Ayer se dio a conocer el programa de Gobierno de la candidata Michelle Bachelet, 2014-2018. A continuación los párrafos dedicados a educación, ideas que he estado analizando reflexiva y críticamente en recientes columnas de opinión que pueden verse aquí.

Documento completo: ProgramaMB.pdf

 

REFORMA EDUCACIONAL

 

La sociedad chilena enfrenta variados y significativos desafíos para convertirse en una sociedad verdaderamente desarrollada, que supere sus profundas desigualdades. El desafío primordial es la Educación. Además de aquellos elementos asociados directamente a ganancias en productividad y equidad, un acceso igualitario a educación de calidad ayuda a configurar una sociedad con más oportunidades, más justa, que empodera a la ciudadanía en su quehacer cotidiano.

 

Chile ha conseguido importantes logros en materia educativa: cobertura, alta inversión en infraestructura, equipamiento y programas focalizados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la desigualdad educacional y la segregación continúan en niveles alarmantes y la Educación Pública se ha visto especialmente reducida y fragilizada.

 

La educación chilena del siglo XXI debe estar al servicio de nobles ideales, de una sociedad fuertemente cohesionada, que supere la segregación social, que promueva la formación integral, la inclusión, la solidaridad y la democracia como valores centrales para el desarrollo nacional y de cada uno de los chilenos y chilenas.

 

El Estado asegurará que, independientemente del origen, condición, historia o lugar donde se habite, toda niña y niño tendrá el derecho de integrarse a un proceso educativo donde será reconocido, y accederá a experiencias de aprendizaje que le permita desplegar talentos y lograr las competencias requeridas por la sociedad actual, promoviendo un desarrollo ciudadano a escala humana y basado en el bien común.

 

La gran deuda hoy es mejorar transversalmente la calidad de la educación, entendida integralmente y no sólo como el resultado de pruebas estandarizadas y, también reposicionar a la Educación Pública en todos los niveles. Para entregar una mejor educación resulta imprescindible contar con un sistema más integrado y equitativo, que no deje como hoy, rezagados y excluidos. Ello significa también, que un diseño adecuado no puede implicar una carga financiera insostenible ni para los estudiantes ni para sus familias.

 

El Estado, a través de la educación pública, desarrollará un rol fundamental en cada nivel educacional. El Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a una educación de calidad, fortaleciendo la educación pública, entregando garantías explícitas y exigibles a ciudadanos y ciudadanas.

 

La reforma educacional en su conjunto requerirá de un mayor gasto público permanente entre 1,5 y 2 puntos del PIB.

 

 

 

Pilares de la Reforma Educacional

 

Calidad Educativa. A nivel escolar, debido al uso y consecuencias de los resultados del SIMCE, hemos empobrecido el concepto de calidad y educación y promovido prácticas como la selección, la exclusión y el entrenamiento de pruebas. Debemos superar esta definición e impulsar una comprensión más compleja e integral de calidad para recuperar el sentido de la labor educativa.

 

Todos los establecimientos educacionales deberán ser de excelencia. Para esto debe entregarse las herramientas y recursos necesarios para mejorar la calidad y asegurar una efectiva fiscalización, como el debido apoyo y acompañamiento. Esto requiere que la profesión docente esté dentro de las más valoradas socialmente y de las más exigentes, así como también entregar el espacio y las herramientas necesarias para que los profesores, directivos y asistentes de la educación puedan desarrollar su labor.

 

A nivel de educación superior, entre otras medidas, debe aumentarse las exigencias hacia las instituciones, a través de mecanismos potentes de acreditación, procesos más equitativos de acceso y compromisos para reducir la deserción.

 

Segregación e Inclusión. Reducir la segregación y contar con un país más integrado social y culturalmente, debe ser un objetivo transversal en el diseño de políticas públicas, no sólo la educativa. Chile es el segundo país con más segregación social entre los países evaluados por PISA.

 

Otra realidad preocupante es que, según UNICEF, existen 300.000 niños y niñas que se encuentran fuera del sistema escolar y que en educación superior la deserción puede superar el 40% en algunas carreras, sobre todo en los sectores más vulnerables. Igualmente grave es que tras cada uno de estos jóvenes, hay muchos otros que también enfrentan dificultades pero que, a pesar de seguir en el sistema, quedan excluidos de los aprendizajes.

