La división de los rectores acerca de la prueba de admisión a las universidades se ha puesto de manifiesto durante su reunión con el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La reforma educativa prevé que desde el curso 2016- 2017 cada universidad pueda celebrar una prueba específica para elegir a sus alumnos si así lo desean. Un examen o entrevista que levanta ampollas, pues las universidades más elitistas la desean, mientras que las más populosas se resisten a ella. De cara al exterior muestran unidad y aseguran en un documento interno que la prueba no garantiza “los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación”, pero dicen acatarla –aunque está en su mano hacerla-. No obstante, reclaman que esta se posponga al menos un curso para los titulados de FP Superior y estudiantes de sistemas extranjeros que tendrían que someterse a ella este junio. En esa fecha “sería absolutamente inviable desde el punto de vista informático implementar todos los procedimientos”, aseguran en el texto.

Mientras, el Ministerio de Educación juega al gato y al ratón. Su real decreto es taxativo sobre los plazos en los que las pruebas entran en vigor y, sin embargo, una disposición adicional habla de “periodos de transición”. A ella ha hecho referencia la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, tras el encuentro. “Las universidades que quieran tender puentes con la FP o internacionalizarse podrán hacerlo, y las que no seguir como están”. Actualmente, los alumnos de FP pasan a la universidad con su título y pueden presentarse a una prueba específica para mejorar su puntuación y poder competir en mejor con los bachilleres en la nota de corte. Y los extranjeros, para quienes se va a facilitar los trámites administrativos de convalidaciones, deben aprobar también esa fase específica. “Solo un 1,1% de los alumnos de nuevo ingreso son extranjeros. Tenemos un problema de internacionalización muy grave”, subraya Gomendio.

“Es bueno que un estudiante chileno pueda homologar su título y su selectividad y acceder a nuestras universidades, compitiendo con otros alumnos. Así se podrían llenar las plazas vacantes que quedan en las universidades y favorece el sistema”, opina Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III. Él también es partidario de que “algunas facultades celebren pruebas, por ejemplo de Matemáticas para estudiar Ciencias Sociales (Economía)”. Peña es de los pocos rectores de la pública que se muestra abiertamente a favor de la prueba. Las privadas sí se muestran interesadas en esta criba. De hecho, muchas de ellas tradicionalmente las celebran, como ICADE o la San Pablo CEU.

“Hay una sensibilidad no unánime, pero sí extendida, de que el sistema equivalente a Selectividad que tiene que ser justo y controlado de acceso conforme a mérito”, dijo Manuel José López, presidente de los rectores. Gomendio lo interpreta como el deseo de una misma prueba en toda España. “La decisión de cuándo serán las pruebas no se toma en pocos días porque intervienen las comunidades autónomas”, apuntilla López.

En el encuentro se habló de los criterios de admisión en la universidad, pero también de los procesos de equivalencias y homologaciones. En ello sí que los campus muestran una postura común. Hay unanimidad en que no les gusta que la decisión de convertir a los ingenieros del plan de estudios antiguo en máster –lo que les impide competir en igualdad de condiciones en concursos internacionales- quede en manos de la agencian de evaluación Aneca. “La agencia se supone que es un órgano consultivo, no de toma decisiones”, opina Juan Casares Long, rector de Santiago.

Tampoco los rectores comparten las equivalencias los grados españoles con Europa, porque en su opinión se rescata el catálogo de títulos, cuando lo que el marco de Bolonia incita es a potenciar y valorar las capacidades de los graduados, no las asignaturas o el certificado que obtienen. Casares Long ironiza: “Va en contra de la reforma europea que nos han hecho aplicar con cero euros, bueno en números negativos”.