Un sistema como el nuestro requiere un mecanismo de financiamiento estudiantil que, asegurando el mejor uso de los recursos públicos, facilite la libre elección y permita a todo joven meritorio, independiente de su condición socioeconómica, aprovechar las oportunidades que la educación superior ofrece. La gratuidad universal, tal como está descrita en el programa de la Presidenta y como ha sido esbozada por autoridades de gobierno en las últimas semanas, es una política pública que generaría más perjuicios que beneficios.

Alto costo fiscal y errónea focalización de recursos
La gratuidad universal significa un gran costo fiscal, debido a que en Chile existe una alta cobertura y porque se financia la carrera tanto de estudiantes que cuentan con recursos, como de aquellos que no. En el presente boletín compartimos un estudio de AcciónEducar que estima que el costo incremental para el Estado, descontando lo que ya gasta en becas y créditos, es de US$ 3.600 millones, 2,4 veces más de lo que el actual gobierno planea destinar a educación superior de lo que se recaude con la eventual reforma tributaria.
Además, resulta un error en términos de una correcta asignación del presupuesto: Las cifras y la comparación de Chile con otros países muestra que se debe invertir más en educación escolar, donde nuestro gasto por alumno está por debajo de nuestro nivel de desarrollo, lo que no sucede en educación superior. El estudio muestra que financiar la gratuidad para el 70% más vulnerable resulta una medida más adecuada.

Gratuidad universal beneficia especialmente a los más ricos
El estudio de AcciónEducar revela que alrededor de un tercio del total de los recursos que el Estado tendría que invertir en gratuidad, se destinaría exclusivamente al 20% más rico, sector que captaría hasta 2,9 veces más recursos que el quintil más pobre.

Restricción en el acceso y capacidad de elección de los jóvenes más vulnerables
Tal como está planteada por el gobierno, la gratuidad universal en educación superior sería el único mecanismo que el Estado entregaría para ayuda estudiantil, es decir, se eliminarían las becas y los créditos actuales y se reemplazarían por este sistema. Pero la gratuidad universal sólo se limitaría a aquellas instituciones que suscriban y acepten un convenio con el Estado, que establecerá una serie de condiciones y la fijación de aranceles por parte del Mineduc. Por lo tanto, los jóvenes que no tienen los recursos para pagar su carrera y que necesitan ayuda estatal, sólo podrán optar a las instituciones en convenio con el Estado, no pudiendo elegir el resto porque no tendrán becas ni créditos. Lo anterior se traduce en mayor inequidad, ya que esta restricción no aplica para los estudiantes que tienen los recursos para financiar su educación superior.

Mayor segregación del sistema
Las universidades que no estén en convenio perderán diversidad en su matrícula porque verán disminuida la participación de jóvenes vulnerables o de clase media que no podrán optar a estas instituciones porque no tendrán ayuda estatal para financiar su carrera.