 

Construir un sistema inclusivo es un desafío mayúsculo, en donde uno de los objetivos principales será eliminar la selección al ingreso de las escuelas. El gran propósito es lograr que el proceso educativo llegue a todos los estudiantes, les haga sentido y los motive en su propio desarrollo.

 

A nivel escolar, esto requiere una mirada sistémica y un trabajo continuo de las escuelas para el que tienen pocas herramientas. Los profesores en su mayoría no son preparados para manejar esta diversidad y las escuelas no suelen desarrollar estrategias para abordarla, ni cuentan con el tiempo y los recursos adecuados para hacerlo.

 

Gratuidad Universal. Esta propuesta plantea un cambio de paradigma. Ello implica pasar de la educación como un bien que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social.

 

En Chile el nivel socioeconómico al nacer sigue determinando el futuro de nuestras niñas y niños. El rol del Estado es lograr que el derecho a una educación de calidad no dependa de la capacidad de pago de las familias y que por lo tanto su nivel de ingreso o endeudamiento no determine el acceso a la educación y con ello su futuro. Disminuir la desigualdad supone que el nivel socioeconómico y cultural de las y los estudiantes no sea una barrera al acceso, por lo que avanzaremos decididamente hacia la gratuidad universal.

 

Fin al lucro en todo el sistema educativo. En Chile la educación ha estado dominada por la lógica de cuasi-mercado, cuyo motor es la competencia por alumnos. Esto ha reducido la participación del Estado en la provisión, limitado las mejoras en calidad y dificultado el resguardo de la educación como un derecho.

 

Poner fin al lucro no implica terminar con el sector particular subvencionado. Garantizaremos que los padres puedan elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos. El Estado seguirá respetando la existencia de un sistema mixto pero debe hacer valer el derecho a una educación de calidad a cada niña y niño. Por ello, todos los recursos que el Estado destine a la educación deben traducirse en un mejoramiento de la calidad.

 

Se eliminará la existencia de lucro con recursos públicos, por tanto, se dirigirá el financiamiento público únicamente a instituciones sin fines de lucro, que tengan como único fin la entrega de educación de calidad en el marco de un derecho social.

 

Principios de la Reforma Educacional

 

La educación se entiende como un derecho social. Todos los ciudadanos tienen derecho a educarse para poder elegir con libertad sus caminos en la vida. A continuación se presentan los siguientes lineamientos que guían la reforma:

 

• La Educación es un derecho social fundamental. La Educación tiene un valor público innegable y está a la base de una sociedad más justa, democrática y participativa. Nuestra sociedad debe abandonar las prácticas que han permitido tratar la educación como un bien de consumo.

 

• El otorgamiento de garantías explícitas para los ciudadanos en materia educativa, respecto de acceso, calidad y financiamiento.

 

• El fortalecimiento del rol del Estado, como actor activo tanto en la entrega directa de servicios educativos, como en una estricta fiscalización del sistema.

 

• El fortalecimiento de la Educación Pública como motor y sello del proceso de la Reforma Estructural. La Educación Pública debe fijar los estándares de calidad y tener presencia relevante en todo el territorio. Esta es la base y herramienta más potente sobre la que se construirá el proyecto educativo, la cohesión y la integración social.

 

• El sistema educativo debe promover la integración y la inclusión social en todos los niveles. No podemos olvidar que las actuales reglas y normas nos han conducido a ser uno de los países cuyo sistema escolar es de los más segregados socialmente. El Estado debe activamente abordar esta situación.

 

• Poner al centro de las políticas públicas el proceso educativo y los aprendizajes. Es necesario alinear el proceso educativo con los ciudadanos que deseamos formar, el país que soñamos y los desafíos de la enseñanza en todos sus niveles y especialmente la de los más vulnerables.

 

• La generación de igualdad de oportunidades educativas desde la cuna, con acciones compensatorias para estudiantes que, producto de las desigualdades pasadas, hoy estén en desventaja. Las brechas educativas se manifiestan desde antes que las niñas y niños ingresen al colegio. Las políticas públicas, tanto en magnitud de los recursos invertidos como en el diseño de instrumentos, deben contribuir a reducir y eliminar las brechas sociales.

