La “reforma estructural a la educación” implica un proceso de creación de instituciones, de transformación de varias existentes, pero sobre todo implica adoptar definiciones, responder como sociedad preguntas fundamentales como para qué educamos, qué se enseña o cuál es el carácter de la educación pública. El sentido de la reforma será relevante porque tendrá efectos concretos sobre la realidad. De ahí que, más allá de las lógicas gradualidades, estas deben sí o sí apuntar hacia un horizonte claro, que no es otro que aquel que el movimiento estudiantil y la ciudadanía en general ha asumido como propio: una educación como derecho social y no como objeto de negocio.

La oposición entre una educación entendida como derecho o como negocio no es antojadiza ni opera solamente en el plano de las ideas. Su sentido se expresará y tensionará en todas las dimensiones de la política educacional que se pondrá en discusión y en las reformas que se lleven a cabo. Será a partir de cómo se resuelva esta oposición que se dará forma al sistema mismo, se autorizarán acciones concretas y se estimarán los términos en que los cambios ocurran. Así lo reconoció Alfredo Prieto, el ministro de Pinochet que condujo las “modernizaciones” educativas en 1981 que rigen hasta hoy: “Las modernizaciones no constituyen sólo un conjunto de medidas pragmáticas para resolver problemas concretos. Es la expresión, en el campo educacional, de una determinada concepción del hombre y la sociedad”.

El cuestionamiento del 2011 demuestra que este modelo específico no sólo incumple en la tarea de dar educación de “calidad” a todos, sino que además genera un daño suficiente como para sacar a cientos de miles de personas a la calle. El nuevo campo de la educación está fundamentado en una demanda democrática, cualquier cambio que se quiera hacer en nombre del derecho a la educación debe hacerse cargo de restarle influencia a los principios del actual modelo: el negocio educativo debe retroceder. Así, que la educación sea un derecho social implica que no pueda ser comerciable, pero además, que sea esencialmente democrática, pues la educación debe ser un espacio público por excelencia.

Si la campaña electoral de la actual presidenta estuvo marcada por la promesa de una reforma educacional de la que sólo se conocían los titulares mientras el resto permanecía ambiguo, ya asumido el nuevo gobierno han comenzado poco a poco a develarse detalles más concretos. En las intervenciones recientes del ministro Eyzaguirre ya pueden identificarse diferencias con las líneas del movimiento estudiantil y elementos que no quedan del todo claros, pero que es necesario develar, pues la política de los 100 primeros días de gobierno podría llegar a ser la política de los próximos diez años en la materia.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Desde el punto de vista del financiamiento a las instituciones de educación superior, la definición de lo público ha sido conflictiva. El programa de la Presidenta Bachelet señala que las exigencias para la gratuidad en el trato del Estado con las instituciones son: estar acreditada; acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia de lucro; estar incorporada a las nuevas normas sobre acceso de equidad; desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el Mineduc.

El ministro sostiene que “la educación pública es lo que esencialmente define los contornos de un país”, mientras que la educación privada “es subsidiaria”. Lo anterior, más allá de la fraseología de buena crianza, continúa en un plano excesivamente ambiguo para definir el carácter público de una institución. Entender la educación como un derecho social y a la enseñanza pública como su tronco central, implica construir un modelo en que las instituciones estén basadas en la demanda democrática que las funda. Desde esta lógica, difícilmente podría considerarse plausible que pueda financiarse una institución que, en primer lugar, no rinda cuentas frente a su propia comunidad, escogiendo democráticamente a sus autoridades y generando espacios de participación y control por parte de los actores de su comunidad. Y, en segundo término, tampoco puede concebirse como tal a una institución que no responda frente al país, sometiéndose al control financiero de la Contraloría General de la República, y orientando su investigación, docencia y extensión, hacia las necesidades del país y no simplemente hacia la acumulación inconexa de papers para fortalecer posiciones en el ranking internacional que esté de moda. Aquellas resultan cuestiones de sentido elemental para recién comenzar a abrir este debate.

LÓGICA DE FINANCIAMIENTO

En su intervención en el programa “El Informante” de Televisión Nacional, el ministro explicó cómo sería el financiamiento de la educación superior y escolar en su reforma (sobre la educación técnica y parvularia no ha hecho referencias sustantivas).

