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Eyzaguirre devela el misterio

En diálogo con Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, el ministro de Educación entrega por primera vez las líneas de su plan de reforma para todos los niveles de la enseñanza, desde la preescolar hasta la superior. Fija límites al rol del movimiento estudiantil, adelanta los alcances de la gratuidad y establece puntos de acercamiento y distancia con la Iglesia. Esto es lo que ambos conversaron.

Por: Carlos Peña

“Vine al ministerio por una convicción técnica y a la vez moral. La educación es la única forma de eludir la trampa del ingreso medio. Esa es mi convicción técnica. Y es la única manera de evitar la injusticia de que la cuna determine la trayectoria vital de los niños y niñas. Esa es mi convicción moral”, dice Nicolás Eyzaguirre. Hace apenas dos meses mostraba más amabilidad y simpatía que ideas y proyectos. Hoy explica la reforma educativa con la convicción del político y el sorprendente detalle de un experto.

El ministro que parecía no saber para dónde ir -y cuya indefinición hacía que quien hablara con él quedara feliz- es hoy día uno que sabe con total claridad lo que se propone alcanzar.

Incluso demasiada.

Por eso los adversarios, a partir de hoy, serán también más claros.

Cuando se le menciona el acuerdo de la reforma tributaria, se apresura a aclarar que en el caso de la reforma educacional habrá estricta fidelidad a la vía institucional. “Esto no quiere decir, explica, que no habrá participación de todos los actores. La nuestra es una democracia continua, no hay una separación tajante entre el proceso político y el social; pero no cabe duda de que quienes tienen la última palabra son las fuerzas políticas representadas en el Congreso”. ¿Participarán el movimiento estudiantil y las familias? “Ambos, sin duda, aunque debemos convenir que el grado de coalición y representatividad de los estudiantes es mayor que el de las familias”. La participación, en cualquier caso, agrega, será “incidente y no vinculante”.

El ministro ve en la reforma educativa una cuestión que -valga la paradoja- no es estrictamente educativa. Él está impulsando esta reforma convencido de que ella prefigura un país distinto. ¿Qué tiene de malo el país de hoy? ¿Acaso no se modernizó gracias a su propia gestión como ministro de Hacienda? “Sí, responde. Se expandió el consumo y creció el ingreso, pero consentimos que el sistema escolar reprodujera, en vez de corregir, la desigualdad”. Para él, el sistema escolar va dibujando poco a poco la sociedad en que viviremos. Cómo sea la relación de los chilenos entre sí en el futuro, cuánto pluralismo cultivaremos, en qué medida la vida de cada uno será a la medida del esfuerzo que realizó, son cosas, piensa, que dependen de la escuela. El objetivo de la reforma educativa es, así, “cambiar la forma en que concebimos el destino de los niños y niñas: que no dependa de la cuna en que vinieron a este mundo, sino de su esfuerzo”. El problema de Chile, piensa el ministro, no es solo del aula de clases, es de la estructura del sistema, que parece diseñado para distribuir a los niños en proporción al ingreso económico de los padres. De ahí que lo suyo sea una reforma social, además de educativa.

-¿Podría explicar en qué medida la reforma prefigura un país distinto?
-Hoy día tenemos un sistema escolar organizado en base al ingreso de los padres. Sobre eso no hay dos opiniones. El resultado es que la escuela reproduce, en vez de corregir, el origen. Cuando suprimamos el lucro, el copago y la selección -objetivos intransables de la Nueva Mayoría-, el sistema escolar estará integrado por un conjunto de proveedores que cultiven el pluralismo (los públicos) y otro conjunto privado (las escuelas particular subvencionadas), con diversos proyectos. Todos contarán, en principio, con igualdad de trato de parte del Estado. Y las familias podrán escoger. La situación no será muy distinta a lo que ocurre en Holanda. Habremos roto, por fin, la ligazón entre origen y oportunidad educativa. Las familias seguirán, por supuesto, transfiriendo ventajas a sus hijos, pero ya no lo harán mediante la escuela. La escuela corregirá la transmisión espontánea de ventajas.

