El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dio un vuelco al sistema de becas y desde este curso las ayudas que reciben los alumnos se componen de una parte fija y otra variable (a parte del pago de la matrícula, pero este es un importe que el Gobierno paga directamente a las Universidades). La parte fija incluye una ayuda máxima de 1.500 euros para las rentas más bajas y otros 1.500 como máximo solo en caso de que el alumno resida fuera del domicilio familiar. La parte variable se calcula en función de la renta y la nota media del estudiante pero depende también del número total de beneficiarios, que no se conoce hasta que se tramita el total de solicitudes.

Seis meses después del inicio del curso, miles de estudiantes aún no han recibido la ayuda, una situación que se repite respecto al año anterior, pero que además se ve agravada porque este año los alumnos que sí han cobrado han percibido menos cuantía, a falta del reparto de esa nueva parte variable.

Un total de 529.918 estudiantes han solicitado una beca este curso 2013-2014, según los datos del Ministerio de Educación. Algunos lo hicieron en el mes de agosto del año pasado, cuando se abrió en muchas facultades el plazo de presentación de solicitudes. Es una cifra similar al curso anterior (526.156 solicitudes) como también es similar el retraso en el pago de las ayudas, aunque este año es ligeramente inferior. El ministerio asegura que a 20 de febrero ha tramitado el 92% de las solicitudes y que ha pagado 250.044 becas. El curso anterior por estas fechas se habían tramitado el 78% y se habían pagado 233.944.

Como no se han terminado de tramitar todavía todas las ayudas no puede conocerse el dato exacto de los que, teniendo derecho, no han recibido el dinero. Pero tomando los datos de los beneficiarios del curso anterior, que fueron 296.783, puede estimarse que en torno a 47.000 aguardan una cantidad que en muchos casos es vital para poder continuar los estudios. El Gobierno endureció este curso los requisitos académicos para acceder a una beca, con lo que muchos se verán expulsados del sistema, pero al mismo tiempo la población sigue empobreciéndose y es previsible que más gente cumpla los requisitos económicos de renta baja. El ministerio prevé incluso un aumento leve del número de becarios por esa razón: “Va a haber más becas que en el curso pasado, seguro; pocas más”, afirmó el secretario general de Universidades, Federico Morán, el 13 de febrero.

Pilar (18 años) también espera su beca. Estudia Psicología en Madrid y se le está haciendo complicado seguir. Solicitó la ayuda en agosto del año pasado pero aún no ha visto ni un euro. Y en su casa hay problemas. “El otro día nos han cortado la luz por impago, Cáritas nos ha pagado este mes, pero a ver qué hacemos los siguientes”, cuenta. “En la papelería dejo a deber las fotocopias, los compañeros me echan un cable con los libros…” Su madre está en paro (su padre falleció) y tiene una prestación de unos 300 euros, porque trabajaba a media jornada. “Me daría mucha pena dejar la carrera, tengo buenas notas”, se lamenta.

El caso catalán es especial. Cataluña tiene un sistema diferenciado de gestión de las becas —como el País Vasco— y va más rezagada en la tramitación. Un organismo propio, la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación catalana (AGAUR), se encarga de centralizar toda la información sobre los requisitos académicos y económicos de los estudiantes. Cuando la tiene, envía los datos al ministerio y este manda una transferencia a la Generalitat con el importe de las becas para que la agencia lo reparta entre los becarios. Pero como no ha terminado de resolver todas las solicitudes el ministerio no ha enviado el dinero; la consecuencia es que ningún estudiante catalán (cerca de 70.000 han pedido la ayuda) ha cobrado a estas alturas. Ni parte fija ni parte variable. El director de AGAUR, Pere Pardo, defiende que este año han trabajado muy rápido, y que ya han resuelto el 94% de las peticiones: “Vamos muy puntuales”, afirma, aunque admite que el cambio en el sistema de becas está complicando su tramitación.

Fuente: Ministerio de Educación.