En cuanto a la Educación Superior sostuvo que “hay un financiamiento a la oferta, a la universidad, que tiene que ver con la investigación que hace, que viene del Estado, que es financiamiento basal. Y hay otro financiamiento, que viene por parte de los estudiantes que eligen a esa institución”. Es decir, se puede anticipar que se mantendrá un sistema de vouchers, complementándose con los convenios de desempeño para la investigación que incentiva la competencia entre las instituciones para obtener la venia del ministerio. De ahí que es urgente que el ministro aclare si el sistema mantendrá el financiamiento basado en becas y créditos, que es completamente opuesto a lo que el movimiento estudiantil ha planteado, en la medida que continúa sometiendo a las instituciones a competir entre sí, e incentivándolas a reducir costos y gastar más en publicidad para captar estudiantes que en insumos para mejorar la educación que imparte.

Sobre la educación escolar, mantiene la lógica de subvención, refiriéndose al incremento que se efectuará para poner fin al copago. Sin duda, para desmercantilizar la educación hay que invertir dichas lógicas, proyectándose a una de financiamiento a la oferta (como traducción de la educación como derecho social). Si las medidas no apuntan a atacar y revertir los objetivos que desplegaron y materializaron sus ideólogos, entonces no estamos hablando de una reforma transformadora.

FIN AL LUCRO

Actualmente la prohibición de lucro sólo existe en la educación superior (no en los CFT e IP), declarándose que en el ámbito escolar el 78% de los colegios particulares subvencionados tiene fines de lucro, como lo sostienen las últimas investigaciones.  Al respecto, el programa de la Presidenta señala que “no se podrá lucrar con recursos públicos”, y así lo ha confirmado en sus intervenciones el ministro de la cartera, señalando que el proyecto buscará que ningún colegio que lucre reciba recursos públicos.

Pero una prohibición tan particular se contradice con la idea de la educación como derecho social, en cuanto ésta desempeña una función social que no debe ser reducible al origen de su financiamiento, pues en su calidad de derecho fundamental no puede ser comerciable. Claramente esta propuesta deja más de un ámbito abierto en que los privados puedan seguir desarrollando negocios al alero de la educación.

CIERRE DE INSTITUCIONES

La creación de dos nuevas universidades regionales durante los primeros 100 días de gobierno ha sido uno de los compromisos de la presidenta (Aysén y O ́Higgins), sin embargo, la reforma no sólo implicará la creación de instituciones, sino que también el cierre de varias.

El caso de la Universidad del Mar en el ámbito universitario y el cierre de colegios en Cerro Navia, da cuenta de la inexistencia de mecanismos para que el Estado se haga cargo. Si bien en el ámbito escolar existe la figura del interventor, ésta solamente responde a la lógica de “lo malo se bota” y no es extensible a la mayoría de casos por los que los colegios se cierran (proceso de renuncia voluntaria por parte del sostenedor al reconocimiento oficial), mientras que en la educación superior no existen figuras ni procedimientos asociados a su cierre, así como tampoco para dar respuesta a los estudiantes de las instituciones que no resulten acreditadas, requisito para recibir ayudas del Estado. Una reforma sustantiva no puede omitirse ni tener medias tintas frente a este tema, que está en el sentir cotidiano de muchas familias que, aún compartiendo las demandas del movimiento estudiantil, temen razonablemente que sus hijos terminen viviendo los mismos dilemas e incertidumbres padecidos por los estudiantes de la Universidad del Mar.

UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD ESCOLAR

La cartera de Educación ha confirmado que, como se describe en el programa de la Presidenta, la desmunicipalización se realizará a través del reemplazo de la administración municipal por  “una nueva institucionalidad pública, cuya estructura contempla la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública descentralizado y Servicios Locales de Educación Pública”, ambas entidades relacionadas al Mineduc.

Existen diversas perspectivas, la propia Presidenta Bachelet envió un proyecto durante su anterior gobierno, lo mismo hizo el ex presidente Piñera el año 2011, sin prosperar ninguna de ellas. Por su lado, desde el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Municipalidades y la ACES, han construido sus respectivas propuestas. Un punto en común es la necesidad de una nueva institucionalidad, sin embargo, de quién dependa, el tamaño de la institucionalidad, sus atribuciones y la forma de financiamiento (por vulnerabilidad de la localidad, vía presupuesto, por  el tamaño de la matrícula, etc), su vínculo con la comunidad, entre otras, son cuestiones que hoy están en el debate y frente a las cuales no ha existido hasta la fecha un posicionamiento claro del nuevo gobierno.

