Entendemos que la educación es mucho más que un mero proceso de instrucción que busca la asimilación de conocimientos. Comprendemos la educación como aquel proceso formativo cuya finalidad es que cada persona alcance su máximo potencial humano, intelectual y espiritual, procurando formar ciudadanos libres. Entendemos la Educación como el motor fundamental para una sociedad democrática cuyo centro son las personas y no el Estado.

De forma muy general, podemos decir que el fin de la educación es preparar a todos los niños y niñas para el ejercicio adecuado de su propia libertad y para la vida en sociedad en su sentido amplio. La educación entendida así se erige como el motor de la movilidad social, de la valoración del mérito y del esfuerzo, y del desarrollo material y espiritual, cumpliendo con el objetivo del Estado que es la promoción del bien común.

Es precisamente la educación, la que permite nivelar la cancha, a fin de generar un Chile más justo donde cada ciudadano comience su desarrollo desde el mismo punto de partida, rompiendo así el círculo vicioso de la pobreza, la vulnerabilidad y la que permite mejorar el capital cultural de las personas.

En este sentido la Educación va más allá de la asimilación de conocimientos que miden las pruebas estandarizadas. El proceso educacional está profundamente relacionado con la formación de valores del individuo, de su convivencia en sociedad además de su formación como ciudadano. Siguiendo esta línea es un proceso de íntima vinculación entre la familia y la entidad formadora, especialmente en las etapas iniciales del desarrollo de los niños y niñas.

Por otra parte, dada la inmensa diversidad de capacidades, talentos y visiones que existen entre los miembros de una sociedad, ésta debe ofrecer un sistema educacional que sea capaz de recoger pero al mismo tiempo de potenciar esta pluralidad. La única forma de potenciar la diversidad de proyectos educativos y la posibilidad real de elección del tipo de educación por parte de cada familia es que la sociedad sea capaz de ofrecer diversidad de proyectos educativos de calidad a TODOS a lo largo del territorio nacional. El fundamento de una democracia sana es que el Estado potencie y proteja la diversidad de proyectos educativos respectando profundamente la formación de valores de cada familia.

Nosotros ponemos en el centro de las políticas públicas a cada persona y sus derechos, porque creemos en que son las personas y no el Estado las que no sólo tienen el derecho sino que la mayor capacidad de tomar las mejores decisiones para su vida. Creemos profundamente en que la base de una sociedad realmente democrática es que el Estado no sofoque el pluralismo de las opciones de cada persona, sino que sea el Estado el primer promotor de una sociedad plural y profundamente respetuosa de las infinitas opciones de cada persona.

Los principios rectores de la reforma presentada por el Ejecutivo no son el fin al lucro, fin al copago y fin a la selección, éstas son sólo las herramientas. El corazón de la reforma del Gobierno es la pretensión que el Estado asuma la tuición de nuestros niños.

Es una reforma que no cree en las personas porque le quita la capacidad de elección, busca que sea el Estado que decida por las personas. El Gobierno no cree en las personas, en su diversidad y capacidad, por lo que les quita el derecho a elegir traspasándoselo al Estado.

Es una reforma que no cree en el pluralismo como base de la democracia, porque pretende unificar los proyectos educativos bajo el mandato Estatal. A diferencia del Gobierno la UDI no le tiene miedo a la diversidad, a una democracia profunda, por lo que somos enemigos de un Estado unificador y homogéneo que impulsa el Gobierno. Siguiendo esta línea el proyecto del Gobierno transforma a los sostenedores en “meros administradores”, congela la posibilidad de iniciar nuevos proyectos educativos, e impulsa la compra de colegios por parte del Estado.

Nosotros creemos que es necesario avanzar en una reforma profunda al sistema de educación chileno para lograr que sea realmente un motor de movilidad social en una sociedad de hombres y mujeres libres. Pero para lograr este objetivo no creemos que sea el Estado quien deba tomar las decisiones por las personas. A diferencia de la Gobierno creemos que el Estado debe proveer las herramientas para que la sociedad ofrezca a las familias una amplia gama de proyectos educativos de calidad. Para la UDI las familias siempre serán el pilar fundamental de la Educación. La UDI cree en la pluralidad y la democracia.