Anna Calvet es una de las estudiantes catalanas afectadas. Este curso, el cuarto del grado de Periodismo, decidió estudiarlo en la Universidad de Sevilla, aunque está matriculada en la Pompeu Fabra de Barcelona, así que su beca la gestiona el AGAUR. Normalmente recibe la notificación de la Generalitat en marzo, asegura, y le pagan la beca en abril o mayo. “Es incongruente que tengas que estar un año financiándote el curso. Lo lógico es que se den a principio de curso”, se queja. La estudiante catalana explica que está viviendo gracias a la beca del año pasado —que llegó a final de curso— y con la paga de manutención del padre.

Con el nuevo sistema estrenado este año, además, lo que haga una comunidad o un centro afecta a todos. “Si una sola universidad se retrasa en la gestión se demora todo el proceso, porque hay que saber el total de beneficiarios para el cálculo de la parte variable”, apunta Luis Rodríguez, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo y portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Las universidades rechazan la “inseguridad” que genera el modelo, “porque nadie sabe cuánto va a cobrar ni cuándo”, afirma el vicerrector.

El portavoz de la CRUE pone el foco en que los que sí han cobrado ya han percibido mucho menos dinero que el curso pasado, con lo que eso perjudica a los alumnos de rentas más bajas. “Con el modelo anterior, un estudiante que cumpliera los requisitos podía recibir ya a estas alturas una beca de hasta 3.500 euros. Con este, como la parte fija tiene un máximo de 1.500 (si se vive con los padres), esa cantidad es su tope, a la espera de que se dilucide la parte variable”, explica Rodríguez. “Si tenemos en cuenta que estamos hablando de familias que con cuatro miembros tienen una renta de 13.900 euros, hay que pensar que ese estudiante que recibe el resto de dinero en marzo difícilmente va a poder hacer frente a los gastos que supone estudiar”.

Cristina Martínez (19 años) está en la situación que describe el vicerrector. Estudia 2º de Magisterio en Granada y a fecha de hoy solo ha recibido los 1.500 euros de la parte fija de su beca. “El año pasado en diciembre ya había cobrado 6.200 euros”, relata. “Mis padres están en paro desde hace varios años y yo vivo en un pueblo de Granada, Baza, a 100 kilómetros de la facultad. De lunes a viernes vivo en un piso compartido en la ciudad para poder ir a clase, y mi situación ahora es crítica: tengo que pagar el alquiler, el desplazamiento, la comida, los libros… No llego”. La opción que se plantea, a la espera de que le llegue la parte variable, es dejar el piso y trabajar por las tardes en su pueblo. “Eso me obligaría a levantarme a las cinco de la mañana para coger el autobús a Granada, que tarda dos horas, ir a clase, volver por la tarde al pueblo y trabajar hasta las nueve y media. Y estudiar… pues por la noche, si tengo fuerzas”.

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas pide que las becas se resuelvan antes de diciembre. “El calendario hace tiempo que se atrasó pero un sistema tan farragoso como el de este año, no ayuda a aligerarlo”, se queja Inés Sánchez, su secretaria general. Los propios estudiantes, organizados en asociaciones como la Plataforma de Afectados por las Becas, se afanan en entender el farragoso sistema: en la web Dudasbecasmec exponen sus preguntas y tratan, entre todos, de resolverlas.

Las Universidades también se han visto perjudicadas por los retrasos del ministerio. El departamento que dirige José Ignacio Wert tampoco ha abonado todavía a los campus el importe que cubre el coste de los alumnos que están exentos del pago de matrícula, una cuantía que va directamente a las facultades sin pasar por el estudiante. “Los años anteriores en diciembre ya teníamos un adelanto, pero este año aún no hemos recibido ni un euro”, afirma el portavoz de la CRUE. “Con los problemas presupuestarios y de liquidez que tenemos las universidades, ese dinero era un ingreso muy importante para nosotros”, advierte Luis Rodríguez. El curso 2012-2013 ese concepto ascendió a 243 millones de euros. El ministerio asegura, sin embargo, que el pago es “inminente”.