 

• El carácter global de la Reforma Educacional, incluyendo a los niveles Parvulario, General y Superior, de manera de integrar y cubrir a todo el ciclo de la Educación.

 

En los primeros 100 días de Gobierno enviaremos al Congreso el Proyecto de Ley de Reforma Educacional.

 

Reforma a la Educación Parvularia

 

El Sistema de Protección Integral de la Infancia “Chile Crece Contigo” ya garantiza el acceso gratuito a sala cuna y jardín infantil de jornada extendida, o modalidad equivalente, a los niños y niñas de familias pertenecientes al 60% más vulnerable de la población. Extenderemos estas garantías con nuevas medidas que aseguren una mayor cobertura, especialmente para los niños y niñas menores de 4 años, aumentando la calidad y con un marco institucional consistente con esta tarea.

 

Aumentaremos la cobertura incorporando aproximadamente 90 mil niños y niñas en el tramo de 0 a 2 años, con la construcción de 4.500 nuevas salas cuna. En el caso de la población de 2 a 4 años incorporaremos aproximadamente 34 mil niños y niñas (lo que implica 1.200 nuevas salas en jardines infantiles). En relación a la población de pre-kínder y kínder, la cobertura actual es casi completa, por lo que la propuesta es avanzar hacia la obligatoriedad de pre-kinder. En los primeros 100 días de Gobierno se entregará el detalle de las localidades en que se implementarán 500 nuevas salas cuna en 2014.

 

Aseguraremos el acceso a sala cuna y jardín infantil de jornada extendida a todo hijo e hija de madre trabajadora, junto con la opción de jornada extendida en pre-kínder y kínder.

 

A diferencia de las políticas públicas actuales, en nuestro Gobierno, estableceremos estándares más exigentes para este nivel educacional, principalmente a través de mejorar el coeficiente técnico, es decir, más profesionales y técnicos por niño. Adicionalmente, instalaremos un sistema de acreditación y de aseguramiento de la calidad educativa para todos los establecimientos de educación parvularia.

 

Modernizaremos la institucionalidad de la educación parvularia, separando el rol de diseño de política, creando una Subsecretaría de Educación Parvularia en el Ministerio de Educación (MINEDUC), del rol fiscalizador, ejercido por una Intendencia de Educación Parvularia en la Superintendencia de Educación, y del rol de provisión del servicio, a cargo de JUNJI, Integra y otros prestadores debidamente acreditados.

 

Pondremos el acento en la formación y capacitación de educadores y educadoras, pues el Estado debe velar por la calidad en la formación de profesionales y técnicos que se desempeñan en este nivel educacional. Para ello se implementará una acreditación más exigente de las carreras respectivas y se desarrollarán programas de apoyo para su fortalecimiento.

 

Complementariamente, se desarrollarán programas públicos especiales para avanzar en la capacitación y el perfeccionamiento de directoras, educadoras y técnicos de educación parvularia. En particular, se fortalecerá el rol de las directoras y directores, capacitándoles en materia de gestión y administración de los Jardines Infantiles; y se fortalecerá y actualizará el conocimiento de las educadoras y técnicas de educación parvularia, apuntando a mejorar las intermediaciones y acompañamiento en el desarrollo de niñas y niños, así como el trabajo con sus familias.

 

Implementaremos programas educativos complementarios, que fortalezcan el rol de la familia como principal educadora de sus hijos e hijas, desde una perspectiva de desarrollo integral. Son programas para niños y niñas que viven en ruralidad o en zonas de difícil acceso y, también para aquellas familias cuya opción no es una sala cuna o jardín infantil convencional. Ejemplo de esto, es la conformación de acciones educativas y recreativas para fines de semana. Particularmente importante será la atención integral en modalidades flexibles, para niños y niñas de comunidades indígenas entre 0 a 4 años.

 

Finalmente, implementaremos una política para hacer efectivo el derecho de las familias a participar y colaborar en el proceso educativo y en la toma de decisiones que conciernen a sus hijos, incorporando orientaciones, estrategias y acciones para asegurar un contacto regular entre los centros educativos y las familias.