En este sentido la UDI cree que la reforma presentada por el Gobierno debe ser retirada del trámite legislativo porque aunque le puedan hacer modificaciones, el problema es estructural porque el principio rector es quitarle la tuición de la educación de nuestros niños a los padres y traspasarla al Estado.

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los padres tienen el derecho preferente a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Por otra parte, la evidencia científica es contundente respecto a que los mejores resultados educacionales dependen primeramente del nivel de involucramiento de la familia en la formación de los niños. Adicionalmente, si realmente creemos en la democracia debemos defender la existencia de una profunda diversidad de proyectos educativos a los que puedan acceder según sus valores cada una de las familias chilenas. Por lo tanto, la sociedad tiene el mandato de ofrecer a las familias proyectos educativos que respondan a sus valores y de esa manera de comprometer profundamente a la familia en el proceso de formación de sus hijos.

En este sentido si la sociedad transforma al Estado en el Educador primordial de los niños alienará a la familia del proceso educativo provocando un daño profundo a la democracia y a las posibilidades de éxito de éste. Consecuentemente la sociedad debe generar una institucionalidad donde sean los padres quienes elijan la educación de sus hijos para así profundizar el involucramiento de ellos en el proceso educacional.

La necesidad de que sean los padres quienes elijan la educación de los hijos está profundamente relacionada con la libertad de Educación y la existencia una gran diversidad de proyectos educativos que estén a disposición de las familias es una condición necesaria.

En este sentido buscando el Bien Común la sociedad debe procurar ofrecer una gran pluralidad de proyectos educativos a los que las familias puedan acceder independientemente de su nivel socieconómico. Por lo tanto, consideramos profundamente injusta la propuesta del Gobierno según la cual las familias de poder adquisitivo alto pueden elegir entre diversos proyectos educativos para sus hijos, mientras que a las de niveles socioeconómicos medios y más bajos se les ponen trabas en la elección buscando dirigirlos a los proyectos educativos ofrecidos por el Estado.

Actualmente un 7% de la matrícula escolar se encuentra en colegios particulares pagados, un 54% en colegios particulares subvencionados y el resto en proyectos educativos ofrecidos por el Estado a través de los municipios. Sería un profundo error terminar con la lógica actual del sistema educacional chileno transformando al Estado en la única alternativa educacional para las familias más vulnerables y de clase media de nuestro país. En este sentido, es necesario tener un tratamiento igualitario de todos los niños que necesitan el aporte del Estado para solventar su educación, independiente del proyecto educativo que hayan elegido sus padres.

Sin embargo, en las últimas décadas se observa cómo las familias han migrado del sistema municipal a los colegios particulares subvencionados. Esto pone en evidencia una debilidad del sector que pone en riesgo la pluralidad de nuestro sistema educativo. La real pluralidad de proyectos educativos y por lo tanto la real existencia de la libertad de elección de los padres sólo existe si las familias tienen la opción de optar por una escuela estatal de calidad.

El evidente debilitamiento de la educación estatal municipal es un atentado contra la libertad de educación y contra el pluralismo necesario de proyectos educativos centro de la democracia. Por lo tanto, como la UDI cree en la libertad de enseñanza ve como prioridad el fortalecimiento de la educación pública municipal. En este sentido aunque los colegios municipales reciben un mayor financiamiento, hay que reconocer que enfrentan trabas que dificultan la gestión docente como el Estatuto Docente.

Hoy día el sector municipal recibe por alumno un promedio de $ 1.500.000 anuales, por sobre los $1.100.000 del sector particular subvencionado, pero obteniendo los mismos resultados y en muchos casos peores. Los padres han elegido la educación particular subvencionada matriculando a sus hijos en ella, puesto que ven mayor calidad, no sólo un mejor SIMCE, sino que otros aspectos como valores, orden, respeto y mejores profesores. Si bien el gasto por alumno en Chile todavía está por debajo de los países de buen desempeño, no sólo basta con incrementarlo sino que además necesitamos mejorar la eficiencia de cada peso que se gasta.

Para poder lograr educación pública de calidad es necesario entregar a los sostenedores estatales, en este caso a los municipios las capacidades reales de poder llevar a delante la gestión educativa de sus colegios. Por lo tanto, no sólo se le deben exigir resultados sino que además se les debe liberar de las trabas que les impiden definir realmente las políticas educacionales de la comuna.

