Además de su débil sustento jurídico, y evidente mala voluntad política, la acusación constitucional contra el ministro Beyer genera una serie de efectos perversos en el campo propiamente educacional.

Por lo pronto, descarriló la de suyo abultada (y desordenada) agenda legislativa del sector, la cual de aquí en adelante deberá desenvolverse en un clima hostil, donde la posibilidad de lograr acuerdos se adelgaza hasta casi desaparecer. En el camino quedan iniciativas importantes que pasarán a engrosar la ya complicada tarea del próximo gobierno.

En seguida, la discusión sobre asuntos de fondo de nuestra educación -su calidad, equidad, pertinencia en relación a las necesidades del país, gobernabilidad, financiamiento, gestión y evaluación- vuelve a ser reemplazada por un confuso debate relativo a la virtud ministerial y el pecado del turpe lucrum (lucro ilegal o inmoral). Todo esto, justo en el momento en que se había puesto en marcha un proceso conducente a crear las normas, el aparato institucional, los instrumentos y la voluntad político-cultural necesarios para controlar el lucro indebido.

Por tanto, aumenta asimismo el riesgo de que el período de campaña electoral sea explotado para maximizar ofertas educacionales demagógicas, pero próximas, se dirá, al sentir de la calle; propuestas aparentemente generadas desde abajo hacia arriba, impuestas por la presión del movimiento más que en razón de los conocimientos, la experiencia y el acuerdo logrado entre fuerzas que persiguen ideales y valores divergentes.

Desde ya vemos desplegarse en estos días una suerte de resaca antiintelectual que siguió a los aplausos en la Cámara de Diputados ante la caída de un ministro con sólida trayectoria académica. Al retirarse la ola quedan a la vista primitivos residuos antitecnocráticos, de resentimiento frente a los expertos y de revancha por agravios comparativos.

Al mismo tiempo, proliferan propuestas insostenibles o directamente descabelladas, como la completa gratuidad de la educación superior, que significaría transferir unos mil millones de dólares anualmente a jóvenes del quintil más pudiente de la sociedad. O, en su defecto, reservar la gratuidad no para los más pobres y meritorios, sino para los relativamente más ricos en capital cultural y escolar que acceden a universidades financiadas por el Estado. Planteamientos como éste adquieren (¡oh paradoja!) carta de ciudadanía progresista, cuando, en realidad, constituyen un flagrante retroceso hacia prácticas propias de la universidad elitista y su apenas oculto designio de abaratar la acumulación de capital humano de la clase aventajada por la cuna.

En fin, tras la polvareda levantada por la acusación constitucional, comienzan a desaparecer de la escena pública varias cuestiones del orden educacional que deberían ser parte de la discusión programática durante los meses venideros. Por ejemplo, ¿cuándo y en qué términos volverá a retomarse la reforma del estatuto docente? ¿Quién querrá discurrir en serio -ahora que se ha atribuido al Ministerio de Educación una musculatura fiscalizadora que, la verdad sea dicha, no posee para nada- sobre las graves insuficiencias y debilidades de dicha secretaría de Estado y la urgente necesidad de su reforma? ¿Cómo se conducirá en adelante la revisión de la PSU que tenía en el ministro impugnado un activo motor? ¿Morirá antes de haberse armado siquiera la discusión sobre el financiamiento de las universidades, donde el ministro planteó soluciones interesantes, hay que reconocerlo, aunque uno discrepe con ellas? ¿Quedará flotando en el aire nuevamente el complicado tema de la administración municipal de escuelas y liceos? ¿Se detendrá el esfuerzo, sin duda valioso, por dotar al ministerio de mejores capacidades de estudio y análisis? ¿Se verá interrumpido el flujo de información que por primera vez venía siendo requerido de las instituciones de educación superior y la implementación de regulaciones más exigentes que empezaban a hacerse valer respecto de aquellas bajo control privado?

En manos del Senado de la República está la posibilidad -¿o es ingenuo imaginarlo?- de volver a encauzar el curso de estas cuestiones y, de paso, mitigar algunos de los negativos efectos que trajo consigo el traspié de la Cámara Baja