 

 

 

Reforma a la educación general

 

Pondremos fin al lucro en la educación. No se podrá lucrar con recursos públicos. Por lo que dirigiremos el financiamiento público exclusivamente a instituciones educacionales que sean sin fines de lucro, lo que se regulará y fiscalizará debidamente. Para implementar esta medida se considerarán los plazos y mecanismos que permitan a los establecimientos particular subvencionados, que lo requieran, realizar los ajustes necesarios y adaptarse a las nuevas normas.

 

Terminaremos gradualmente con el financiamiento compartido. Para ello evaluaremos de manera rigurosa y periódica, el monto real del costo de una educación de calidad. Sobre el resultado de este análisis, la subvención estatal irá gradualmente aumentando y el pago por parte de los apoderados disminuyendo hasta ser completamente eliminado. Mientras dure el proceso de transición no se producirán nuevos incrementos a los límites de financiamiento compartido y los establecimientos no podrán elevar este cobro. El fin del financiamiento compartido, junto con otros mecanismos de selección permitirán terminar con la segregación social en la educación financiada con recursos públicos.

 

Estableceremos una nueva institucionalidad para la oferta pública de la educación general, terminando con la administración municipal. Esta nueva institucionalidad debe considerar los avances alcanzados respecto de la participación y tuición del mundo local en la educación.

 

Los municipios tienen diversas funciones a su cargo y enfrentan complejidades que dificultan una adecuada y estable gestión educacional, salvo excepciones. Adicionalmente, la educación municipal está sujeta a un conjunto de regulaciones y restricciones a su gestión que inciden en su desempeño y, particularmente, en la gestión de los recursos humanos.

 

La administración de los establecimientos de educación pública debe estar en manos de instituciones especializadas. La administración de los establecimientos municipales será reemplazada por una nueva institucionalidad pública, cuya estructura contempla la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública descentralizado y Servicios Locales de Educación Pública, que mantengan la cercanía con la comunidad educativa. Ambas entidades se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

 

Los establecimientos educacionales pasarán a depender de los Servicios Locales de Educación Pública. Éstos se definirán geográficamente según distritos escolares. El Servicio Nacional de Educación Pública tendrá por función principal el apoyo técnico pedagógico, administrativo y financiero de los establecimientos públicos, a través de los Servicios Locales.

 

Cada Servicio Local contará con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá un Consejo Consultivo integrado por miembros de la comunidad educativa y representantes de las facultades de Educación de instituciones públicas de la región donde se sitúa el distrito escolar.

 

En lo inmediato, se formulará un plan de acción de corto plazo orientado a recuperar los establecimientos con mayores deficiencias en materias técnico-pedagógicas y a asumir el desafío de recuperar matrícula en la educación pública.

 

Terminaremos con toda forma de selección a nivel de la escuela, tanto económica, social, académica y conductual. Adicionalmente, los establecimientos deberán considerar en su proyecto educativo la inclusión de niños con necesidades educativas especiales, y la habilitación para que ello ocurra de manera adecuada.

 

La Reforma Educacional debe emprenderse con la participación activa de todos los docentes, directivos y el personal asistente de la educación.

 

Garantizaremos a todas y todos los docentes de la educación pública la oportunidad de participar cada 4 años de manera gratuita, en un programa de perfeccionamiento docente, ampliando la oferta y mejora de la calidad de las acciones de formación continua. Constituiremos en cada región del país un Comité Regional de Desarrollo Profesional Docente, cuya función sea planificar y coordinar acciones de formación continua adecuadas a las necesidades regionales. Desarrollaremos un programa de pos títulos por disciplinas para profesores de segundo ciclo y de formación general para el primer ciclo. Potenciaremos la Red de Maestros de Maestros y retomaremos la formación de mentorías para el apoyo e inducción a docentes principiantes.

 

Desarrollaremos una política de liderazgo directivo implementando un programa de inducción para directores que asumen sus cargos por primera vez, además de una Escuela de Directivos para realizar capacitaciones periódicas, tendientes a fortalecer el liderazgo directivo con énfasis en la gestión pedagógica y que promueva la conformación de equipos de trabajo y de comunidades educativas.