-¿Cree usted que habrá consenso en torno a eso?
-En la Nueva Mayoría lo hay. Y la garantía de eso es el programa. En la derecha la situación es variada, pero creo que solo se opondrían a ese objetivo los neodarwinistas. Ellos creen que las ventajas de que gozan son fruto de una selección natural que los ha hecho mejores. En el otro lado, hay quienes piensan que todos los males educativos se remediarían si la educación se pone en manos del Estado o bajo su control. Ellos creen que el Estado carece de fallas.

“La Nueva Mayoría y amplios sectores de la derecha no creen ni una ni otra cosa. Tampoco el sentido común de la familia chilena. Por eso pienso que ese objetivo lo alcanzaremos: un sistema mixto, con igualdad de acceso, gratuito”.

-Pero hay grupos medios -el producto de la modernización de las últimas décadas- que se sienten incómodos con la reforma, incluso si les da gratuidad. ¿No tendrá el acto de pagar un significado cultural que va más allá de la mera cuestión económica? En tal caso, como sugieren algunos grupos, ¿no habría que respetar ese significado?
-Es legítimo que las familias den ventajas a sus hijos y los caminos para hacerlo son múltiples, pero el deber del Estado es corregir, hasta donde sea posible, las desventajas que introduce la cuna. La educación formal es uno de esos bienes que la sociedad debe distribuir por igual entre sus miembros. Así entonces, no hay que preocuparse: sustituiremos en todos los tramos el aporte de las familias, y para eso estamos dispuestos a extender el lapso para suprimir el copago. A lo que no estamos dispuestos es a ver virtudes públicas en el financiamiento compartido…

-¿Y la opinión de la Iglesia Católica? Ella ha visto problemas en esta reforma…
-A la Iglesia Católica le preocupan dos temas. Uno es la propiedad de algunos inmuebles que pertenecen a una congregación y se arriendan a la fundación educativa. No observo problemas en permitir esa operación: que los sostenedores sin fines de lucro puedan arrendar el inmueble a un tercero de la misma índole. Esta solución puede extenderse a todo el sistema. El otro problema que preocupa a la Iglesia es la selección. Este, sin embargo, es un objetivo intransable. No podemos permitir que se haga el escrutinio de la vida familiar para admitir o no a un niño a la escuela. Podemos discutir formas que aseguren el compromiso de las familias con el proyecto educativo, pero la selección en ningún caso. No cabe sino aceptar que aquí tenemos una discrepancia insalvable con parte de la Iglesia.

-A comienzos del siglo 20, cuando se discutió la segunda Ley de Enseñanza Obligatoria, la derecha, al lado de la Iglesia, defendió la libertad de las familias en contra del Estado. Hoy día defiende la libertad de elegir de las escuelas para proteger su proyecto educativo…
-Espero que ahora la derecha se ponga al día con la defensa de las familias y las escuelas, y no de los privilegios.

-El fin del lucro es también un objetivo intransable, pero si se permite el arriendo con terceros no relacionados, como ocurriría con la Iglesia y los colegios particulares subvencionados, ¿acaso no se estaría abandonando ese objetivo?
-No, en absoluto. El uso de la subvención para arrendar o para adquirir el inmueble son equivalentes desde el punto de vista económico. Los sostenedores podrán usar la subvención para arrendar (a una institución sin fines de lucro o a un tercero no relacionado) o para comprar. Nunca entendí el temor de que la reforma tuviera un componente inmobiliario. Si el actual esquema de financiamiento permite que se use parte de la subvención para comprar un inmueble, ¿por qué es erróneo hacerlo cuando se trata de transformar al proveedor en uno sin fines de lucro?

-¿Podría explicar por qué es tan importante acabar con el lucro? Suele decirse que es mejor preocuparse de la calidad en vez de la índole jurídica de quien la produce. Quienes así piensan parecen creer que el producto educativo es independiente del proceso que conduce a él, como si la relación educativa fuera equivalente a cualquier otra relación social, de consumo o de competencia…
-Esa forma de ver las cosas descansa efectivamente en un error. El resultado educativo no es independiente del proceso que conduce a él o de la forma en que se organiza. La autoridad educativa no se funda en la propiedad; sus fuentes de legitimidad son otras. La experiencia comparada es abrumadora: son mejores las instituciones no lucrativas. Se suma a ello otra razón: el afán de lucro es un buen combustible cuando la calidad de lo que se produce puede ser apreciada con claridad. En ese caso se alinea calidad con lucro: a mayor calidad, mayor ganancia. Un ejemplo son las concesiones de carreteras. Allí el lucro funciona. Pero la educación es más compleja que una carretera: la calidad se aprecia en largos lapsos, hay asimetrías. El sueño de Friedman de los cincuenta -que la competencia y el lucro mejorarían la educación- resultó una pesadilla.