Es necesario que el ministro profundice estos temas, pues el fin al copago se encuentra conectado con el fortalecimiento de la oferta pública que se traduce, por ejemplo, en la creación de establecimientos y su distribución racional. Además, de poco sirve una institución sin una idea acerca de cómo educar y qué enseñar. En tal sentido, la definición de los currículos, el rol del profesor, la regulación de su quehacer, son cuestiones que responden a la pregunta por el “para qué” educamos, discusión adeudada en estos anuncios.

LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA AUSENCIA DE CLARIDAD

El programa de la Presidenta respecto a educación técnica solamente se refiere a la creación de Centros de Formación Técnica públicos con presencia en todas las regionales, agregando que estos deben vincularse a una universidad pública. Llamativamente, agrega que “en los primeros 100 días de Gobierno se firmarán los cinco primeros convenios con universidades para la creación de CFTs públicos en regiones”, cuestión que no ha sido profundizada hasta ahora, pero que sin dudas es un ámbito escasamente discutido a nivel nacional.

Poco se ha dicho e investigado sobre la educación técnica en Chile, pero desde ya podemos resaltar algunos aspectos preocupantes: por ley el lucro está permitido, el Estado actualmente tiene prohibido abrir Institutos profesionales, a la fecha sólo cerca de un tercio de IPs y CFTs se encuentran acreditados y, además, concentran el 42,2% de la matrícula de la educación superior compuesta mayoritariamente por estudiantes de escasos recursos.

No basta, y puede incluso resultar contraproducente, crear CFTs del Estado para que ingresen a competir como un actor más en el mercado de la educación superior técnico profesional. Es preciso, en primer lugar, vincular la cuestión de la educación técnica con la planificación nacional y el desarrollo regional, aspectos que permiten responder preguntas como qué técnicos formar, dónde y para hacer qué.

Asimismo, debe también trabajarse la coherencia de todos los niveles de educación técnica: por un lado, aquella que se imparte en la enseñanza media, hoy escasamente vinculada a su continuidad en el ciclo superior; por otra parte, dentro del nivel superior, también deben considerarse las universidades (UTFSM y USACH por ejemplo) que hoy cuentan con numerosas carreras técnicas, de modo de hacerse cargo del sector de manera integrada, coherente y no simplemente desparramando instituciones para competir entre sí, duplicar esfuerzos y en esa dinámica contribuir escasamente al desarrollo del país. Todos estos son aspectos frente a los cuales la posición del gobierno no ha pasado de escuetos y ambiguos titulares.

UNA BRÚJULA PARA NAVEGAR EN LA REFORMA

Tal como hemos repasado en esta columna, podemos decir que hay una enorme cantidad de temas pendientes por discutir. Por mientras, el ministerio entrega señales: el retiro de los proyectos de ley presentados por la administración de Piñera deja claro que es preciso diferenciar regulación con prohibición. Sin embargo la experiencia indica que las señales no siempre se presentarán con total nitidez y muchas veces vendrán escondidas las letras chicas detrás de los grandes titulares de prensa.

Y no será solamente el gobierno: no son pocos los actores interesados en utilizar el lenguaje para toda clase de giros copernicanos que parezcan convocar las consignas del movimiento estudiantil y aún así mantener todo como estaba antes de la reforma. Así como Carlos Peña quiere convertir las universidades privadas en bienes públicos por obra y gracia de su retórica, la derecha apuesta a repetir la consigna de la calidad y abusar del embrujo lingüístico para seguir solapando el lucro.

De ahí que resulta fundamental para los tiempos que vendrán tener un horizonte claro, que sea como una brújula que permita navegar a través de la reforma, permitiendo diferenciar qué aspectos constituyen efectivamente avances y cuáles, en cambio, responden a meros gatopardismos orientados a dejar todo como está. Así pues, una reforma cuyo centro sea el desplazamiento del sentido mismo de la educación desde un bien de mercado hasta un derecho social, debe saber que todos los metros que retroceda el mercado serán avances para ensanchar la democracia.