 

Mejoraremos el conjunto de la formación inicial por la vía de promover que las universidades impulsen programas de reformulación curricular; promover el desarrollo de capacidades de los equipos académicos de las instituciones formadoras mediante programas de intercambio a nivel internacional y la utilización de becas de postgrado; establecer mayores exigencias para la acreditación de las carreras de pedagogía y establecer el carácter obligatorio y habilitante de la evaluación de egreso y; aumentar los recursos públicos para fomentar la investigación en temas pedagógicos. Contaremos con Escuelas de Pedagogía de Excelencia. Para esto se desarrollarán y fortalecerán convenios de gestión.

 

Estableceremos una carrera docente que, entre otros aspectos, defina mejores remuneraciones; introduzca incentivos y aumente gradualmente el número de horas de la jornada laboral docente que se destine a trabajo fuera del aula. La carrera docente debe instalar el desarrollo profesional y el desempeño de calidad como elemento central de la carrera y debe establecer la reducción gradual del número máximo de estudiantes por curso en la educación subvencionada.

 

En Educación Técnico Profesional deben enfrentarse al menos dos problemas fundamentales: su actual desvinculación con una trayectoria de formación profesional que incluya la educación media, superior y procesos de capacitación,  con su consiguiente falta de pertinencia respecto de los requerimientos del mundo laboral. A esto se suman los altos niveles de deserción y baja titulación oportuna que presenta el sector. Consolidaremos un sistema de formación diversificado que permita que todos los y las jóvenes tengan un proyecto de vida y puedan seguir una trayectoria educativa laboral de acuerdo a sus preferencias y talentos, independientemente de su nivel socioeconómico. Es en esta modalidad educativa donde se requieren mayores esfuerzos para lograr la excelencia en todos los establecimientos.

 

Modernizaremos el currículum de la Educación Media Técnico Profesional, de manera tal que exista la posibilidad real de hacer una trayectoria conducente a títulos técnicos y profesionales superiores. Crearemos en cada región del país un Centro de Entrenamiento de alto nivel para ofrecer formación práctica a los estudiantes, consistente con la vocación productiva de la región respectiva. Cada región del país contará con un Consejo de Formación Técnico Profesional, de carácter público-privado, que velará por la articulación completa del sistema y dará lineamientos para el desarrollo de especialidades en la región, tanto a nivel medio como superior.

 

 

 

Reforma a la Educación Superior

 

En materia de educación superior, los y las jóvenes junto a sus familias enfrentan dos tipos de problemas. En primer lugar de acceso, por la existencia de barreras de financiamiento y académicas. Estas son particularmente relevantes y discriminatorias en el caso de estudiantes pertenecientes a grupos en situación de mayor vulnerabilidad económica.

 

En segundo lugar, por la existencia de serias dificultades en el control de la calidad de las instituciones de educación superior, cuestión que se ve agudizada por la baja fiscalización de los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica.

 

Desarrollaremos una institucionalidad que permita recuperar la confianza en el sistema y sus instituciones y que dé respuesta a los desafíos del país en el desarrollo productivo, científico y cultural.

 

La educación superior debe ser un derecho social efectivo. Se establecerán garantías explícitas para los ciudadanos en materia de educación superior, tanto de acceso como de calidad y financiamiento. Estas garantías darán un trato preferente a los y las estudiantes de menores ingresos.

 

Para cumplir con dichas garantías se requiere de un Estado activo tanto en la entrega directa de servicios educativos como en la estricta fiscalización de los oferentes, tarea a la que nos abocaremos con especial dedicación y premura.

 

Avanzaremos gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media. Esta gratuidad podrá ser ejercida en toda institución de educación superior que cumpla, entre otros aspectos, con: estar acreditada; acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia de lucro; estar incorporada a las nuevas normas sobre acceso de equidad; desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el MINEDUC.

 

Para la fijación de aranceles se creará una nueva institucionalidad, que considerará un grupo de expertos que determinarán y revisarán periódicamente el monto de dichos aranceles.

