidad. Además, aumentaremos la oferta pública por lo que los alumnos podrán elegir dentro de un montón de recintos”.
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