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Columnas

3 de abril de 2014

Ministro, queremos gratuidad, no becas

Andrés Fielbaum, Ex Presidente FECh y coordinador de la Dirección Nacional Estudiantil de Izquierda Autónoma

Durante todo el año pasado, uno de los puntos que persistentemente exigimos a Michelle Bachelet aclarar sobre su programa se refería a la gratuidad en la educación superior. Concretamente, la gran interrogante era si ésta se llevaría a cabo a través de simplemente aumentar becas o mediante un financiamiento directo a las instituciones. La respuesta nunca llegó, probablemente porque durante la campaña aclarar las ambigüedades significaba incrementar las tensiones en un momento en que requería a su comando unido. Pero, lamentablemente, hace pocos días el nuevo Ministro Eyzaguirre, en su aparición en el programa de TVN  “El Informante”, comenzó a develar tales silencios confirmando nuestras peores predicciones: los fondos dedicados a la docencia (es fácil imaginar que serán los mayoritarios) se harán vía subsidio a la demanda.

Hemos escuchado varias veces el argumento de “que los estudiantes exigen educación gratuita, pero que dejen al gobierno ver cómo se financia, porque eso no es lo que a ellos les afecta”. Sostener algo así significa suponer que nuestra lucha ha sido solamente por nuestro bolsillo, olvidando que la reivindicación estudiantil es mucho más profunda: una educación entendida como un derecho para poner los cimientos de una nueva sociedad, mucho más solidaria, igualitaria, democrática y justa.

Para lo anteriormente dicho, es crucial que el mercado se retire de nuestro sistema educacional. En un sistema mercantilizado la prioridad de las instituciones es maximizar la ganancia (ya sea para echársela al bolsillo cuando existe lucro, ya sea para sobrevivir cuando hay autofinanciamento), cuestión incompatible con una educación donde la prioridad esté puesta exclusivamente en la propia educación, con énfasis en generar estudiantes íntegros, en construir espacios de ciudadanía y, por sobre todo, en las necesidades que Chile tiene tanto a nivel de investigación como de profesionales.

El año pasado publiqué en este mismo medio una columna que intentaba sistematizar en cuatro ejes la necesidad de una educación gratuita: libertad, calidad, integración y dignidad. Aquellos cuatro ejes se ven deformados cuando dicha gratuidad se lleva a cabo mediante subsidio a la demanda (becas) y no mediante un financiamiento estable a las instituciones educativas.

En cuanto a la libertad, efectivamente eliminar la necesidad de pagar significa que el limitante directo a la posibilidad de elegir carrera y Universidad ya no existirá. Sin embargo, una libertad real también requiere que la oferta académica esté acorde a la vocación de los estudiantes y, por sobre todo, a las áreas que en cuanto país definamos como estratégicas. Eso no ocurrirá en la medida que el financiamiento a las Universidades esté ligado directamente a la cantidad de becas que pueda atraer y sus formas de gastarla. Es fácil imaginar que seguirán predominando las carreras más baratas de impartir o las que permiten proyectar mayores ingresos futuros, pasando a un segundo plano aquellas en las que nuestro país tiene carencias o desafíos particulares.

No solamente eso, una verdadera libertad significa también una orientación de la carrera dirigida a una formación completa; una educación que mantenga su carácter mercantil tiene como consecuencia que la orientación de cada carrera seguirá priorizando las necesidades de las grandes empresas y no las del chileno común. Que en ingeniería comercial seguirá siendo prioritario aprender a eludir impuestos y que en derecho seguirá siendo más importante saber formar una empresa que defender el derecho a la vivienda.

La calidad probablemente sea el ítem que más se deforma. Durante años se nos dijo que la libre competencia entre las instituciones educativas haría que el sistema completo mejorara, pues tendrían incentivos a ser mejores para así captar más estudiantes. Difícilmente alguien puede sostener razonablemente que aquel supuesto sea una realidad en nuestro actual sistema educativo, donde año tras año nos espantamos con instituciones que gastan cada vez más en publicidad, y el espanto crece cuando comparamos con lo que gastan en mejorar su infraestructura y su enseñanza.

Financiar la gratuidad a través de becas implica perpetuar esta lógica de instituciones compitiendo entre sí, definiendo sus orientaciones de acuerdo a la volátil demanda y dejando una vez más en un segundo o tercer plano las necesidades de Chile y su pueblo. En cambio, financiamiento directo significa autonomía, característica tan necesaria para que las universidades puedan estar con las energías totalmente puestas en el objetivo educativo y libres de ataduras para jugar un rol relevante en las discusiones claves para el país.