La desmunicipalización o cualquier otro cambio institucional no surtirá el efecto deseado mientras no se resuelva el problema de fondo, que tiene que ver con la poca injerencia que tiene el sostenedor con la contratación y remuneración de profesores, y un mayor involucramiento de toda la comunidad educativa.

Proponemos:

Descentralización real de la educación: entregando a los municipios las herramientas y el financiamiento necesario de la política educacional en sus comunas. Mayor autonomía para los municipios para establecer políticas educativas pertinentes a su territorio y mayor autonomía en la gestión de los recursos.

Proponemos:

Directores empoderados que puedan en concordancia con sus sostenedores hacer realmente gestión docente y que estén sujetos a evaluación de resultados. La educación de calidad se logra con directores comprometidos con una educación de calidad en sus establecimientos, que tengan las herramientas para hacer los cambios necesarios.

Proponemos:

Remplazar el Estatuto Docente: Aumentar la autonomía para que la comunidad educativa pueda gestionar sus recursos y destinarlos a las prioridades detectadas por cada uno de ellos. Por lo tanto, un paso fundamental para lograr un real avance en la educación municipal es reemplazar el Estatuto Docente. Es fundamental relacionar a través de la creación de una nueva carrera docente la remuneración de los profesores a la evaluación docente, centrada en las necesidades de cada establecimiento.

Consideramos positiva la vinculación de salarios de profesores con evaluaciones de desempeño a nivel de escuela, de manera tal de provocar un aumento considerable en el sueldo de todos aquellos docentes que certifiquen su calidad formativa en el día a día. Del mismo modo, nos parece adecuada la vinculación de pruebas de egreso a los salarios. El corazón de la calidad de la educación es la calidad y el compromiso de los profesores.

La mejor forma de fortalecer y mejorar la calidad de la educación pública es invirtiendo en nuestros profesores mediante la creación de una carrera docente atractiva, que premie el buen desempeño y que deje espacio para la innovación en prácticas educativa

No aceptaremos colegios o escuelas de mala calidad porque atenta contra la posibilidad de que todas las familias puedan elegir proyectos educativos de calidad. Para esto es esencial consolidar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ya existente y fortalecer su arquitectura, cuidando que no se generen trabas excesivas que entorpezcan el correcto desarrollo de los diversos proyectos

Proponemos:

○ Fortalecer las visitas evaluativas y de orientación a colegios y escuelas.

○ Todas las escuelas del país deben ser fiscalizadas anualmente por la Superintendencia, con mayor frecuencia de visitas para las escuelas que presentan mayores riesgos de incumplimiento de las normativas.

○ Se debe exigir una rendición de cuentas simple con los ingresos y gastos de los establecimientos, la cual será de público conocimiento.

○ Se debe potenciar el trabajo “colaborativo” entre las escuelas e impulsar el apoyo de las escuelas efectivas a las escuelas con mayores dificultades.

○ Se deben crear estándares objetivos de calidad para establecimientos de educación parvularia, sobre los cuales la Agencia de Calidad pueda basar los informes de sus visitas evaluativas, cuidando de respetar la diversidad de proyectos educativos y los diferentes ritmos y metodologías de aprendizaje propias de este nivel.

○ La Agencia de Calidad ordenará a los colegios según la categoría de su calidad. Si el colegio se encuentra en las categorías más altas será fiscalizado una vez al año para que pueda llevar adelante su tarea. Los colegios de categoría insuficiente serán apoyados en su gestión por una Agencia Autónoma de Acompañamiento y Mejora de la Calidad de la Educación que funcionará al amparo de la Agencia de Calidad.

Para que todas las familias tengan la posibilidad de elegir proyectos educativos de calidad es necesario profundizar la libertad de elección a través de mayor información para los padres y apoderados, de mayor financiamiento y movilidad de la subvención escolar.

En este sentido sostenemos que es imprescindible terminar con la discriminación que implica entregar los recursos del Estado dependiendo del tipo de establecimiento al cual asiste el niño. La la subvención escolar le pertenece al niño y por lo tanto, el Estado debe respetar la decisión tomada por los padres sin ponerle trabas artificiales como lo hace el proyecto del Gobierno. Trabas que finalmente buscan aumentar el dirigismo del Estado por sobre la decisión libre e informada de las personas. Esto porque el proyecto del Gobierno pone un techo al financiamiento y limita las posibilidades de elección de las familias.