-En cualquier caso, la calidad o la interacción en la sala de clases no han quedado al margen, ¿verdad?
-No, por supuesto. Sabemos los problemas que hay ahí. Gastamos poco en educar a los niños, atendidas las diferencias que padecen; tenemos graves defectos en la formación inicial de nuestros profesores, algo en lo que las universidades tienen mucha responsabilidad; los proveedores públicos hay que sacarlos de las municipalidades, y es urgente preocuparse de los aspectos institucionales de la carrera docente. La profesión docente tiene la particularidad de que quienes ingresan a ella se especializan a tal punto que su capital pierde usos alternativos. Hay que darles a los profesores una perspectiva de largo plazo, en la que cada uno avance en ella de acuerdo a su desempeño, a la calidad que demuestre medida en forma objetiva, y no simplemente a su antigüedad.

-¿Aunque ello lo haga entrar en conflicto con el Colegio de Profesores?
-Sí. Haremos esfuerzo para que algo así no ocurra, pero los intereses de largo plazo que reclama una buena organización de la profesión docente, a la que puedan plegarse también los colegios particulares subvencionados, hay que hacerlos valer por sobre los de corto plazo. En esto cada uno cumple su deber: los dirigentes gremiales el suyo; yo cumpliré el mío.

-Una de las críticas más frecuentes es que las prioridades estarían invertidas: un excesivo acento en la educación superior y silencio en la preescolar, cuya experiencia, como sabemos, es casi definitiva en el futuro de un niño…
-Esa crítica carece de todo asidero: en educación inicial ya están presentados los proyectos que modernizan su institucionalidad, separando la formulación de políticas (a cargo de la Subsecretaria de Educación Parvularia), el aseguramiento de la calidad (en la Agencia de la Calidad) y la fiscalización del cumplimiento de la normativa (que es deber de la intendencia de educación parvularia). Y no hay solo un esfuerzo de modificar la institucionalidad: se construirán 4.500 salas cunas para 90 mil nuevos niños entre cero y dos años, y 34 mil vacantes para párvulos de 3 y 4 años. En suma, la prioridad aquí es clara. Sugeriría entonces a los críticos abandonar ese argumento.

-Bien. Tenemos un plan de educación inicial; fin al lucro (lo que no se contradeciría con el arriendo a entidades no lucrativas o no relacionadas); término total de la selección, incluso en colegios religiosos; fin del copago en lapsos que permitan la equivalencia en UF entre lo que hoy perciben y lo que percibirán mañana, y una carrera nacional docente. De esa forma, habría un sistema escolar con provisión mixta y diversa, gratuito, donde los padres podrán escoger al margen del ingreso que posean. Un sistema, después de todo, bastante similar al de Holanda. ¿Qué ocurrirá con los aspectos institucionales de la educación pública?
-Ese es un objetivo urgente. Este es un típico caso donde la estructura incide en el resultado y donde se prueba que no todo se juega en la sala de clases, como creen algunos. La municipalización no alinea el desempeño de las escuelas con la evaluación de los alcaldes, introduce diferencias severas entre municipios, en algunos casos no hay economías de escala, etc. En vez de ella, se crearán Servicios Locales de Educación a cargo cada uno de aproximadamente 200 colegios. En cada uno de esos servicios habrá participación de la comunidad y poseerán una estructura de apoyo pedagógico y técnico a las escuelas de su dependencia. Aseguraremos que la dirección de cada uno sea independiente y responsable ante el board del servicio.

“No habrá” trato preferente para la UC

-Vayamos ahora, ministro, a la educación superior. En ella, como sabemos, hay dos niveles. El técnico profesional y el universitario; el primero puede poseer fines de lucro, el segundo no. ¿Cuáles serán las líneas de trabajo en la educación técnico-profesional?
-Falta dotar a los liceos técnico profesionales de mejor equipamiento, actualizar a los profesores y conectarlos más con el sector productivo. Finalmente, es imprescindible que las mallas de estudio de esos liceos “conversen” con las mallas de los centros de formación técnica, para que las y los jóvenes puedan continuar allí sus estudios. Como ve, queda mucho por hacer.

