La dependencia económica de las familias (de los “apoderados”: la palabra lo dice todo), producto de la educación superior pagada, se traduce en falta de independencia y de rigor intelectual; en la infantilización de los jóvenes, sea cual sea su origen social. El paso a la universidad debiera, en cambio, ser el momento de quiebre con la tutela familiar: el paso a la edad adulta. Y eso necesitamos: una élite adulta, desligada del peso de las familias.

¿Debe ser gratuita la educación superior? Sí, pero… Y, más allá de los argumentos sobre su repercusión en la distribución del ingreso, ¿es “progresista” la idea de universidad gratuita para todos? Definitivamente no.

Me explico. Salvo excepciones que siempre existen, y contrariamente a lo que se suele afirmar, el crecimiento explosivo de la educación superior carece en Chile de todo efecto democratizador. En efecto, somos un país que tiene la peor distribución del ingreso de la OCDE, y en el cual la creciente segregación urbana se traduce en segregación educativa (los ricos, a buenos colegios del Barrio Alto; los pobres, a la mala y empobrecida educación municipal o a la, en general, sospechosa educación particular subvencionada).

De ahí que el capital cultural se reproduzca, nada de esto es novedad, siguiendo la línea de la mayor riqueza. Y, cuando en este contexto se propicia un sistema de “educación superior” de baja selectividad, capaz de absorber a buena parte de los egresados de una (en promedio) pésima enseñanza media, el resultado no puede ser sino una reducción alarmante de los estándares de la educación universitaria, la cual se ve forzada a destinar buena parte de sus recursos, de su capital humano e intelectual, a remediar lo que a esas alturas de la vida es, en general, ya irremediable.

La masificación del sistema universitario suele ser celebrada como un logro revolucionario del capitalismo académico: ya no habría élites; el pueblo al fin habría profanado las torres de marfil. Lo que esta interpretación escamotea es que las élites se siguen reproduciendo, pero por fuera de la “industria universitaria”: ciertas universidades privadas, especialmente “de la cota mil”; ciertas facultades de alta selectividad académica de las universidades del CRUCh, o directamente, en instituciones del Hemisferio Norte. La ley de Universidades de comienzos de los ’80 debe ser vista bajo esta óptica. Si bien permitió diversificar el sistema universitario incorporando a unas pocas instituciones que sí merecen el nombre de universidades, otra cosa parece haber estado en la “mente del legislador”: la constitución, mediante bajos y vulnerables estándares de acreditación, de una industria universitaria aparentemente democratizadora, pero que en realidad vende un mal producto y tiene sus ingresos asegurados por la angustia de las familias, dispuestas a comprar cualquier cosa que huela a movilidad social.

El costo ha sido que las buenas universidades chilenas, atrapadas en inútiles discusiones sobre el carácter socialmente discriminador de sus pruebas de admisión (inevitable, dado que capital cultural y riqueza están altamente correlacionados), han ido siendo forzadas a “remediar”, en vez de mantener estándares de exigencia acordes con una misión que sí sería profundamente democratizadora: dado que no hay mundo político alguno sin élites, la misión de formar a una élite democrática, que no se limite meramente a reproducir la diferenciación social.

Por cierto, para que algo así tenga sentido deben suceder otras cosas. En primer lugar, reforma tributaria mediante, el aumento significativo de recursos para la enseñanza pre-básica, básica, media y técnica. Fin de la selectividad en esos niveles. Fin del lucro, que lleva a que los sostenedores se preocupen más de aumentar sus utilidades (vía reducción de costos) que de mejorar la calidad de la educación. En última instancia, si somos serios al respecto, mitigación de la escandalosa segregación urbana, de modo que ricos y pobres puedan ir a los mismos colegios e instituciones.

En segundo lugar, contracción del sistema universitario, vía muy exigentes procedimientos de acreditación. Ahuyentar a las industrias académicas, evitando el retiro, trucho o legal, de excedentes. Y, una vez logrado esto, gratuidad universal condicionada estrictamente al rendimiento académico. Universal, porque más allá de los interminables debates que se concentran sólo en efectos redistributivos, hay algo no-medible y fundamental: la dependencia económica de las familias (de los “apoderados”: la palabra lo dice todo), producto de la educación superior pagada, se traduce en falta de independencia y de rigor intelectual; en la infantilización de los jóvenes, sea cual sea su origen social. El paso a la universidad debiera, en cambio, ser el momento de quiebre con la tutela familiar: el paso a la edad adulta. Y eso necesitamos: una élite adulta, desligada del peso de las familias.

¿Es posible algo de esto? Difícil. Así como vamos, es posible más bien avizorar un escenario en el cual la “primarización” de la política, sumada a la demanda de la calle por gratuidad para la enseñanza superior, generen efectos totalmente opuestos. Me explico. Más allá de quizás buenas, pero cándidas intenciones, el efecto principal de las primarias no será amortiguar el perverso efecto del binominal —la deslegitimación de la actividad y de la élite política— sino, por el contrario, profundizarlo, al impedir que los partidos se constituyan en torno a “ideas-fuerza” y decisiones.

En efecto, con las primarias transformadas en pócima y dogma, todo aquello que alguna vez fue la substancia de lo político queda sujeto a mayorías ocasionales; los partidos, que ya han perdido gran parte de su legitimidad y liderazgo, terminarán por transformarse en meros agregados de intereses (de los intereses de quienes sean “motivados”, es decir, literal o publicitariamente acarreados a votar).

En el caso de la gratuidad de la educación superior, se tiene a un millón de votantes inscritos automáticamente quienes, por muy entendibles razones, la demandan. En este escenario, el resultado de tanto fervor y lucha será, en suma, que la industria universitaria ya no dependerá de las inciertas rentas de las familias: ahora el Estado mismo les asegurará la clientela y el pago puntual de las cuotas.

Los dirigentes políticos, los mismos dirigentes estudiantiles debieran probar su liderazgo diciéndole con franqueza a la calle que no, que no habrá gratuidad sin condiciones para todos, porque no es legítimo ni democrático subvencionar un gigantesco negociado. ¿Lo harán?