Adicionalmente es necesario aumentar de manera considerable la inversión que como país hacemos en educación subiendo tanto la subvención para la etapa pre escolar como escolar.

Por otra parte, creemos profundamente en una mayor inclusión social en las escuelas. Pensamos que la diversidad es la base de un proceso educativo que sirva de base a una democracia estable. En este sentido buscamos impulsar políticas públicas que permitan la inclusión de familias vulnerables a colegios con copagos altos. Las escuelas más integradas del país son a las que acuden niños con subvención Escolar Preferencial con niños cuyos padres cancelan copago. La propuesta del Gobierno va en la dirección opuesta terminando con las escuelas más integradas del país. Esta iniciativa provocará una segregación aún mayor en nuestro sistema educativo terminando los niños de familias ricas en colegios particulares y todas las familias que no pueden pagar un colegio particular pagado en colegios estatales.

Las siguientes propuestas buscan profundizar la capacidad de elección de los padres y aumentar la inclusión social de las escuelas de manera que los padres tengan claro cuál es el monto de la subvención estatal y por lo tanto cuál es el aporte que hacen a la escuela a la que asisten sus

Proponemos

Ampliar la aplicación de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a todos los establecimientos subvencionados del país y no sólo a los que han firmado el Convenio de Igualdad de Oportunidades. La razón para prescindir de éste es que sus requisitos ya se encuentran incorporados en la normativa de la nueva institucionalidad de Aseguramiento de Calidad. Con esto se incorporan más de tres mil nuevas escuelas al sistema, permitiendo que las familias más vulnerables puedan acceder a ellas de manera gratuita. Empoderar y Transparentar a las familias el monto de la SEP que aportan sus hijos a las escuelas a las que asisten, de manera que adquieran plena conciencia de que pueden postular a cualquier escuela haciendo valer esta subvención con iguales derechos que quienes pagan financiamiento compartido. Para ello, bastará el RUT del alumno, para acceder vía internet a un documento con el monto de la SEP que le corresponde, canjeable por el copago que se cobre en las escuelas con Financiamiento Compartido.

Incrementar fuertemente el monto de la SEP de los $34.000 actuales a mínimo $60.000 mensuales por alumno en forma pareja de PK a IV° Medio más vulnerables del país podrán elegir libre y gratuitamente estudiar en el 98,7% de los establecimientos que reciben subvención estatal. Para los establecimientos que cobran un financiamiento compartido mayor a $45.000, la diferencia entre el aporte del Estado vía SEP y su cobro efectivo se deberá financiar con el fondo de becas que la ley exige a los establecimientos que reciben subvención.

Adicionalmente, para permitir acceso a todas las escuelas también a la clase media del tercer quintil, proponemos implementar un mecanismo similar con el proyecto de Subvención de Clase Media, actualmente en trámite en el Congreso, y elevar su monto a $30.000 para todo alumno de Pre-Kinder a IVo medio al 2018. De esta manera, si una familia puede aportar hoy $15.000 por hijo y quiere postular a un colegio con un copago de $40.000 (98,6% de las escuelas cobran un copago real menor a ese valor), podrá presentarse con su subvención de clase media e imputar ese monto al costo de la mensualidad.

Uno de los problemas que plantean los padres y apoderados respecto a la educación municipal es que cuando hay problemas en los colegios no se sabe a quién acudir y quién es el responsable de solucionar dichas dificultades. Adicionalmente se ha planteado que una de las problemáticas en la elección que hacen los padres y apoderados del colegio de sus hijos es que no existe acceso a información real respecto a la calidad de la educación que entregan los establecimientos y a la transparencia en el uso de los recursos.

Proponemos

Boletines Comunales: Que la agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación Escolar emitan boletines de información comunales con la información relevante de cada establecimiento de forma que esta sea accesible a la comunidad educativa.

Proponemos

Cuenta Pública a la Comunidad Educativa: Que los sostenedores tanto públicos como privados tengan la obligación de rendir cuenta pública una vez al año frente a la comunidad educativa proceso que será supervigilado por la Superintendencia de Educación Escolar.

