El vocero saliente de la Nueva Mayoría, Alejandro Navarro, anunció el lunes 30 de junio “un punto de inflexión de la reforma educacional” y “un segundo tiempo del ministerio de Educación”.Fue la forma de disimular el reconocimiento de que la reforma educacional iba mal encaminada y que se justificaba la inquietud de amplios sectores sobre los proyectos impulsados por el ministro Nicolás Eyzaguirre, quien, al igual que Navarro, habló de “problemas comunicacionales” de la reforma.

El lenguaje político suele recurrir a ciertos artificios para mostrar coherencia donde no la hay.¿Segundo tiempo cuando apenas han transcurrido 100 días del gobierno?

¿Problemas comunicacionales para difundir la reforma? ¡Como si los ciudadanos no fueran capaces de darse cuenta de las incongruencias!

Como sea, lo esencial es que aún es tiempo de evitar los descalabros.El problema de fondo es el diagnóstico hecho por los equipos del Mineduc sobre la realidad educacional chilena y la definición de una perspectiva que hizo crecer la desconfianza de mucha gente sobre los efectos de los cambios.Es grave si consideramos que la reforma ha sido presentada como una refundación del sistema educacional. Lo insólito es que algunos parlamentarios oficialistas han propiciado una adhesión incondicional a los proyectos del Mineduc, creyendo que basta con tener mayoría parlamentaria para aprobar cualquier cosa.

“Nosotros –dijo Eyzaguirre el mismo día-, tuvimos que elaborar los primeros proyectos en un plazo bastante breve –el país es testigo-, porque era la promesa de campaña y era lo que teníamos que hacer”. Es tristemente cierto: los proyectos fueron improvisados para cumplir con los lemas de campaña.Y se demostró que los lemas de campaña no se convierten mágicamente en políticas públicas.

Por si fuera poco, el mismo diseño de campaña entregó como primer fundamento de la reforma tributaria la necesidad de financiar una “reforma estructural de la educación” cuyas características, como quedó en evidencia, no habían sido estudiadas.

El criterio implícito de la estrategia impulsada hasta ahora por el ministro y sus asesores ha sido reducir tanto como sea posible el espacio de la educación particular subvencionada y acrecentar el de la educación estatal.

No se ha formulado así, pero ha sido el principio fundante, sin detenerse a considerar las razones de miles de padres para optar por los colegios subvencionados. Lo racional es mejorar la educación estatal para que los padres se sientan atraídos por ella.

El gobierno debería sentirse aliviado de que el Congreso no haya aprobado todavía los proyectos de educación, los cuales algunos parlamentarios parecían dispuestos a votar favorablemente a ojos cerrados, como prueba de que ellos no ceden ante nada, ni siquiera ante la realidad.

Todo pudo ser peor si no se hubieran levantado voces como las de Mariana Aylwin, José Joaquín Brunner, Ignacio Walker y Sergio Bitar, que expresaron críticas sobre el rumbo de la reforma, y recibieron por ello toda clase de descalificaciones de parte de quienes han encarnado el espíritu de cruzada en este terreno, en primer lugar Fulvio Rossi y Jaime Quintana.

En las últimas semanas no dejó de crecer la inquietud por el futuro entre los sostenedores, directores de colegios, profesores y, naturalmente, los padres, que defienden su derecho de elegir, en la medida de sus posibilidades, el colegio de sus hijos.

Esto hizo que el senador Carlos Montes se sumara a las voces críticas. Cuestionó la orientación de la reforma y llegó a decir: “Estoy convencido de que la mayoría de los colegios que aparecen legalmente con fines de lucro no tienen lucro” (El Mercurio, 29 de junio). Además, sentenció: “Los apoderados y los dueños de los colegios están con miedo”.Más claro, echarle agua.

El primer requisito de cualquier reforma es no echar a perder lo que existe. Parece poco, pero es lo primero, porque puede ocurrir que, con las mejores intenciones, una reforma mal enfocada, mal diseñada y que no mida las consecuencias, termine agravando los males en lugar de resolverlos.

Para mejorar las cosas en la educación hay que preguntarse en qué estado estarán en tres años más los colegios en los que hay bajos aprendizajes, y que concentran además a los alumnos más vulnerables. Si no se producen avances concretos en el proceso educativo en los colegios rezagados, servirán de poco los cambios sobre la propiedad, la administración y el financiamiento de los establecimientos.

La calidad es un asunto concreto, que se expresa por ejemplo en la necesidad de subsanar las falencias que un colegio tenga en la enseñanza de matemáticas, inglés o biología, lo que exige contar con profesores competentes y metodología apropiada.Al respecto, es decisivo el liderazgo pedagógico de los directores, pero además modificar las normas legales para que ellos tengan atribuciones para armar un equipo docente del mejor nivel posible. Junto a eso, es indispensable mejorar sustancialmente los sueldos de los profesores.

Se requiere avanzar hacia la igualdad de oportunidades en la educación en un contexto de provisión mixta, público-privada. El Estado debe favorecer el despliegue de las energías de la sociedad, no ahogarlas. Y debe concentrar sus recursos donde más se necesitan. Una herencia concreta que podría dejar este gobierno es la puesta en marcha de una red de establecimientos de educación preescolar de alta calidad.

Es de esperar que el Congreso lleve a cabo una discusión rigurosa sobre los alcances de una reforma que afectará a millones de estudiantes. Habrá que ver si “el punto de inflexión” representa una real apertura a discutir cada uno de los aspectos envueltos en la reforma, con el fin de crear condiciones políticas para la aprobación de leyes que ayuden a tener una mejor educación.

Estamos hablando de una política de Estado, y ello exige promover grandes acuerdos nacionales.