“En la educación técnico-profesional hay que cambiar el modelo de acreditación, el cual hoy se encuentra sesgado hacia lo científico humanista. Con acreditación fluida los jóvenes podrán estudiar gratuitamente en estas instituciones, salvo si tienen fines de lucro, en cuyo caso no serán elegibles para recibir recursos públicos”.

-En el caso del sistema universitario, ¿se mantiene el objetivo de gratuidad universal para los estudiantes de las instituciones que adscriban al sistema de equidad?
-Cumpliremos el objetivo de la gratuidad universal, pero de manera eficiente. Cuatro años de estudio -lo que duraría un college – me parece un objetivo sensato de financiar para un país de 20.000 dólares per cápita. Lo que exceda a ese lapso debiera ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante u otra forma equivalente. Eso compatibiliza correctamente, me parece, gratuidad con esfuerzo personal, y ayudaría a promover los estudios generales a partir de los cuales pudiera seguirse una formación especializada o profesional.

-¿Cambiará la economía política de las universidades?
-Sí, sin duda. Esperamos diseñar financiamientos basales para todas las instituciones, públicas o privadas, contingentes a la índole y productividad de sus comunidades académicas. Por supuesto, habrá algunas que carecerán de ese financiamiento y en cambio serán puramente docentes; pero eso dependerá de su desempeño y, como digo, de las comunidades con que cuenten. Habrá también fondos para la investigación concursables, cuando se trata de investigación cuyos resultados no sean apropiables y, en general, los fondos se asignarán por juicio de pares.

-Ese cambio en la economía política debiera ir, sin embargo, acompañado de un trato preferente a las universidades estatales. De otra forma, se corre el peligro de que el sistema se anegue con proyectos privados, ¿no le parece?
-Por supuesto. De ahí que formularemos un trato preferente para las universidades del Estado. Ellas cultivan el pluralismo, que es la base de una sociedad abierta y democrática. Algunas privadas también lo hacen, pero las estatales son la garantía de que ello ocurrirá.

-Pero usted, como economista, sabe que las instituciones estatales, igual que las privadas, están expuestas a la captura a favor de grupos particulares….
-Estoy consciente de eso y de ahí que debemos reformar los gobiernos de las universidades estatales, instituyendo boards que puedan guiar estratégicamente a las instituciones sin lesionar su independencia intelectual.

-Y la Pontificia Universidad Católica. Ella ha estado presente en la cultura pública de Chile desde fines del siglo XIX y acumula una gran capacidad de investigación… ¿No habrá para ella un trato preferente?
-No, no lo habrá, pero tampoco será objeto de maltrato. Algo así despilfarraría parte de nuestra cultura. Pero no tengo dudas de que, atendida la calidad de sus comunidades académicas, podrá acceder, gracias a su desempeño, a fondos basales y de investigación suficientes.

-Así, entonces, la reforma universitaria será parecida a la fórmula de Wilfredo Pareto: algunos estarán mejor y nadie peor…
-Exacto, salvo los que infrinjan la ley. Para detectarlos y sancionarlos es imprescindible el proyecto de Superintendencia de Educación Superior y el mejoramiento de la acreditación. Necesitamos saber qué institución no merece adscribirse al nuevo sistema.

-Buena parte de lo anterior, ministro, son malas noticias para el movimiento estudiantil, cuyas expectativas parecen estar lejos de lo que usted describe…
-Lo sé. Pero nuestro deber es atender al movimiento estudiantil en aquello que coincide con el programa y siempre que cuente con el apoyo suficiente del Congreso. Los sueños y reflexiones del movimiento estudiantil son importantes, pero no tienen la última palabra.

-¿Lo veremos como candidato presidencial si la reforma llega a término?
-Si llego a término habré juntado 20 años de servicio público entre el Banco Central y el Gobierno, y estaré cerca de la edad de jubilación. Momento óptimo para retirarme a la vida académica, y pasar de la pasión y sufrimiento de la política.