Es evidente que el desafío de la calidad pasa por la sala de clases. Es prioritario reivindicar la profesión docente para que sean los mejores talentos los que ingresen a estudiar pedagogía y, por tanto, sean los mejores profesores quienes enseñen a nuestros niños.

Esto último es especialmente importante en el caso de los niños más vulnerables, que requieren de profesores especialmente habilitados para equilibrar las diferencias que vienen desde la cuna, lo que es válido para distintos tipos de educación escolar.

En este sentido es fundamental elevar exigencias para profesores que trabajen y que ingresen a trabajar en colegios o escuelas que reciben subvención. De la mano del aumento de las exigencias es imprescindible un aumento real en la remuneración de los profesores y una carrera docente que permita la capacitación continua y reconozca el mérito y el esfuerzo.

Es urgente un nuevo trato para nuestros profesores

Proponemos

Aumento considerable de las remuneraciones de los Profesores para hacer más atractiva la carrera para profesionales de excelencia

Reemplazo del Estatuto Docente

Mejores remuneraciones para profesores de excelencia y para aquellos que se desempeñen en colegios o escuelas vulnerables.

La selección y remuneración de los profesores debe ser responsabilidad del director y su equipo pedagógico, sobre la base de criterios conocidos y aprobados por el sostenedor y considerando iniciativas de apoyo previo.

Prueba de habilitación obligatoria para desempeñarse en el sector subvencionado: no se exigen resultados, pero sí sirve como información para quienes los contraten.

Prueba INICIA obligatoria, como una forma de conocer el desempeño de los egresados de cada Perfeccionamiento de la evaluación docente y obligatoriedad de ésta, con criterios técnicos, que efectivamente permitan medir el nivel de los profesores.

Una de las razones por las cuales los padres y apoderados han optado por los colegios particular subvencionados es el ambiente de respeto y disciplina que existe al interior de estas escuelas.

Creemos que es necesario potenciar ambientes de valores y disciplina que favorezcan e impulsen el aprendizaje de los alumnos. El proyecto del Gobierno va en la dirección contraria, el Gobierno nivela hacia abajo.

Adicionalmente creemos que hay que premiar el mérito e incentivar la responsabilidad y el esfuerzo de los alumnos. Creemos en una cultura escolar de valores, que premie el mérito acompañando y apoyando siempre a los que lo necesitan.

Proponemos:

Programas de reinserción y retención escolar La creación de una subvención especial para niños vulnerables que necesiten apoyo pedagógico temporal para que lo puedan encontrar al interior o fuera de la escuela.

Adicionalmente programas que permitan la reinserción escolar. Alternativa de educación a niños, niñas y adolescentes entre 8 y 17 años de edad, que se encuentran desescolarizados, son repitentes reiterados o se encuentran fuera del sistema regular de educación.

El servicio lo entregan instituciones públicas o privadas con personalidad jurídica.

Según la Casen 2011 tenemos 86 mil alumnos fuera del sistema escolar (de los cuales 13.472 niños entre 6 y 13 años y 73 mil entre 14 y 17 años), y sólo existen 3.665 cupos para insertarles en programas especiales de entidades ejecutoras.

La propuesta va en el aumento de la cobertura a través de más entidades ejecutoras, aumentándola al doble.

Los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) y discapacidad requieren una atención particular del sistema escolar. Sin embargo, hoy no existe una política pública integral que se haga cargo de este tema. Si vamos a hablar de equidad, entonces debemos hacernos cargo de los verdaderamente excluidos del sistema educacional.

Adaptar las bases curriculares para este tipo de enseñanza, ya que hoy tienen un carácter más lúdico en vez de desarrollar el máximo potencial de los alumnos, que en un gran porcentaje pueden adquirir conocimientos que les permitan incluso insertarse en el mundo laboral.

Dado que los alumnos de escuelas especiales no reciben SEP, proponemos que ésta se amplíe hacia ellos. Es insólito que se deje fuera de esta política a los más vulnerables de los vulnerables. Enfrentar cada uno de los problemas operativos de las escuelas especiales: alimentación, apoyos de libros, útiles escolares, bibliotecas y TNE.

Incentivar la creación de consejos empresariales en torno a cada escuela especial para mejorar la vinculación, la pertinencia y la calidad de los talleres laborales, para lo cual se puede lanzar un concurso de articulación, lo mismo que se ha lanzado para los liceos TP.