 

Quienes se endeudaron para estudiar hoy están viviendo situaciones complejas. Los instrumentos financieros que se utilizaron para ampliar la cobertura en educación superior no siempre cumplieron las expectativas. Avanzaremos a la gratuidad universal en educación superior y al mismo tiempo estudiaremos mecanismos para establecer un trato equitativo a los estudiantes endeudados.

 

Modernizaremos la institucionalidad pública de la educación superior, creando la Subsecretaría de Educación Superior; la Superintendencia de Educación Superior, con competencias claras y recursos necesarios para cumplir sus funciones, en especial, la fiscalización del uso de los recursos públicos, velar que se cumpla la prohibición de lucro, y la Agencia de la Calidad de la Educación Superior, responsable de la acreditación y de velar por la calidad de la educación superior. Esta nueva institucionalidad permitirá una relación más directa y productiva entre el mundo de la educación superior y las autoridades del sector.

 

Frente a situaciones observadas de inviabilidad y cierre de establecimientos de educación superior, el Ministerio de Educación dispondrá de los instrumentos necesarios que permitan garantizar la continuidad de estudios de todos los estudiantes involucrados.

 

 

 

Crearemos un nuevo Programa para Incrementar la Equidad en el Acceso a la Educación Superior, que contrapese el sesgo socioeconómico existente en los requisitos académicos. Para ello, las instituciones de educación superior que opten por recibir financiamiento público deberán suscribir un convenio de deberes y derechos con el MINEDUC para aplicar este nuevo mecanismo de acceso. Este mecanismo consistirá en establecer “cupos de equidad”, adicionales al sistema regular, equivalente al menos a un 20% de la matrícula de cada una de las carreras que ofrezca la institución para estudiantes pertenecientes al 40% más vulnerable.

 

Como parte del Programa para Incrementar la Equidad en el Acceso a la Educación Superior, implementaremos un programa permanente de acciones de apoyo a los y las estudiantes vulnerables, con el propósito de evitar la deserción de los estudios superiores. Esto incluye programas en los establecimientos de enseñanza media para preparar a los y las jóvenes; involucrar a sus familias; apoyar y desarrollar competencias en los establecimientos de educación superior; y reformar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para que incentive la matrícula y retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad. En los 100 primero días de Gobierno iniciaremos la puesta en marcha del Programa, con la Preparación y Apoyo a Jóvenes, que partirá con alumnos de 3º medio que ingresarán a la universidad el 2016. Adicionalmente, implementaremos un programa en los establecimientos públicos para apoyar la preparación de la PSU.

 

Estableceremos un nuevo sistema de acreditación de instituciones de educación superior. La acreditación, tanto institucional como por carreras, será obligatoria para todas las instituciones de educación superior (Universidades, IP y CFT).

 

Estableceremos un Nuevo Fondo de Apoyo a la Investigación Universitaria, de una magnitud suficiente para que las instituciones no busquen cargar en los aranceles la labor que realizan en materia de investigación. Este fondo estará disponible para todas las universidades públicas, y para todas aquellas que acrediten capacidades de investigación y firmen convenios de desempeño con el MINEDUC.

 

En este esfuerzo financiero, estableceremos un trato preferente con las universidades de propiedad del Estado. Estas universidades deberán introducir las modificaciones necesarias en su gestión, para rendir cuentas respecto de sus planes de desarrollo y del financiamiento obtenido. Este nuevo trato incluye un fondo de aporte basal permanente exclusivo para las universidades estatales y un fondo permanente de apoyo a las universidades estatales regionales.

 

Adicionalmente, crearemos universidades estatales regionales en donde actualmente no existen (Aysén y O´Higgins). En los primeros 100 días de Gobierno se enviará al Congreso el proyecto de ley de creación de estas nuevas universidades.

 

Crearemos Centros de Formación Técnica públicos, que tendrán presencia en todas las regiones. Cada Centro de Formación Técnica estará vinculado a una universidad pública. Aspiramos a que estas instituciones marquen la pauta en cuanto a los estándares esperados de calidad en la educación técnica con una fuerte identificación y vinculación con el desarrollo productivo regional. En los primeros 100 días de Gobierno se firmarán los cinco primeros convenios con universidades para la creación de CFTs públicos en regiones.