En cuanto a la integración, si bien este objetivo está íntimamente ligado con las políticas de acceso, que sobrepasan los límites de esta columna, nuevamente un financiamiento vía becas implica que este objetivo se cumpla sólo parcialmente. En efecto, pues si bien se termina con la barrera de acceso que es la necesidad de que el estudiante pague, disminuyendo la segregación, aquello no resuelve el hecho de perpetuar la competencia por estudiantes, lo cual lleva a que cada institución se concentre en un nicho específico de mercado, orientando sus recursos y estrategias hacia la captación de cierto tipo de estudiantes. Así en definitiva se mantienen algunas Universidades para ricos y otras para pobres.

Finalmente, en lo que respecta a dignidad, si bien es cierto que becas para todos ya no implicará la posibilidad de perder el financiamiento por cualquier pequeño cambio en la situación familiar, en la propuesta del Ejecutivo la posibilidad de perder la beca sí existirá para todos los estudiantes de aquellas instituciones que deberán “decidir” si desean ser parte de la red de universidades financiadas por el Estado o no. Decisión que en muchos casos deberán adoptar juntas directivas sin ningún tipo de control democrático, compuestas, en no pocos casos, por personas ubicadas a varios miles de kilómetros de nuestro país. Por lo tanto, una decisión que será manejada como una variable que perfectamente puede ser cambiada si a esta gente se le ocurre que es más estratégico para su holding.

Pero no solamente los estudiantes de Universidades privadas estarán en riesgo: la precaria situación de muchas Universidades estatales significa que, sin un aporte basal que les permita proyectarse y planificar a largo plazo, sus decisiones inmediatas seguirán basándose en malabarismos para sobrevivir, con todas las temibles consecuencias que ello puede significar.

Un financiamiento directo a las instituciones es la única manera de verdaderamente hacer de la gratuidad una forma de desmercantilización de la educación. Significa eliminar la lógica de que una carrera tiene un “precio” (más allá de quien lo pague). Si el Estado trabaja con una red de Universidades para que formen los profesionales y el conocimiento que Chile necesita, cada Universidad podrá definir su proyecto educativo para cumplir el rol que le haya sido exigido y en función de ello ser financiada. Para que efectivamente con la educación gratuita ganemos todos, se requiere un sistema educativo pensado en función del país en su conjunto. Comprender que la pelea de los estudiantes no es por los estudiantes, es por Chile y su futuro.

Todo lo anteriormente descrito se basa en un diagnóstico tajante: nuestro sistema educativo ha sido un fracaso rotundo, y requiere de cirugía mayor. Aumentar las becas sin comprender lo anterior es meter plata a un saco roto.

Al exigir aportes directos, surge de inmediato el cuestionamiento de para quiénes deben ir, más aún con la discusión coyuntural sobre qué es educación pública. No entraré en ese debate específico en esta columna, pero sí me parece crucial relevar dos principios básicos. Por un lado, la educación provista por el Estado debe volver a ser el pilar fundamental de nuestro sistema educativo, y por ello la reforma debe apuntar a que en un par de décadas tengamos al menos el 70% del estudiantado en tales instituciones (en todos los niveles de la educación), además de recibir un financiamiento definitivamente prioritario. Por otra parte, el Estado no puede estar financiando a instituciones cuya orientación, cuyo futuro, lo definan personas sin ningún tipo de control democrático: no podemos todos los chilenos entregar recursos a instituciones que ni siquiera responden qué hacen con ellos frente a su propia comunidad, por lo tanto, democratizar las Universidades debe ser un requisito previo a cualquier tipo de financiamiento estatal. Lo público es democrático, no tiene un dueño particular.

El movimiento estudiantil ha sido claro en defender una educación gratuita financiada directamente por el Estado. La deformación que ha hecho Nicolás Eyzaguirre de esta demanda es una demostración clara de que solamente quienes han levantado coherentemente el tema educacional estos últimos 4 años pueden garantizar que la orientación de la reforma sea coherente con los sueños de miles de chilenos. La participación protagónica de los actores sociales del mundo de la educación se hace urgente.