1.Los Rectores de las Universidades  del CRUCH hemos mantenido desde el 2011  una relación de diálogo permanente con las organizaciones estudiantiles.  Por lo mismo, estamos conscientes que los avances que se han producido desde entonces están todavía lejos de las metas que nuestras comunidades universitarias se han propuesto lograr.
2.En todo caso, es indudable que hemos avanzado en poner estos temas en la agenda nacional y que gracias a eso hoy son parte del debate público en un año electoral decisivo, dando contenido y densidad al proceso político. Ese es un triunfo del movimiento social por la educación y de nuestras instituciones que debe llevarnos a asumir con la mayor responsabilidad las tareas todavía pendientes a favor de una auténtica defensa de la educación pública.
3.Las universidades públicas son las instituciones llamadas en primer lugar a preservar y promover el respeto de los principios democráticos de la convivencia cívica. Sin estas convicciones éticas, sin duda presentes en nuestras comunidades,  se pone en riesgo la legitimidad social de nuestros ideales por una educación al servicio del bien común y que cuentan con el apoyo de una amplia mayoría ciudadana. En consecuencia, el uso de la imposición unilateral o de la fuerza como medios de acción para impedir el derecho a trabajar y a estudiar constituyen prácticas contrarias a esos principios cívicos fundamentales.
4.Resulta evidente además que dichas acciones dividen a nuestras instituciones, alteran el proceso formativo de miles de estudiantes y dañan gravemente a nuestras universidades, haciéndolas más vulnerables a la descalificación interesada a que suelen estar expuestas. Por ello,  cuando la protesta se traduce en paros y tomas que no tienen la debida articulación con las respectivas comunidades universitarias, sino que responden a intereses difusos o a disputas entre ellos, lo que se está haciendo es debilitar nuestras instituciones y, en consecuencia, a toda la  educación superior pública.
5.Llamamos, por lo mismo, a los estudiantes, a sus familias y a las comunidades que integran nuestras universidades a reconstituir los espacios de diálogo y reflexión que nos permitan restablecer cuanto antes las actividades académicas y la más plena normalidad institucional, garantizando un clima de libertad y participación mediante el diálogo respetuoso y enaltecedor de la más valiosa tradición universitaria de Chile. De nosotros depende que en el próximo tiempo las universidades públicas continúen siendo el referente de la educación superior del país, capaces de influir en las decisiones de política educacional que se deben adoptar.