Blog de Daniel Brieba, cientista político y sociólogo

http://voces.latercera.com/2014/02/07/daniel-brieba/el-primer-round-de-la-reforma-educacional/

Lo sucedido en la última semana respecto al nombramiento y posterior renuncia de Claudia Peirano a la subsecretaría de Educación es significativo por varias razones, que separan a su caso de los otros nombres cuestionados por razones más ligadas al ámbito judicial. Por una parte, el episodio podría admitir una lectura positiva: una sociedad civil más empoderada ya no acepta acríticamente cualquier nombramiento político, y el gobierno, atento a mantener lazos de comunicación fluidos con el movimiento estudiantil, la dejó caer en un acto de prudencia política. Una lenta reparación de las confianzas entre sectores de la sociedad civil y del gobierno podría estar así fraguándose, lo cual sería deseable desde el punto de vista de la responsabilidad democrática.

Sin embargo, el episodio también admite una lectura menos optimista. En primer lugar, sugiere que el movimiento estudiantil aún opera bajo lógicas de agudización de conflicto, más propias de la calle que de su nueva situación. En efecto, la adquisición por parte del movimiento de un poder parcialmente institucionalizado –con votos propios en el Congreso y con al menos un pie instalado en la Nueva Mayoría- significa que ya no necesitan sacar cien mil estudiantes a la calle por cinco semanas ni esperar un conflicto de grandes proporciones para producir efectos o lograr destituciones. Ahora, instalados también en los recovecos del poder, están en posición de producir consecuencias de manera regular y a mucho menor costo.

Lo anterior trae consigo mayor capacidad de influir en la toma de decisiones, pero también exige un cambio al menos parcial en la lógica de ejercicio de ese poder. La capacidad de administrarlo, de seleccionar las batallas cruciales, de construir mayorías legislativas y de saber negociar se vuelven ahora esenciales para su éxito de largo plazo. Botar un modelo requiere habilidades distintas que construir uno nuevo; y dado lo larga, compleja y gradual que inevitablemente será la reforma educacional, el movimiento haría bien en pensar si tumbar ministros o subsecretarios con regularidad –o, como en este caso, antes de siquiera verlos actuar– es la mejor manera de conseguir sus objetivos estratégicos. Tanto el movimiento estudiantil como Chile tienen más que ganar si éste se adapta y aprende a ejercer de manera más dialogante su nuevo poder.

Desde el punto de vista del gobierno, el episodio tampoco fue alentador. No hay manera de cuadrar la defensa que hizo la Presidenta Bachelet de su nombrada subsecretaria y la políticamente obligada renuncia de ésta al día siguiente. La señal de debilidad es preocupante, porque si bien no da para hablar de una “dictadura de los estudiantes” u otras exageraciones, es dudoso que la CUT en Trabajo, o la Sofofa en Economía –por dar dos ejemplos– tengan un poder de veto semejante sobre las respectivas autoridades políticas. El episodio terminó por reforzar la idea de que el custodio de la reforma educacional es el propio movimiento estudiantil. Esta situación es de alta vulnerabilidad para el gobierno, que no debiera aceptar que el interés general quede simbólicamente encarnado en otro actor que no sea sí mismo.

Unido al punto anterior, la notoria asimetría entre el poder de los estudiantes universitarios y el resto de los actores en el sistema educacional debiese preocupar al nuevo gobierno. Poco sirvieron las credenciales de prestigiosa experta en educación escolar de Peirano frente a la herejía de haber opinado hace años que la educación superior gratuita no debiese ser la prioridad de una reforma educacional. Dado que es bien sabido que aún con todos los problemas de la educación universitaria, las mayores carencias y déficits de justicia educacional en Chile se encuentran en la educación pre-escolar y escolar, el gobierno y la Nueva Mayoría en su conjunto deberán cuidar que su política educacional responda efectivamente al interés general antes que a los intereses sectoriales de los estudiantes universitarios, por mucho que éstos puedan salir a la calle de un modo en que los pre-escolares no pueden.

Así, la pregunta es si el gobierno dejará que las demandas del movimiento estudiantil conviertan la gratuidad en la educación universitaria en el corazón y centro de su reforma educacional, o si por el contrario será capaz de no ‘universitarizar’ ésta, darle un protagónico lugar a los niveles pre-escolar y escolar, y evitar de paso que el movimiento estudiantil se convierta en árbitro de lo justo en estas materias. Esto, sin embargo, requerirá coraje y un apoyo sostenido de los partidos de la coalición, pues no será gratis políticamente priorizar (por dar un ejemplo puramente hipotético) aumentos en la subvención escolar preferencial por sobre avances más rápidos en gratuidad universitaria.

En suma, es claro que el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría deberán navegar por turbulentas aguas políticas. Como todo gobierno, deberán escuchar a todos los actores involucrados y buscar la construcción de acuerdos lo más inclusivos posible para dotar de legitimidad y estabilidad a sus reformas. No obstante, es fundamental que no olviden que el interés del movimiento estudiantil y el interés general no necesariamente coinciden en todo ámbito ni todo el tiempo, y en dicho caso su obligación es optar por este último. Después de todo, sería extraño encontrarse con un progresismo que no priorice por sobre todo la causa de los más débiles y de los sin voz, entre los cuales -estaremos de acuerdo- están los niños.