¿Qué estrategia de cambio 2014-2018?

Hasta aquí las transformaciones comprometidas por la Nueva Mayoría aparecen apenas esbozadas, sin prioridades claras y desprovistas del necesario sustento técnico.  

José Joaquín Brunner – El Mercurio, 5 de enero de 2014

El año que comienza es crucial para la educación chilena. Hay expectativas e incertidumbres, ofrecimientos y reclamaciones, oportunidades y obstáculos, anhelos y temores. Y un nuevo gobierno encargado de articular estos dispares elementos para dar lugar a una estrategia eficaz de cambio.

Hasta aquí las transformaciones comprometidas por la Nueva Mayoría (de la cual soy parte) -variadas y complejas- aparecen apenas esbozadas, sin prioridades claras y desprovistas del necesario sustento técnico.

Por lo pronto, el objetivo central no está bien definido. ¿Se aspira a profundizar un concepto de educación pública de calidad para todos, independiente de la naturaleza de los proveedores que deberían tener igual trato de parte del Estado? ¿O bien se desea favorecer un régimen de provisión estatal completo, hegemónico o preferente, donde los proveedores no estatales deberán valerse por sí mismos y limitarse a atender a los hijos de los grupos más acomodados? En otras palabras: ¿iremos hacia el modelo holandés (mi opción) o hacia un régimen de estilo latinoamericano como tienen Brasil y México por ejemplo, donde la educación obligatoria es público-estatal mayoritariamente con un reducido porcentaje de niños y jóvenes inscritos en colegios privados pagados por sus familias?

Aclarar este tipo de cuestiones de orden más general es esencial para poder articular una estrategia efectiva.

Tampoco existe hasta aquí un concepto de implementación estratégica: ¿hemos de comenzar desde arriba hacia abajo, ir de la educación superior hacia la preprimaria, concentrando los esfuerzos durante los próximos cuatro años en las universidades, para recién más adelante ocuparnos en serio de los niveles inferiores, como algunos propugnan? ¿O, más bien y por el contrario, como creemos firmemente otros, convendría priorizar la educación temprana y el cuidado de los niños y destinar la parte principal de la energía social y los recursos humanos, técnicos y financieros a la educación escolar obligatoria?

No vale la pena discutir banalidades como que es posible hacerlo todo simultáneamente y por tanto no sería necesario fijar prioridades, elegir cursos de acción y focalizar esfuerzos. Un error en este plano perjudicaría por años a los estudiantes más vulnerables.

Lo cual nos conduce a un tercer ámbito de confusiones: en qué, cuándo y cómo se gastarán los recursos de la reforma educativa. Por ejemplo, durante la campaña se anunció educación gratuita de calidad para todos en todos los niveles, lo cual por el momento es evidentemente inviable. Supondría recaudar casi dos veces más de lo previsto (en régimen) por la reforma tributaria del gobierno entrante y una revolución pedagógica inédita en democracias capitalistas.

Sin embargo, el programa de Bachelet promete algo distinto de lo anunciado. Ofrece incrementar la subvención escolar ordinaria y preferencial en todos los niveles y aumentar el acceso gratuito a la educación superior hasta cubrir a los jóvenes del 70% de hogares de menores recursos; es decir, diez puntos porcentuales por encima de la actual cota de gratuidad. Es una reforma interesante que podría llevarse hasta incluir el cuarto quintil.

Por ahora no es posible saber exactamente cuánto cuesta -y en qué consiste, a quiénes se aplica o cuánto favorece o perjudica a cuáles instituciones educativas- la propuesta de gasto publicitada por la candidatura y el programa de Bachelet. No es, entiéndase bien, una cuestión de costos y beneficios. Las interrogantes surgen de la imprecisión de los términos empleados y de los planteamientos formulados; el significado de gratuidad, de universalidad de la misma, de su aplicación solo a la educación público-estatal o a toda la educación acreditada y así por delante.

En fin, al momento hay acuerdo en torno a la necesidad de continuar introduciendo cambios en la educación chilena para aumentar su calidad y mejorar su distribución en favor de los sectores con menor capital socioeconómico y cultural. Al nuevo gobierno corresponde ampliar y concretar este acuerdo articulando una estrategia que dote de viabilidad y eficacia a los cambios.

“Las interrogantes surgen de la imprecisión de los términos empleados y de los planteamientos formulados; el significado de gratuidad, de universalidad de la misma, de su aplicación solo a la educación público-estatal o a toda la educación acreditada y así por delante”.